Hace 30 años, el 6 de diciembre de 1989, estalló la bomba al DAS, ordenada por Pablo Escobar con el fin de arrodillar y humillar al Estado colombiano, atentado en el que murieron 63 personas y fueron heridas unas 700. Los jóvenes y la mayoría de los adultos, que hoy en día tienen hasta unos 45 años de edad, no recuerdan este hecho, ni tampoco el asesinato de Luis Carlos Galán, ni la bomba al avión de Avianca, ni otros episodios atroces que estremecieron al país ese año en la guerra del narcotráfico contra nuestras instituciones. Pero harían bien en enterarse. Porque durante muchos años Colombia vivió y pagó y ha seguido pagando un precio inconmensurable por responder primero a los carteles de droga de Medellín y de Cali, y luego a grupos armados ilegales que se financiaron con narcotráfico.
Harían bien en estudiar también los estragos que ha hecho esa actividad, esa sí un verdadero capitalismo salvaje, sobre la economía del país. Porque, desde la década de los años 70, primero con la marihuana y luego con la cocaína, el narcotráfico distorsionó los precios relativos, apreció la tasa de cambio real, desplazó mano de obra desde cultivos como el algodón y el café hacia las siembras de coca e indujo un enorme contrabando que, por la vía ilegal, fue la primera apertura de la economía.
Además, la producción de cocaína, de amapola y otras actividades como la minería ilegal continúan destruyendo el bosque húmedo tropical, contaminando los cursos de agua y los grandes ríos con gasolina, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y muchos otros químicos, y afectando la salud de los habitantes de muchas regiones. Pero, tanto o más grave que lo anterior, el narcotráfico ha sido una amenaza contra las instituciones y la seguridad, ha financiado a grupos armados ilegales, ha penetrado la justicia y ha financiado campañas políticas. Y toda esta amenaza se ha dado en un país que históricamente ha contado con un Estado débil, que ha sido incapaz de alcanzar el monopolio de la fuerza legítima sobre todo el territorio.
Sin embargo, con avances y retrocesos, desde el gobierno de César Gaviria, luego con el Plan Colombia y con la Seguridad Democrática, se desmantelaron primero los grandes carteles de la droga, se erradicó gran parte de las siembras de coca y se redujo la producción de clorhidrato de cocaína y su tráfico internacional. Así, desde niveles de 700 toneladas disponibles para exportación de clorhidrato de cocaína, que había hacia 2005, se logró reducir dicho nivel a 207 hacia 2013. Infortunadamente, esta tendencia se ha revertido y, a partir de 2014, la producción disponible para exportación de cocaína se ha disparado hasta alcanzar unas 983 toneladas en 2018. De esta forma, el PIB de la cocaína se triplicó ese año con relación a su nivel del período 2011-14 y representó en 2018 más de dos veces el PIB del café (ver “El PIB de la cocaína 2005-2018”, documento CEDE-CESED 44, 2019, Uniandes).
Como lo argumenté en un seminario organizado sobre este tema por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, en mi opinión este es uno de los problemas más graves del país, razón por la cual necesitamos con urgencia un gran acuerdo nacional para hacerle frente. Tenemos que recordar nuestro pasado y aprender de los errores cometidos, para no repetirlos. Estamos avisados.
Hace 30 años, el 6 de diciembre de 1989, estalló la bomba al DAS, ordenada por Pablo Escobar con el fin de arrodillar y humillar al Estado colombiano, atentado en el que murieron 63 personas y fueron heridas unas 700. Los jóvenes y la mayoría de los adultos, que hoy en día tienen hasta unos 45 años de edad, no recuerdan este hecho, ni tampoco el asesinato de Luis Carlos Galán, ni la bomba al avión de Avianca, ni otros episodios atroces que estremecieron al país ese año en la guerra del narcotráfico contra nuestras instituciones. Pero harían bien en enterarse. Porque durante muchos años Colombia vivió y pagó y ha seguido pagando un precio inconmensurable por responder primero a los carteles de droga de Medellín y de Cali, y luego a grupos armados ilegales que se financiaron con narcotráfico.
Harían bien en estudiar también los estragos que ha hecho esa actividad, esa sí un verdadero capitalismo salvaje, sobre la economía del país. Porque, desde la década de los años 70, primero con la marihuana y luego con la cocaína, el narcotráfico distorsionó los precios relativos, apreció la tasa de cambio real, desplazó mano de obra desde cultivos como el algodón y el café hacia las siembras de coca e indujo un enorme contrabando que, por la vía ilegal, fue la primera apertura de la economía.
Además, la producción de cocaína, de amapola y otras actividades como la minería ilegal continúan destruyendo el bosque húmedo tropical, contaminando los cursos de agua y los grandes ríos con gasolina, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y muchos otros químicos, y afectando la salud de los habitantes de muchas regiones. Pero, tanto o más grave que lo anterior, el narcotráfico ha sido una amenaza contra las instituciones y la seguridad, ha financiado a grupos armados ilegales, ha penetrado la justicia y ha financiado campañas políticas. Y toda esta amenaza se ha dado en un país que históricamente ha contado con un Estado débil, que ha sido incapaz de alcanzar el monopolio de la fuerza legítima sobre todo el territorio.
Sin embargo, con avances y retrocesos, desde el gobierno de César Gaviria, luego con el Plan Colombia y con la Seguridad Democrática, se desmantelaron primero los grandes carteles de la droga, se erradicó gran parte de las siembras de coca y se redujo la producción de clorhidrato de cocaína y su tráfico internacional. Así, desde niveles de 700 toneladas disponibles para exportación de clorhidrato de cocaína, que había hacia 2005, se logró reducir dicho nivel a 207 hacia 2013. Infortunadamente, esta tendencia se ha revertido y, a partir de 2014, la producción disponible para exportación de cocaína se ha disparado hasta alcanzar unas 983 toneladas en 2018. De esta forma, el PIB de la cocaína se triplicó ese año con relación a su nivel del período 2011-14 y representó en 2018 más de dos veces el PIB del café (ver “El PIB de la cocaína 2005-2018”, documento CEDE-CESED 44, 2019, Uniandes).
Como lo argumenté en un seminario organizado sobre este tema por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, en mi opinión este es uno de los problemas más graves del país, razón por la cual necesitamos con urgencia un gran acuerdo nacional para hacerle frente. Tenemos que recordar nuestro pasado y aprender de los errores cometidos, para no repetirlos. Estamos avisados.