En esta nota quiero argumentar que no me extraña que el terrorismo, en este caso del Eln, esté incrementando sus operaciones, como tampoco me sorprende que la tasa de homicidios esté otra vez al alza. Porque, en varias ocasiones, he recordado la sólida literatura académica que argumenta las condiciones objetivas para la emergencia, permanencia y expansión de los grupos armados ilegales: los factores que debilitan a un Estado para consolidar el monopolio de la fuerza y, segundo, la existencia de fuentes estables de financiamiento de los grupos armados ilegales (ver trabajos de Collier y Hoeffler, de la universidad de Oxford, y Fearon y Laitin, de Stanford).
En el caso de Colombia, numerosos estudios han señalado que, históricamente, el Estado ha sido incapaz de consolidar el monopolio de la fuerza sobre todo el territorio. Con el fortalecimiento de las fuerzas armadas y de policía, en la primera década del siglo XXI se dio un gran paso en esa dirección, lo que condujo a la derrota de las Farc y a la mesa de negociación de La Habana. Infortunadamente, dicho proceso se estancó en la segunda década y se permitió la expansión de las siembras de coca, cuya área retornó a los niveles que el país tenía en el 2000, unas 200.000 hectáreas, y, además, se cometió el gravísimo error de definir el narcotráfico como delito político conexo. El Estado tampoco quiso copar las áreas que controlaban las Farc, y, además de la coca, se ha permitido que grupos como el Eln controlen actividades de la minería ilegal, en particular, el comercio de oro.
La fortaleza del Estado también se ha debilitado con la protección que Venezuela le está dando al Eln, como en el pasado se la dio también a las Farc, y como también lo hizo el Gobierno de Rafael Correa en Ecuador. A estos factores habría que agregar un hecho cultural muy nuestro, y es la tolerancia que un sector de la intelectualidad y de otros sectores sociales han tenido con los grupos armados ilegales. Recordemos que desde antes de nuestra independencia, el mismo Simón Bolívar se quejó en 1815, en su célebre Carta de Jamaica, de la laxitud de las penas que se daba a quienes se habían rebelado contra el gobierno legítimo, aún en medio de la reconquista española. Por su parte, el profesor James Robinson, de la Universidad de Chicago, en una conferencia en Los Andes en 2017, argumentó como un hecho muy peculiar de Colombia las irrisorias penas que nuestros códigos contemplaron durante mucho tiempo contra la insurrección armada, a lo que habría que agregar la laxitud en otorgar amnistías políticas a personas que han cometido gravísimos hechos de sangre. En este contexto sobresale, por supuesto, la Constitución de 1863, que consagró el derecho a la rebelión por parte de los estados soberanos. Uno de los grandes estímulos a los grupos insurgentes y al terrorismo es la convicción de que, tarde o temprano, el Estado colombiano les reconocerá el estatus de beligerancia política, cuando no de otro Estado en formación, como se hizo con las Farc en la negociación de La Habana.
En medio del dolor que sentimos por la muerte de los jóvenes policías y demás victimas, tenemos que apoyar la firme posición del presidente Duque contra el terrorismo y contra las condiciones objetivas que lo alimentan.
En esta nota quiero argumentar que no me extraña que el terrorismo, en este caso del Eln, esté incrementando sus operaciones, como tampoco me sorprende que la tasa de homicidios esté otra vez al alza. Porque, en varias ocasiones, he recordado la sólida literatura académica que argumenta las condiciones objetivas para la emergencia, permanencia y expansión de los grupos armados ilegales: los factores que debilitan a un Estado para consolidar el monopolio de la fuerza y, segundo, la existencia de fuentes estables de financiamiento de los grupos armados ilegales (ver trabajos de Collier y Hoeffler, de la universidad de Oxford, y Fearon y Laitin, de Stanford).
En el caso de Colombia, numerosos estudios han señalado que, históricamente, el Estado ha sido incapaz de consolidar el monopolio de la fuerza sobre todo el territorio. Con el fortalecimiento de las fuerzas armadas y de policía, en la primera década del siglo XXI se dio un gran paso en esa dirección, lo que condujo a la derrota de las Farc y a la mesa de negociación de La Habana. Infortunadamente, dicho proceso se estancó en la segunda década y se permitió la expansión de las siembras de coca, cuya área retornó a los niveles que el país tenía en el 2000, unas 200.000 hectáreas, y, además, se cometió el gravísimo error de definir el narcotráfico como delito político conexo. El Estado tampoco quiso copar las áreas que controlaban las Farc, y, además de la coca, se ha permitido que grupos como el Eln controlen actividades de la minería ilegal, en particular, el comercio de oro.
La fortaleza del Estado también se ha debilitado con la protección que Venezuela le está dando al Eln, como en el pasado se la dio también a las Farc, y como también lo hizo el Gobierno de Rafael Correa en Ecuador. A estos factores habría que agregar un hecho cultural muy nuestro, y es la tolerancia que un sector de la intelectualidad y de otros sectores sociales han tenido con los grupos armados ilegales. Recordemos que desde antes de nuestra independencia, el mismo Simón Bolívar se quejó en 1815, en su célebre Carta de Jamaica, de la laxitud de las penas que se daba a quienes se habían rebelado contra el gobierno legítimo, aún en medio de la reconquista española. Por su parte, el profesor James Robinson, de la Universidad de Chicago, en una conferencia en Los Andes en 2017, argumentó como un hecho muy peculiar de Colombia las irrisorias penas que nuestros códigos contemplaron durante mucho tiempo contra la insurrección armada, a lo que habría que agregar la laxitud en otorgar amnistías políticas a personas que han cometido gravísimos hechos de sangre. En este contexto sobresale, por supuesto, la Constitución de 1863, que consagró el derecho a la rebelión por parte de los estados soberanos. Uno de los grandes estímulos a los grupos insurgentes y al terrorismo es la convicción de que, tarde o temprano, el Estado colombiano les reconocerá el estatus de beligerancia política, cuando no de otro Estado en formación, como se hizo con las Farc en la negociación de La Habana.
En medio del dolor que sentimos por la muerte de los jóvenes policías y demás victimas, tenemos que apoyar la firme posición del presidente Duque contra el terrorismo y contra las condiciones objetivas que lo alimentan.