Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El primer lunes festivo de este año, hombres armados amenazaron y despojaron de sus motores a cerca de 50 pescadores en la Ciénaga Grande de Santa Marta, impidiéndoles continuar con su actividad. Los pescadores quedaron a la deriva durante varias horas, sin medios de comunicación ni propulsión. La prohibición explícita de pescar tiene efectos inmediatos sobre la seguridad alimentaria de comunidades cuya única fuente de sustento depende del acceso al agua. En la Ciénaga Grande, la reconfiguración violenta del territorio se superpone a una crisis previa, la expansión de la planta invasora Hydrilla verticillata (tema sobre el cual ya he escrito anteriormente). La combinación de restricciones armadas y degradación ambiental incrementa la vulnerabilidad de las comunidades anfibias, una vez más.
El actual hecho de intimidación no es aislado. Se inscribe en un contexto de riesgo estructural advertido por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 020 de 2025, que identifica un nivel de riesgo alto de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. La alerta señala dinámicas persistentes de control territorial, disputa armada y dominación de economías locales.
De acuerdo con la Defensoría, el escenario está marcado por la confrontación y coexistencia forzada entre el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El control territorial ejercido por estas estructuras no se limita a acciones armadas directas, sino que se expresa en restricciones a la movilidad, imposición de normas sobre el trabajo y captura de medios de subsistencia.
En la Sierra Nevada, la presencia de actores armados ha venido acompañada de procesos intensivos de apertura de vías para conectar puntos estratégicos, lo que está fragmentando los bosques y afectando la integridad ecológica del macizo. Estas transformaciones no son efectos colaterales, sino parte de una estrategia de control y apropiación territorial.
Las afectaciones humanitarias incluyen amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamiento de niñas, niños y jóvenes. En los municipios alertados habita una alta proporción de población indígena perteneciente a los pueblos Kággaba, Wiwa, Iku, Kankuamo, Ette Ennaka, Wayúu, Zenú y Yukpa, entre otros. Para estas comunidades, la violencia afecta derechos colectivos fundamentales como el territorio, la autonomía, el gobierno propio, la integridad cultural y la pervivencia como pueblos diferenciados. Los desplazamientos y confinamientos alteran la ejecución de sus planes de vida y debilitan sus sistemas propios de organización territorial.
La situación actual nos recuerda los patrones del control territorial paramilitar de finales de los años 90 y comienzos de la década del 2000, que se asumían superados. Sin embargo, las estructuras armadas y económicas surgidas tras la desmovilización de las AUC han persistido durante cerca de dos décadas sin una estrategia sostenida para su desmonte.
Durante los últimos años, el foco sobre grupos armados organizados, control territorial y daño ambiental se ha concentrado principalmente en la Amazonía y el Pacífico. Sin restarle importancia a esos procesos, lo que ocurre hoy en la región Caribe evidencia que estas dinámicas también afectan otras regiones de alto valor ecológico y cultural, pero con mayor invisibilidad y vulnerabilidad. La Defensoría del Pueblo formuló 38 recomendaciones urgentes para prevenir lo que hoy ya está ocurriendo. La pregunta es si las autoridades van a permitir que el miedo vuelva a gobernar el agua, el territorio y la vida en esta región.
