Luego de la primera vuelta presidencial, un grupo de colegas académicos, investigadores y líderes de organizaciones de la sociedad civil, con amplia trayectoria en diversos temas ambientales, nos reunimos para reaccionar a esta coyuntura y priorizar cuatro aspectos del debate y del modelo de país que consideramos estratégicos.
Partimos de una convicción central: Colombia no puede retroceder ni un ápice en lo que hemos avanzado en capacidades ambientales, reconocimiento de derechos e inclusión de enfoques durante las últimas décadas. Esos avances nos han permitido poco a poco reconocer la falsa dicotomía entre conservar o desarrollarnos. Hoy entendemos mejor (aunque aún falta muchísimo) que dependemos de la naturaleza y de su buen funcionamiento para el bienestar humano y la producción económica. El cambio climático nos lo recuerda cada año, al profundizar la pérdida de ecosistemas y de sus contribuciones a la sociedad.
La primera dimensión estratégica es la seguridad, entendida en tres niveles. El primero es sostener procesos de conservación y restauración con comunidades en zonas de conflicto, donde la confianza entre instituciones, organizaciones sociales y poblaciones locales se ha construido lentamente y puede romperse con facilidad. El segundo es la seguridad territorial frente a alianzas criminales que, en zonas de alta biodiversidad, capturan rentas extraordinarias mediante minería ilegal, acaparamiento de tierras y otras economías ilícitas. El tercero es la seguridad de la democracia, cuando el Estado se repliega o llega solo con fuerza pública, los grupos criminales pueden sustituir funciones de gobierno y capturar la gobernabilidad territorial. La respuesta no puede ser solo militar, pero tampoco ausencia institucional, se requiere Estado integral, justicia, protección de líderes, trazabilidad productiva y alternativas económicas legales.
La segunda dimensión es el ciclo del agua. No se trata de administrar solo el recurso hídrico, sino de cuidar los diversos procesos biofísicos que conectan páramos, bosques, humedales, ciénagas, manglares, acuíferos, sabanas inundables y sistemas marino-costeros para sostener la vida, la economía, la energía, los alimentos, las ciudades y la adaptación climática. Al degradarse esa infraestructura ecológica, el país pierde capacidad de regular lluvias, caudales, humedad y calidad del agua. Entonces se expresan las sequías, inundaciones, desabastecimiento, pérdida de productividad y conflictos por uso del agua.
La tercera dimensión es la capacidad institucional y financiera. Colombia ha construido una institucionalidad ambiental valiosa, pero las tareas crecieron mucho más que sus capacidades. Hoy debe responder a la crisis climática, pérdida de biodiversidad, especies invasoras, restauración, mercados de carbono, compensaciones, participación ciudadana, bioeconomía y conflictos territoriales, con equipos y recursos limitados. Fortalecer el Sistema Nacional Ambiental no es burocracia, sino una condición urgente para que el país pueda articularse mejor, anticipar riesgos, orientar inversiones y proteger la naturaleza.
La cuarta dimensión es la transformación productiva. La bioeconomía y la economía circular ofrecen una ruta para crear sectores, empleos e ingresos sin destruir ecosistemas. Colombia puede producir más valor con menos contaminación, aprovechar mejor materiales, innovar inspirados en la biodiversidad y vincular a comunidades locales, empresas, academia e inversionistas en cadenas sostenibles. El reto es construir economías que detengan la pérdida de biodiversidad y regeneren nuestro capital natural.
El desafío del próximo gobierno es construir sobre lo construido, fortalecer las capacidades institucionales, científicas, comunitarias, económicas y empresariales logradas, corregir lo que requiere ajustes y adaptar la institucionalidad ambiental a los nuevos retos del país, en lugar de debilitarlas o desmontarlas en tiempo de crisis ambiental global.
