Parece increíble, pero entre varios funcionarios del Estado, entre los académicos, los juristas y muchos analistas existe una confusión muy grande sobre la naturaleza del conflicto armado en Colombia.
¿Esto que hemos tenido ha sido una guerra similar a la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, o a la guerra entre Perú y Chile en el siglo XIX, o a la Guerra del Golfo Pérsico? ¿O ha sido algo más parecido a una insurgencia guerrillera como la que ha tenido la India desde los años 60 con el grupo de los Naxalitas?
Algunos dicen que la terminología no importa, que es sólo un problema semántico. No estoy de acuerdo. Para bien o para mal, el lenguaje que utilicemos sí importa. Porque, al definir la naturaleza del conflicto se determina también la naturaleza del acuerdo de su terminación, las políticas y compromisos que de allí se desprendan, y, sobre todo, las expectativas que se crean y, por lo tanto, las satisfacciones y frustraciones futuras. En otras palabras, si no lo definimos con las palabras adecuadas, a pesar de que se firme un acuerdo, como el de La Habana —al que he apoyado desde esta columna— el conflicto puede proseguir después.
La confusión en el lenguaje utilizado es también parte del mismo conflicto. Los grupos alzados en armas siempre han hablado con el lenguaje de la guerra, autodefiniéndose como el ejército de un Estado en construcción que disputa el poder al poder constituido, al que consideran ilegítimo. Por el contrario, desde el Estado legítimamente constituido se ha definido a los grupos alzados en armas como guerrilleros, insurgentes o bandas terroristas.
Y la confusión se ha agravado porque, salvo contadas excepciones, nuestra academia no ha sido pródiga en estudios que sitúen el caso de Colombia en una perspectiva de análisis cuantitativo y comparativo con otros países.
Ese tipo de trabajos sí lo han hecho académicos como los profesores David Fearon y James Laitin, de la Universidad de Stanford, y Paul Collier y Anke Hoeffler, de Oxford. Esos estudios, que son ricos en análisis cuantitativos y estadísticos, analizan los determinantes de una cantidad de conflictos internos durante varias décadas. En un resumen muy apretado, básicamente, concluyen que la aparición y continuación de un conflicto está fundamentalmente explicado por la debilidad de los Estados, por las condiciones geográficas que facilitan el accionar de los grupos irregulares, por el santuario que proveen los países vecinos, y por sus fuentes de financiación, como la minería ilegal, la coca o la extorsión.
Para Fearon y Laitin, “la insurgencia es una tecnología de conflicto militar caracterizada por bandas pequeñas, que practican guerra de guerrillas, ligeramente armadas desde bases en las zonas rurales”. Así, de estos estudios es posible concluir que lo que hemos tenido en Colombia es una insurgencia y no una guerra. Grupos como las Farc y el Eln son más parecidos a este tipo de guerrillas y no, por ejemplo, al ejército confederado en la guerra civil de los Estados Unidos.
Más allá de la firma del acuerdo de La Habana, entonces, si queremos erradicar el conflicto de nuestro país, las políticas a implementar pasan, entre otras, por fortalecer la provisión de bienes públicos en zonas periféricas, por combatir la minería ilegal y continuar la lucha contra el narcotráfico. Pero, primordialmente, necesitamos utilizar una correcta definición del conflicto interno.
Parece increíble, pero entre varios funcionarios del Estado, entre los académicos, los juristas y muchos analistas existe una confusión muy grande sobre la naturaleza del conflicto armado en Colombia.
¿Esto que hemos tenido ha sido una guerra similar a la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, o a la guerra entre Perú y Chile en el siglo XIX, o a la Guerra del Golfo Pérsico? ¿O ha sido algo más parecido a una insurgencia guerrillera como la que ha tenido la India desde los años 60 con el grupo de los Naxalitas?
Algunos dicen que la terminología no importa, que es sólo un problema semántico. No estoy de acuerdo. Para bien o para mal, el lenguaje que utilicemos sí importa. Porque, al definir la naturaleza del conflicto se determina también la naturaleza del acuerdo de su terminación, las políticas y compromisos que de allí se desprendan, y, sobre todo, las expectativas que se crean y, por lo tanto, las satisfacciones y frustraciones futuras. En otras palabras, si no lo definimos con las palabras adecuadas, a pesar de que se firme un acuerdo, como el de La Habana —al que he apoyado desde esta columna— el conflicto puede proseguir después.
La confusión en el lenguaje utilizado es también parte del mismo conflicto. Los grupos alzados en armas siempre han hablado con el lenguaje de la guerra, autodefiniéndose como el ejército de un Estado en construcción que disputa el poder al poder constituido, al que consideran ilegítimo. Por el contrario, desde el Estado legítimamente constituido se ha definido a los grupos alzados en armas como guerrilleros, insurgentes o bandas terroristas.
Y la confusión se ha agravado porque, salvo contadas excepciones, nuestra academia no ha sido pródiga en estudios que sitúen el caso de Colombia en una perspectiva de análisis cuantitativo y comparativo con otros países.
Ese tipo de trabajos sí lo han hecho académicos como los profesores David Fearon y James Laitin, de la Universidad de Stanford, y Paul Collier y Anke Hoeffler, de Oxford. Esos estudios, que son ricos en análisis cuantitativos y estadísticos, analizan los determinantes de una cantidad de conflictos internos durante varias décadas. En un resumen muy apretado, básicamente, concluyen que la aparición y continuación de un conflicto está fundamentalmente explicado por la debilidad de los Estados, por las condiciones geográficas que facilitan el accionar de los grupos irregulares, por el santuario que proveen los países vecinos, y por sus fuentes de financiación, como la minería ilegal, la coca o la extorsión.
Para Fearon y Laitin, “la insurgencia es una tecnología de conflicto militar caracterizada por bandas pequeñas, que practican guerra de guerrillas, ligeramente armadas desde bases en las zonas rurales”. Así, de estos estudios es posible concluir que lo que hemos tenido en Colombia es una insurgencia y no una guerra. Grupos como las Farc y el Eln son más parecidos a este tipo de guerrillas y no, por ejemplo, al ejército confederado en la guerra civil de los Estados Unidos.
Más allá de la firma del acuerdo de La Habana, entonces, si queremos erradicar el conflicto de nuestro país, las políticas a implementar pasan, entre otras, por fortalecer la provisión de bienes públicos en zonas periféricas, por combatir la minería ilegal y continuar la lucha contra el narcotráfico. Pero, primordialmente, necesitamos utilizar una correcta definición del conflicto interno.