El terrorismo es definido como un acto violento, o como la amenaza de un acto violento, perpetrado con un fin político, ideológico o económico, y que, con el propósito de crear miedo o terror, deliberadamente, destruye, amenaza o menosprecia la seguridad de no combatientes, ya sean civiles o personal militar no involucrado en un determinado conflicto.
En este sentido, volar torres de transmisión de energía y, por lo tanto, cortar o amenazar con cortar el fluido eléctrico a ciudades y pueblos es un acto terrorista porque afecta la vida cotidiana de miles de civiles que nada tienen que ver con un conflicto. Esto lo ha hecho la guerrilla desde hace mucho tiempo. Pero, en las pasadas semanas, estas acciones alcanzaron un nivel casi jamás visto. Según distintas fuentes, desde el pasado 22 de mayo, cuando las Farc anunciaron el levantamiento del llamado cese unilateral del fuego, han derramado al menos unos 14 mil barriles de petróleo en ríos, humedales, nacederos de agua y cultivos, producto de la voladura de oleoductos.
Y, según El Espectador de ayer, sólo este mes, los ríos Catatumbo y Tibú, en Norte de Santander; Caunapí, Rosario, Mira y Sucio, en Nariño, y Cuembí, en Putumayo, se han visto gravemente afectados por derrames de petróleo que han ocasionando daños irreparables a su fauna y flora, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y económica de aproximadamente 84.000 campesinos, indígenas y pescadores que dependen de estos ecosistemas. El último de los atentados, y el más grave, fue en la madrugada del 22 de junio, en Tumaco, donde más de 410.000 galones de petróleo llegaron al río Mira y dejaron sin agua a los habitantes del municipio.
Estas acciones representan un escalonamiento inaudito del terrorismo porque no afecta solo a las actuales, sino a las futuras generaciones de civiles. Según expertos que han declarado a diferentes medios, los daños causados sobre los ecosistemas son irreparables, destruyendo, así, la seguridad alimentaria y el bienestar económico y social de miles de colombianos que todavía no han nacido. Por estas razones, es absurdo afirmar, como lo hacen algunos, que “el conflicto armado se ensaña con la población civil,” o que el medio ambiente es otra “víctima de la guerra.” Estas acciones terroristas no las cometió ni el “conflicto,” ni la “guerra.” Las cometieron las Farc. Y, más irracional aún, es equiparar estos atentados terroristas con la explotación legal de petróleo que efectúa Ecopetrol en asocio con algunas multinacionales.
En realidad, la guerrilla ha acudido a este tipo de acciones desde hace mucho tiempo. Pero la diferencia crucial es que, ahora, estamos en medio de unas negociaciones. En ellas se acordó que se negociaría en medio del conflicto, pero, de la declaración de Oslo, no es posible inferir que se aceptó negociar en medio del terrorismo. Las Farc acordaron negociar en medio del conflicto y ahora piden negociar en medio de un cese al fuego bilateral, y creen que pueden presionarlo incrementando sus acciones terroristas. Asimismo, habiéndose comprometido a una negociación de unos pocos meses, ha dilatado un proceso que pronto va a alcanzar los tres años de duración, los mismos de San Vicente del Caguán. Por estas razones, el proceso de negociación de La Habana está en estado crítico. Si fracasa, las Farc serán los únicos responsables.
El terrorismo es definido como un acto violento, o como la amenaza de un acto violento, perpetrado con un fin político, ideológico o económico, y que, con el propósito de crear miedo o terror, deliberadamente, destruye, amenaza o menosprecia la seguridad de no combatientes, ya sean civiles o personal militar no involucrado en un determinado conflicto.
En este sentido, volar torres de transmisión de energía y, por lo tanto, cortar o amenazar con cortar el fluido eléctrico a ciudades y pueblos es un acto terrorista porque afecta la vida cotidiana de miles de civiles que nada tienen que ver con un conflicto. Esto lo ha hecho la guerrilla desde hace mucho tiempo. Pero, en las pasadas semanas, estas acciones alcanzaron un nivel casi jamás visto. Según distintas fuentes, desde el pasado 22 de mayo, cuando las Farc anunciaron el levantamiento del llamado cese unilateral del fuego, han derramado al menos unos 14 mil barriles de petróleo en ríos, humedales, nacederos de agua y cultivos, producto de la voladura de oleoductos.
Y, según El Espectador de ayer, sólo este mes, los ríos Catatumbo y Tibú, en Norte de Santander; Caunapí, Rosario, Mira y Sucio, en Nariño, y Cuembí, en Putumayo, se han visto gravemente afectados por derrames de petróleo que han ocasionando daños irreparables a su fauna y flora, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y económica de aproximadamente 84.000 campesinos, indígenas y pescadores que dependen de estos ecosistemas. El último de los atentados, y el más grave, fue en la madrugada del 22 de junio, en Tumaco, donde más de 410.000 galones de petróleo llegaron al río Mira y dejaron sin agua a los habitantes del municipio.
Estas acciones representan un escalonamiento inaudito del terrorismo porque no afecta solo a las actuales, sino a las futuras generaciones de civiles. Según expertos que han declarado a diferentes medios, los daños causados sobre los ecosistemas son irreparables, destruyendo, así, la seguridad alimentaria y el bienestar económico y social de miles de colombianos que todavía no han nacido. Por estas razones, es absurdo afirmar, como lo hacen algunos, que “el conflicto armado se ensaña con la población civil,” o que el medio ambiente es otra “víctima de la guerra.” Estas acciones terroristas no las cometió ni el “conflicto,” ni la “guerra.” Las cometieron las Farc. Y, más irracional aún, es equiparar estos atentados terroristas con la explotación legal de petróleo que efectúa Ecopetrol en asocio con algunas multinacionales.
En realidad, la guerrilla ha acudido a este tipo de acciones desde hace mucho tiempo. Pero la diferencia crucial es que, ahora, estamos en medio de unas negociaciones. En ellas se acordó que se negociaría en medio del conflicto, pero, de la declaración de Oslo, no es posible inferir que se aceptó negociar en medio del terrorismo. Las Farc acordaron negociar en medio del conflicto y ahora piden negociar en medio de un cese al fuego bilateral, y creen que pueden presionarlo incrementando sus acciones terroristas. Asimismo, habiéndose comprometido a una negociación de unos pocos meses, ha dilatado un proceso que pronto va a alcanzar los tres años de duración, los mismos de San Vicente del Caguán. Por estas razones, el proceso de negociación de La Habana está en estado crítico. Si fracasa, las Farc serán los únicos responsables.