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El gobierno saliente deja el Decreto 0802 de 2026 “por el cual se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional” y anuncia la destinación de recursos para prepararse frente a la altísima probabilidad de un episodio fuerte de El Niño. Queda casi todo en manos de la UNGRD. Anticipar acciones y recursos antes de que llegue la emergencia siempre será mejor que improvisar cuando los impactos ya se estén sintiendo. Sin embargo, queda al descubierto que seguimos entendiendo la adaptación al cambio climático principalmente desde la lógica de “apagar el incendio” y eso ya no es suficiente. La adaptación climática es un problema de aprendizaje institucional.
Estas últimas semanas, Canadá, Francia y España, entre otros países, enfrentan incendios forestales de una magnitud que ha desbordado las previsiones. Son países con instituciones sólidas, sistemas de monitoreo avanzados, importantes capacidades técnicas y recursos financieros muy superiores a los nuestros. Aun así, las pérdidas humanas, ambientales y económicas son enormes. Los gobiernos no solo están “apagando incendios”; también están activando ayudas, por ejemplo, para proteger el empleo y los ingresos de quienes se ven afectados.
Los eventos climáticos extremos, en un planeta recalentado, revelan un efecto dominó. La primera ficha cae sobre un bosque, un río o un cultivo. Las siguientes alcanzan el transporte, las cadenas de suministro, la industria, el comercio, el turismo, el empleo, la salud y, finalmente, las finanzas públicas. Hoy la sequía redujo los caudales y dificulta la navegación en importantes ríos europeos, en unos meses seguramente tendremos nuevamente descensos en el Canal de Panamá, mientras persisten las tensiones en el estrecho de Ormuz. Los riesgos se acumulan, interactúan y amplifican sus consecuencias.
Viendo lo que ocurre hoy en Europa, podemos reconocer una lección. La adaptación climática no puede seguir siendo una responsabilidad exclusiva de los organismos de gestión del riesgo o de los ministerios de ambiente. Debe convertirse en una capacidad permanente del Estado y de toda la sociedad. Adaptarse significa contar con mejores datos para entender cuánto nos cuesta realmente cada episodio de El Niño. Hoy apenas disponemos de algunas estimaciones parciales de las pérdidas del episodio anterior, necesitamos incorporar el riesgo climático en la planeación económica y fiscal; fortalecer la resiliencia de las cadenas de producción y suministro; preparar a los sectores productivos y proteger a los trabajadores, los niños y ancianos expuestos al calor extremo. Necesitamos especialmente aprender que el clima cambio y nuestras decisiones deben cambiar.
La próxima semana Colombia iniciará un nuevo gobierno y los meses más retadores de El Niño coincidirán con los primeros meses de esa administración. Lamentaremos que no se diera el empalme, para construir sobre lo construido; El Niño no hará una pausa mientras el gobierno se instala. Durante los últimos años, la crisis climática ocupó un lugar central en el discurso público, muy retórico para mi gusto. Ahora comenzará una nueva etapa política con prioridades distintas, pero el clima será indiferente a ese cambio.
No podemos seguir perdiendo el tiempo. Cada evento extremo debería dejarnos más que pérdidas, debería dejarnos mejores datos, instituciones más fuertes, articuladas y mayores capacidades para anticiparnos. La verdadera adaptación no es resistir el próximo evento extremo, el gran desafío es la adaptación institucional, económica y cultural del Estado colombiano. ¿Seremos capaces de aprender, con la velocidad que exige un clima que está cambiando más rápido que nuestras instituciones?
