Desde hace varios años, en esta columna he argumentado que el incremento del bienestar y la reducción de la pobreza y la desigualdad de nuestro país están chocando con unos problemas estructurales que no hemos resuelto jamás. En realidad, la mayoría de esos problemas tienen una causa madre, que no es otra que la informalidad. La informalidad es la fuente de los principales problemas que enfrentan no solo la economía sino también el Estado y la sociedad colombiana. Sin entrar en su definición, la informalidad laboral y empresarial de Colombia supera el 60 %. Si fuésemos un país con una baja informalidad, como España, deberían declarar renta unos 18 millones de personas, y no solo 3,6 millones; deberían cotizar a la seguridad social esos mismos 18 millones y no solo ocho millones; el Gobierno debería recaudar, por lo menos, un 25 % del PIB en impuestos, y no un magro 14 %. Debido, en gran medida, a esa enorme informalidad, la tasa de ahorro es de tan solo el 18 % del PIB, que contrasta con un caso extremo, como China, que ha llegado a tener una tasa de ahorro del 45 % del PIB. En forma semejante, la capitalización bursátil de Colombia es solo el 35 % del PIB, mientras que en Chile es del 75 %, porque la informalidad del país austral es la mitad de la nuestra.
En un país con unos recaudos de impuestos tan bajos, no sorprende tampoco que tengamos un Estado muy débil, que históricamente ha sido incapaz de contar con el monopolio de la fuerza legítima sobre todo el territorio y tampoco ha podido prestar efectivamente otros bienes públicos fundamentales como la justicia. En forma semejante, la bajísima productividad de los factores productivos es en gran medida causa y consecuencia de esta enorme informalidad, una relación que, muchas veces, no ha sido entendida por los economistas.
Por razones de espacio, no entro a argumentar qué debemos hacer para atacar esas cifras de informalidad, pero sí quiero plantear dos principios generales. Un primer principio que debería guiar las reformas es tener en cuenta la interdependencia de los sectores de la economía. Lo que se haga en el sector de la seguridad social tiene una incidencia en lo fiscal y en los mercados laborales, y lo que se haga en los mercados laborales tiene también una incidencia crucial en los regímenes de la seguridad social, en lo fiscal y en la macroeconomía. Por dar un solo ejemplo, el déficit del 4 % del PIB en el régimen pensional y la deuda pensional pública del 110 % del PIB son dos de las principales causas del desequilibrio fiscal.
Un segundo principio señala que, más allá de las medidas de política específicas contra la informalidad, un país como Colombia necesita políticos y funcionarios públicos con carácter e imperativos éticos que los guíen a desafiar las tendencias, los likes de las redes sociales y las encuestas de opinión. En ese sentido, pese a que me preocupan algunas medidas que afectan el ahorro, quiero resaltar el coraje y la determinación del presidente Duque y el ministro Carrasquilla por radicar el proyecto de solidaridad sostenible, de lejos la más ambiciosa reforma fiscal en décadas. En particular, al extender la base gravable del IVA, pues este proyecto da un paso decisivo en la lucha contra la informalidad, el gran flagelo estructural de la economía colombiana.