La situación actual en el Parque Tayrona y en la Sierra Nevada de Santa Marta evidencia una crisis profunda de gobernabilidad: refleja la debilidad estructural del Estado para ejercer autoridad legítima, coordinada y sostenida en un territorio estratégico que el país suele presentar como símbolo de multiculturalidad y biodiversidad.
La historia de la Sierra se repite: presencia indígena sistemáticamente subvalorada, violencia colonial, economías ilegales, élites indiferentes y abandono estatal. Hoy, estructuras criminales narcoparamilitares —las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, herederas de Hernán Giraldo— ejercen control sobre territorios, rentas, vías y turismo. En otra cara de la Sierra, el Clan del Golfo disputa corredores utilizados para el tráfico de drogas, armas y personas.
En este contexto, el Estado ha respondido con decisiones fragmentadas y sin continuidad. Los gobiernos distrital, departamental y nacional llevan décadas sin consolidar una estrategia integral de seguridad y gobernanza territorial. Las acciones son reactivas y carecen de evaluación sistemática. No se entiende por qué se desmontó el Batallón de Alta Montaña ni por qué resulta tan difícil la articulación entre las Fuerzas Armadas, Policía y Fiscalía para acompañar de manera efectiva a Parques Nacionales.
Son tiempos preocupantes, algunos hechos en estos días: el cierre del Parque Tayrona por amenazas a sus funcionarios; la decisión unilateral de algunas autoridades indígenas de reabrir y cobrar el acceso; la anulación del Decreto 1500 de 2018 por parte del Consejo de Estado, que formalizaba el reconocimiento territorial de la Línea Negra; el incendio de hostales en Mendihuaca; las confrontaciones entre las ACSN y el Clan del Golfo que han dejado centenares de desplazados.
En este enredo es necesario recordar el Decreto 1275 de 2024 que “establece las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su coordinación efectiva con las demás autoridades y/o entidades”. Generó expectativas legítimas, pero no definió con claridad cómo se ejercerán esas competencias ni cómo se garantizará la articulación efectiva con Parques Nacionales. Además, en el caso de la Sierra, remite al artículo 6 del Decreto 1500 de 2018, justamente el que fue anulado y debe ser reexpedido. ¿Quién se responsabiliza por crear expectativas normativas sin asegurar su implementación?
Existe un antecedente importante: por orden del Tribunal del Magdalena, desde el 2013, se avanzó en la construcción de los Planes de Manejo de los dos Parques Nacionales en un marco de diálogo intercultural entre los cuatro pueblos indígenas y el Gobierno Nacional. Este proceso demostró que es posible diseñar una gobernanza intercultural, incorporar la Ley de Origen en el ordenamiento y fortalecer un enfoque biocultural. Pero esos avances no pueden sostenerse en un entorno dominado por la violencia y la fragmentación institucional.
Sin control efectivo del territorio y sin garantías de seguridad, las decisiones ambientales no se consolidan. También hace falta una corresponsabilidad amplia, el sector turístico, la academia y otros actores económicos no están integrados de manera estructural en la gestión ni en la solución de los motores económicos de pérdida de biodiversidad.
Lo que ocurre en el Tayrona y en la Sierra Nevada es otra alerta nacional, la gobernabilidad se construye con confianza, con decisiones coherentes, no puede depender solo de decretos; requiere coordinación real entre niveles de gobierno, claridad en las competencias, presupuesto suficiente y control efectivo sobre las organizaciones criminales.
