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¿Extrema coherencia? Mejor la indisciplina

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Estos últimos días, varias decisiones del Gobierno han generado inquietudes sobre el rumbo de la política ambiental del país. La presentación de la Ley de Rescate Económico, los recortes al presupuesto de inversión del Ministerio de Ambiente, la ampliación de la lista de minerales estratégicos, la revocatoria de una resolución que restringía nuevas actividades extractivas en la Amazonía y el anuncio (otra vez) de traer agua del río Magdalena para abastecer a Santa Marta. Noticias que parecen independientes, pero que, al mirarlas conjuntamente, dejan preguntas sobre la coherencia de las decisiones gubernamentales.

Una de las contradicciones más evidentes está en la reforma fiscal. Mientras el ministro Fabio Arjona ha anunciado su intención de dinamizar los mercados de carbono, incluso ampliando al 100 % la posibilidad de utilizar créditos para evitar el pago del impuesto al carbono, el Ministerio de Hacienda propone reducir ese límite del 50 % al 25 %. Además, aunque plantea aumentar considerablemente la tarifa del impuesto, eliminar la destinación específica del 80% del recaudo para la financiación ambiental. Simultáneamente, el presupuesto de inversión de Ambiente enfrenta una reducción superior al 50 %.

¿Participó el ministro Arjona en la formulación de estas propuestas? ¿Cómo se conciliaron las prioridades fiscales con las necesidades de financiación ambiental? ¿Con qué recursos y capacidades institucionales se pretende cumplir las responsabilidades del Estado en conservación, restauración, conocimiento, monitoreo y control ambiental? Los mercados de carbono pueden movilizar recursos importantes, pero difícilmente podrán financiar todas estas funciones.

Las preguntas se amplían al observar otras decisiones recientes. Colombia busca aumentar de 17 a 28 los minerales considerados estratégicos y ha suscrito un acuerdo con Estados Unidos para promover su aprovechamiento. Mientras tanto, se revocan restricciones a nuevas actividades extractivas en la Amazonía. ¿Cómo se están considerando las implicaciones ecológicas, sociales y territoriales de estas decisiones? ¿Qué papel desempeña el Ministerio de Ambiente en la definición de las prioridades productivas del país, frente a, por ejemplo, el Marco Global de Biodiversidad?

En Santa Marta, el Gobierno volvió a proponer traer agua desde el río Magdalena para resolver la crisis de abastecimiento. Una alternativa de enorme complejidad técnica, financiera, ambiental y territorial. ¿Cómo se relaciona esta propuesta con las intervenciones para recuperar la conectividad hídrica de la Ciénaga Grande y los proyectos de infraestructura vial que atraviesan este sistema?

El Gobierno enfrenta urgencias fiscales, necesidades de inversión y demandas sociales que requieren respuestas. Es normal que existan tensiones entre los objetivos de diferentes ministerios, lo preocupante sería que esas tensiones no se reconocieran y gestionaran adecuadamente, porque sus consecuencias terminan encontrándose en los mismos territorios.

En medio de estas inquietudes, es fundamental recordar a Julio Carrizosa Umaña, quien nos ha invitado durante décadas a comprender esta Colombia compleja. En varios espacios y conversaciones entre amigos, Julio nos ha invitado a practicar la “indisciplina”, esto es atravesar las fronteras de nuestros conocimientos, cuestionar las certezas profesionales y reconocer relaciones que nuestras miradas especializadas suelen pasar por alto.

Quizás sea una buena recomendación para el ministro Arjona y sus colegas de gabinete. Recuperar esa indisciplina, escuchar otros saberes y construir decisiones que reconozcan las interdependencias entre economía, naturaleza, instituciones y bienestar. Gobernar desde la complejidad exige reconocer las contradicciones, deliberar sobre ellas y anticipar sus consecuencias.

¿Estamos aprendiendo a gobernar la complejidad de Colombia o seguimos tomando decisiones fragmentadas sobre un país profundamente interdependiente?

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