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Durante 2025, muchos analistas y científicos advertimos que un segundo gobierno de Donald Trump implicaría un retroceso profundo en materia ambiental y climática. Era muy explícito en sus discursos, alianzas y prioridades. Un año después, en 2026, esas advertencias dejaron de ser hipótesis y se convirtieron en realidad política.
Lo que hoy observamos no es simplemente la negación del cambio climático, sino algo más estructural y preocupante: la ruptura deliberada de los acuerdos, instituciones y marcos de cooperación internacional diseñados para gestionar un planeta que ya se calienta peligrosamente. La salida de Estados Unidos de 66 entidades del sistema de Naciones Unidas tratados y otras organizaciones multilaterales, entre ellas 19 de carácter ambiental y energético, no es un gesto aislado. Esto se suma a la casi desaparición de USAID, y el debilitamiento de entidades como la EPA (Agencia de Protección ambiental), y la NOAA, que han sido fundamentales en la cooperación ambiental. Estamos presenciando la apuesta política por un nuevo orden ambiental, basado en la negación del cambio climático, la extracción acelerada y la competencia por recursos estratégicos.
La toma de control del petróleo venezolano es un ejemplo contundente. El interés de la administración Trump no ha sido restaurar la democracia ni atender la crisis humanitaria del país, sino asegurar el acceso a una de las mayores reservas de crudo del planeta. La lógica es clara: en un mundo que se recalienta, el problema no es reducir emisiones, sino garantizar suministro energético para sostener el poder económico y geopolítico. Tendremos que estar atentos a lo que ocurra con el oro que, como sucede en varios países de la región, está principalmente en manos de organizaciones criminales.
Esa misma lógica aparece en el absurdo interés por Groenlandia. No se trata únicamente de minerales estratégicos, sino también de nuevas rutas que emergen con el deshielo del Ártico. El calentamiento global, lejos de ser una amenaza que evitar, se convierte en una oportunidad económica para quienes están dispuestos a capitalizarlo.
Este giro extractivo ocurre en un contexto geopolítico marcado por fuertes asimetrías morales. El apoyo irrestricto de Estados Unidos a Israel frente al genocidio en Gaza, y las denuncias de estos días sobre intereses inmobiliarios asociados a capitales israelíes en zonas afectadas por los recientes incendios en la Patagonia, refuerzan la percepción de un orden internacional donde la vida, los territorios y los ecosistemas quedan subordinados a intereses estratégicos y financieros.
Este escenario debería interpelarnos directamente en Colombia este año electoral. El debate político se ha concentrado en la seguridad, la crisis fiscal y el sistema de salud, mientras los mensajes ambientales siguen siendo marginales. ¿Comprenden realmente los candidatos las implicaciones de este nuevo orden global para la operación de la institucionalidad ambiental del país? ¿Entienden lo que significará gestionar territorios, conflictos y economías en un contexto de exceso de calor, presión extractiva y debilitamiento del multilateralismo? La campaña electoral debería exigir a los programas de gobierno respuestas concretas sobre cómo gobernar la biodiversidad, el clima y los conflictos territoriales en un contexto global de ruptura ambiental.
En 2026, la realidad cambió. El desafío ya no es solo mitigar y adaptarnos al cambio climático, sino repensar la gobernanza ambiental en un mundo que se calienta más rápido y coopera menos. Ignorar esta discusión en la campaña electoral sería, quizás, una de las decisiones más costosas para el futuro del país.
