Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Se repite el ciclo de la democracia, en medio de profundas contradicciones, tensiones y un país más dividido de lo que quisiéramos. Otra vez llega la temporada de discursos sobre lo que debería ser, sobre los malos del pasado, sobre lo malo de los otros, sobre la mano dura, la inclusión y el futuro. Pero el cómo y el con quién siguen quedando pendientes.
En términos ambientales, para nadie es una sorpresa la ausencia casi total del tema en esta etapa electoral. Este gobierno logró abrirse espacios internacionales mostrando su intención de posicionar a Colombia como un actor visible en las discusiones globales sobre justicia clima, biodiversidad y transición energética. Sin embargo, en muchos territorios seguimos siendo incapaces de garantizar presencia estatal efectiva, protección de líderes ambientales, gestión real de los conflictos ecológicos y avanzar en la adaptación climática. El crimen organizado hizo que simultáneamente avanzaran la minería ilegal, la deforestación, la ocupación de áreas protegidas y la violencia contra quienes defienden los ecosistemas.
Hice parte de este gobierno en su primer año y doy fe de la pasión y el compromiso que movilizó a mucha gente en ese momento; pero el problema no es únicamente ambiental, es sobre todo institucional. La crisis ecológica del siglo XXI exige capacidades estatales mucho más sofisticadas de las que hemos logrado construir. Requiere coordinación nacional y territorial, concurrencia de recursos, capacidad de anticipación, sistemas de información robustos, gestión del riesgo y gobiernos capaces de sostener políticas de largo plazo más allá del ciclo electoral. Exige un liderazgo capaz de articular de manera clara las prioridades del Estado que hoy compiten ferozmente entre sí. Se necesita un buen director de orquesta que logre coordinar la agenda ambiental con las agendas de seguridad, de salud en territorios rurales, con la agenda fiscal, para dejar de percibirlos como un gasto y más como una inversión pública.
La crisis ecológica no es un asunto sectorial, está detrás de buena parte de las crisis que hoy enfrenta el gobierno, aunque de manera invisible. El ciclo del agua condiciona la seguridad alimentaria, energética y productiva, y la degradación ecológica amplifica la vulnerabilidad climática y los conflictos territoriales, aumentando la presión sobre las instituciones. Poco se reconocen las enormes dificultades que enfrentan las instituciones ambientales para cumplir las tareas que aumentan año tras año, entre órdenes judiciales, nuevas regulaciones y compromisos internacionales cada vez más exigentes.
A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, preocupa la falta de claridad de muchos candidatos frente a esta dimensión de la gobernabilidad. Gobernar Colombia hoy no consiste únicamente en administrar sectores aislados ni en producir discursos ambientales correctos. Implica entender que el país enfrenta una convergencia de crisis interdependientes que requerirá decisiones difíciles, reformas institucionales y una enorme capacidad de coordinación política y técnica.
Algunos candidatos ya tuvieron que gobernar y enfrentar, con aciertos y errores, la compleja articulación institucional que exige el Estado colombiano. Muchos otros no han tenido la experiencia de gobernar y ejecutar. Una cosa es construir prioridades en campaña y otra muy distinta administrarlas bajo restricciones fiscales, conflictos territoriales y crisis simultáneas.
Finalmente, preocupa el silencio frente al fenómeno de El Niño que probablemente recibirá el próximo gobierno. Esto demuestra una vez más la enorme distancia entre el país que se promete en campaña y el país real que el próximo gobierno tendrá que gobernar.
