Estas últimas semanas han sido intensas en muchos sentidos. Me he enfocado en dos procesos de la agenda legislativa que pueden ser ilustrativos para reconocer la dificultad de hacer transiciones institucionales; ese proceso donde se parte de una manera de ver y hacer las cosas, con unos valores tradicionales asociados, para diseñar una nueva manera más incluyente. Esto requiere construir nuevas narrativas con argumentos que antes eran subvalorados o invisibles, pero que deben estar acompañadas de institucionalidad y de apropiación social para garantizar la justicia y la equidad en un mundo que está cambiando rápidamente.
Los dos casos son los de la Jurisdicción Agraria y Rural, todavía en trámite y con mensaje de urgencia, y la modificación, ya aprobada, del Sistema General de Participaciones, que incrementó las transferencias del presupuesto a las regiones. Los debates han sido intensos y complejos, pero comparten algunos elementos comunes: son temas pendientes desde hace mucho tiempo, requieren la confluencia de argumentaciones diversas, presentan incertidumbres sobre las competencias y capacidades necesarias, y son profundamente importantes para abordar la adaptación climática del país.
El primer elemento común es que ambos procesos abordan temas pendientes desde hace mucho tiempo, son deudas históricas con los campesinos y con las regiones. Por un lado, el Acuerdo de Paz intentó subsanar la deuda con los campesinos en su primer punto; en el segundo caso, la deuda de la descentralización data desde la Constitución del 91. En el debate sobre las transferencias, muchos hablaban de la corrupción regional y del futuro de los nuevos recursos en manos de los poderes regionales, como si la corrupción no tuviera suficientes tentáculos a nivel nacional, apoderándose de cuentas y fondos. Sobre la Jurisdicción Agraria y Rural, la mirada tradicional de lo rural como si solo fuera agrario alerta a los ambientalistas sobre el choque de competencias, pero especialmente sobre las dependencias de los sistemas productivos del funcionamiento de la naturaleza.
¿Por qué nos ha tomado tanto tiempo, como Estado, construir argumentos que convoquen diferentes perspectivas para resolver estas y otras deudas históricas? ¿Existen poderes muy fuertes a los que no les ha interesado avanzar en estos temas? ¿O la falta de capacidades reales impide avanzar en la construcción de una institucionalidad que se encargue de abordar situaciones más complejas?
Hace unos días, varios exministros de Hacienda, en un foro sobre las perspectivas del país para el próximo año, aconsejaban al unísono reducir el gasto público. Sin embargo, considero que tanto los gobiernos nacionales como regionales se han quedado cortos en capacidades para asumir las competencias constitucionales, así como los desafíos emergentes de una nueva realidad climática, que requiere abordar temas de tanta complejidad. Necesitamos funcionarios cualificados y competencias convergentes para atender las deudas históricas y los retos emergentes.
Desafortunadamente, los debates han sido apresurados, sin la profundidad necesaria para entender cómo entrarán en juego la creación de capacidades para las competencias en el tema de las transferencias presupuestales, ni cómo la Jurisdicción Agraria no creará conflictos sobre las competencias ambientales, bastante disminuidas frente a lo agrario en tiempos de crisis climática.
Estos dos ejemplos nos permiten reflexionar, ya que nos merecemos mejores métodos y capacidades para diseñar y construir las transiciones sociales, económicas y ambientales que tendremos que asumir más pronto que tarde.
