Aún no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, pero, más pronto que tarde, tenemos que hacer unas reflexiones sobre algunos ajustes que debemos hacer en la sociedad y la economía. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que Colombia jamás entrará plenamente en la modernidad con un 64 % de informalidad laboral y un nivel semejante de informalidad empresarial.
Por esa informalidad, la cuarentena dejó inmediatamente sin ingresos a millones de personas, que viven de lo que venden día a día, sin un fondo de cesantías al cual acudir o sin posibilidad de acceder a una línea de liquidez diferente al “gota a gota”, ¡que les cobra un 30 % de interés mensual! Tenemos que eliminar o reducir significativamente dichos niveles de informalidad.
En segundo lugar, tenemos que fortalecer la provisión de bienes públicos del Estado, cuyo gobierno apenas recauda un 14 % del PIB en impuestos, en gran medida como consecuencia de ese enorme nivel de informalidad de la economía. En Colombia, muy pocas empresas y muy pocas personas pagamos impuestos directos.
Y como si esto fuera poco, en tercer lugar, esos magros recursos públicos tienen una alta volatilidad por su elevada dependencia de los precios del petróleo. Como ha sucedido en otros países, Colombia también ha sentido la “maldición de los recursos naturales”, que genera bonanzas temporales que no se ahorran y se tratan erróneamente como permanentes, produciendo euforias de gasto hasta que llega la inescapable descolgada. Por la vía de diversificar nuestras exportaciones y elevando considerablemente nuestros bajísimos niveles de productividad, tenemos que dejar de ser un país “petrolero”. No sobra agregar que esa baja productividad es también causa y efecto de la enorme informalidad de la economía.
En cuarto lugar, una parte muy alta de estos magros recaudos tributarios se va en subsidios a sectores de ingresos altos, que no se focalizan en quienes más los necesitan. Pero quizá lo más vergonzoso de esta situación es que varios académicos e intelectuales, que se autodenominan progresistas, defienden esta insensata asignación de los escasos recursos del Estado. Una reforma al esquema de asignación de subsidios del Gobierno es de alta prioridad y con mayor razón en un país que se precia de contar con un Estado social de derecho, que en el papel afirma proteger a las personas con vulnerabilidades y con menores recursos.
En quinto lugar, el Estado colombiano debe contar con el monopolio de la fuerza legítima sobre todo el territorio, hoy amenazado por varios grupos armados ilegales, protegidos por la dictadura chavista y financiados por un narcotráfico que se volvió a disparar a partir de 2015. Contrario a lo que plantean los enemigos de la sociedad abierta, estas reformas debemos ejecutarlas protegiendo y fortaleciendo nuestra democracia liberal, que es una democracia representativa, y la economía de mercado. Con todas sus falencias, la democracia y la economía de mercado nos han dado un nivel de bienestar jamás imaginado por las generaciones anteriores, han hecho posible la coexistencia de la libertad individual con la libertad ajena, nos han dado la posibilidad de editar nuestros propios planes de vida y han enterrado la sujeción de unas personas a otras en virtud de una condición social, apellido, etnia o género. Al tiempo que defendemos y fortalecemos estas instituciones, tenemos que reflexionar sobre esas otras reformas que no podemos demorar más.
