Leo en la sección “Hace 100 años” de un periódico la siguiente noticia: “La Asamblea Departamental del Huila aprobó la ordenanza número 31, que determinó que a partir de la fecha la Gobernación vigilará por medio de juntas de censura todas las obras que se vendan en las librerías o que sean para lectura en las bibliotecas públicas. Todo libro que atente contra las buenas costumbres, el orden social o la moral pública será destruido”.
¡Cuánto ha progresado este país! Cabe decir, eso sí, que la ordenanza habla de libros y no exige que se castigue al autor, lo que es bastante moderno si se lo compara con la situación de unos 30 años...
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