Ciudad de Guatemala. En muchos lugares del mundo se han creado y aplicado alternativas de gobernabilidad para promover el desarrollo económico o para resolver problemas que parecen insolubles con las institucionales tradicionales.
En Dubai, por ejemplo, se creó en 2002 una zona libre financiera, el Centro Financiero Internacional de Dubai (las siglas en inglés son DIFC) en donde un juez inglés aplica la common law británica, en tanto a su alrededor prevalece la ley islámica de los Emiratos Árabes Unidos. Con unos resultados espectaculares en términos desarrollo económico, algunos autores consideran esta innovación de política gubernamental como una de las más importantes jamás implementadas para la eliminación de la pobreza en un país emergente.
Al otro lado del mundo, un país centroamericano, Guatemala, parece encausarse, lentamente, después de los dramáticos acontecimientos que han llevado a los tribunales y a la cárcel por casos de corrupción a centenares de funcionarios públicos, entre ellos a la vicepresidenta, Roxana Baldetti, y, luego, al presidente Otto Pérez Molina. Estos fallos judiciales son producto de investigaciones realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la llamada CICIG, creada en 2006 por un acuerdo entre la ONU y el Gobierno de ese país, el cual obtuvo, en mayo del año siguiente, concepto favorable de la Corte de Constitucionalidad y, posteriormente, su ratificación por el Congreso de la República.
Ese modelo parece expandirse a otros países de la región, al crearse la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la llamada Maccih, producto de un acuerdo con la OEA. La organización tiene como propósito mejorar la calidad de los servicios de justicia en la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad, aunque aún no ha producido resultados.
Todas estas innovaciones, y muchas otras, merecen ser analizadas con cuidado pues son respuestas novedosas a problemas que compartimos todos los países de la región. Son respuestas a la incapacidad, por diversas razones, de las instituciones de los Estados soberanos nacionales para promover el desarrollo o para resolver problemas sempiternos. De hecho, en alguna medida, dichas innovaciones no son extrañas a nosotros, porque cuando el Congreso ratificó la Convención de Viena de 1988 y con ella hicimos viable de nuevo el tratado de extradición con los Estados Unidos, en Colombia tomamos conciencia de la incapacidad de nuestra propia justicia para afrontar el problema del narcotráfico y delegamos parte de nuestra soberanía a los Estados Unidos para que la justicia de ese país se encargue, al menos en parte, de castigar a los narcotraficantes y paramilitares.
Autores como Michael Strong, Robert Himber o Paul Romer, entre otros, han planteado que la causa principal de los problemas de los países en desarrollo y, en particular de la pobreza, es la debilidad de la infraestructura legal. Pero, a diferencia de los padres de la economía institucional, dichos autores son escépticos sobre la capacidad de los países de reformar la totalidad de sus instituciones legales y plantean, como alternativa, jurisdicciones especiales o territoriales para ciertos propósitos que, en alguna medida, desafían la soberanía nacional, pero que parecen producir resultados tangibles.
¿Tenemos la capacidad de arreglar la totalidad de nuestras instituciones de justicia o solo lo podremos hacer por partes? Y, al hacerlo, ¿debemos delegar parte de su provisión a instancias externas? Este es un debate que también debemos plantear en nuestro país.
Ciudad de Guatemala. En muchos lugares del mundo se han creado y aplicado alternativas de gobernabilidad para promover el desarrollo económico o para resolver problemas que parecen insolubles con las institucionales tradicionales.
En Dubai, por ejemplo, se creó en 2002 una zona libre financiera, el Centro Financiero Internacional de Dubai (las siglas en inglés son DIFC) en donde un juez inglés aplica la common law británica, en tanto a su alrededor prevalece la ley islámica de los Emiratos Árabes Unidos. Con unos resultados espectaculares en términos desarrollo económico, algunos autores consideran esta innovación de política gubernamental como una de las más importantes jamás implementadas para la eliminación de la pobreza en un país emergente.
Al otro lado del mundo, un país centroamericano, Guatemala, parece encausarse, lentamente, después de los dramáticos acontecimientos que han llevado a los tribunales y a la cárcel por casos de corrupción a centenares de funcionarios públicos, entre ellos a la vicepresidenta, Roxana Baldetti, y, luego, al presidente Otto Pérez Molina. Estos fallos judiciales son producto de investigaciones realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la llamada CICIG, creada en 2006 por un acuerdo entre la ONU y el Gobierno de ese país, el cual obtuvo, en mayo del año siguiente, concepto favorable de la Corte de Constitucionalidad y, posteriormente, su ratificación por el Congreso de la República.
Ese modelo parece expandirse a otros países de la región, al crearse la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la llamada Maccih, producto de un acuerdo con la OEA. La organización tiene como propósito mejorar la calidad de los servicios de justicia en la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad, aunque aún no ha producido resultados.
Todas estas innovaciones, y muchas otras, merecen ser analizadas con cuidado pues son respuestas novedosas a problemas que compartimos todos los países de la región. Son respuestas a la incapacidad, por diversas razones, de las instituciones de los Estados soberanos nacionales para promover el desarrollo o para resolver problemas sempiternos. De hecho, en alguna medida, dichas innovaciones no son extrañas a nosotros, porque cuando el Congreso ratificó la Convención de Viena de 1988 y con ella hicimos viable de nuevo el tratado de extradición con los Estados Unidos, en Colombia tomamos conciencia de la incapacidad de nuestra propia justicia para afrontar el problema del narcotráfico y delegamos parte de nuestra soberanía a los Estados Unidos para que la justicia de ese país se encargue, al menos en parte, de castigar a los narcotraficantes y paramilitares.
Autores como Michael Strong, Robert Himber o Paul Romer, entre otros, han planteado que la causa principal de los problemas de los países en desarrollo y, en particular de la pobreza, es la debilidad de la infraestructura legal. Pero, a diferencia de los padres de la economía institucional, dichos autores son escépticos sobre la capacidad de los países de reformar la totalidad de sus instituciones legales y plantean, como alternativa, jurisdicciones especiales o territoriales para ciertos propósitos que, en alguna medida, desafían la soberanía nacional, pero que parecen producir resultados tangibles.
¿Tenemos la capacidad de arreglar la totalidad de nuestras instituciones de justicia o solo lo podremos hacer por partes? Y, al hacerlo, ¿debemos delegar parte de su provisión a instancias externas? Este es un debate que también debemos plantear en nuestro país.