El Estado Social de Derecho que tenemos consagra una serie de derechos sociales a todos los colombianos, pero, en la práctica, solo cubre a una fracción de la población. Se dice, por ejemplo, que los trabajadores deben ganar por lo menos un salario mínimo legal y aquellos que tengan un salario de por lo menos este nivel deben acceder, entre otros beneficios, a los de la seguridad social. Sin embargo, en el mundo real, unos dos millones de colombianos están desempleados, un 50 % de los ocupados (unos diez millones) ganan menos de un salario mínimo legal y un 60 % (unos doce millones) no cotizaron a la seguridad social en el último mes, según la encuesta de hogares del DANE. Consistente con esta última cifra, un 60 % de los ocupados son informales. Pero si usted pregunta no por el último mes, sino por quienes cotizaron a la seguridad social en por lo menos diez meses durante el último año, esa cifra se eleva considerablemente.
De esta forma, en la vida real, para unos dos millones de colombianos el salario mínimo no es el legal ($877.803), sino cero pesos. En realidad, es también cero para otros millones más, la mayoría jóvenes y muchas mujeres, que se cansaron de buscar trabajo y están fuera de la población económicamente activa. Y para otros diez millones de colombianos, el salario mínimo es inferior a $877.803. Estas cifras son aterradoras, pero es aún más aterrador que, año tras año, la situación se perpetúe y no se haga nada por remediarla. Al contrario, lo que se ha hecho, quizá más por defecto que por decisión estratégica, es crear una institucionalidad que ha tendido a perpetuar ese mundo dual compuesto por una minoría con trabajos estables y prestaciones sociales y otra mayoría de trabajadores informales y desempleados.
Cuando estamos próximos a conmemorar (en 2021) 30 años de la Constitución de 1991, debemos proponernos hacer un gran esfuerzo por enmendar y corregir esta deprimente situación. A mi manera de ver, tres grandes principios podrían guiar las reformas que se propongan. En primer lugar, la reforma que eventualmente se apruebe debería ser de alcance universal, es decir, debería cobijar a todos los trabajadores, teniendo como objetivo la formalización universal. No puede continuar existiendo una normatividad que perpetúe una situación dual de formales e informales. El segundo gran principio debe considerar que las políticas laborales, las de seguridad social y las tributarias sean consistentes y consecuentes unas con otras. Por ejemplo, la cobertura en salud debería ser universal para todos los ciudadanos y financiada con recursos generales del presupuesto nacional. El tercer principio que oriente estas reformas debería tener en cuenta que las nuevas medidas que se implementen deben, en general, ser compensadas con la transformación o eliminación de programas ya existentes, evitando la multiplicidad de programas que hoy en día compiten entre sí. Por ejemplo, la creación de un pilar solidario que cubra la línea de pobreza para los adultos mayores de Sisbén uno y dos tendría que absorber al programa Colombia Mayor. Finalmente, el gran principio guía debería ordenar que las reformas partan no de la ideología ni de la fantasía, sino de la dura realidad existente, comenzando por aceptar que el salario mínimo es cero pesos y que diez millones de colombianos ganan menos de $877.803.
