Es muy grato constatar que, después de mucho tiempo y esfuerzo, más sectores de opinión y las mismas autoridades económicas ponen un mayor énfasis en el gravísimo problema de la informalidad.
Por ejemplo, en sus presentaciones en las asambleas de Asofiduciarias y de la Andi, la semana pasada en Cartagena, el ministro de Hacienda mostró la evolución reciente del empleo, señalando que el crecimiento del empleo formal ha sido superior al informal, como consecuencia de la reducción de las contribuciones parafiscales de la reforma tributaria de 2014.
Según estos estimativos, la informalidad laboral se sitúa en un 50,6 % de los ocupados, unos siete puntos menos que al comienzo de la década, caída significativa que invita a varios comentarios. En primer lugar, el Ministerio de Hacienda hace bien en utilizar la definición de formalidad e informalidad como los trabajadores que cotizan o no cotizan a la seguridad social, una definición que también utilizan la OCDE y el BID y que es mucho más precisa que la definición con base en los llamados “cuenta propias”.
Segundo, esta cifra de informalidad se refiere sólo a los trabajadores de las 13 principales ciudades. Para la totalidad del empleo, la informalidad se sitúa en un 65 %, lo que quiere decir que este fenómeno es mucho más grave en el campo, posiblemente de un 90 %.
Esta cifras del campo son realmente aterradoras y deberían estar en el centro de las medidas y políticas del llamado posconflicto, pero, infortunadamente, casi nadie las menciona. Porque, si pensara que lo que el sector rural necesita es, entre otras cosas, empleos formales, se haría mayor énfasis en las condiciones de estabilidad jurídica, en la seguridad de los títulos de propiedad o en la seguridad física, todas condiciones mínimas que requieren las empresas para embarcarse en inversiones a largo plazo.
En tercer lugar, según las cifras de Hacienda, es muy claro que el mayor crecimiento del empleo formal no comenzó después de la reforma tributaria de finales del 2014, sino por lo menos un año antes. Sin desconocer el efecto positivo de los menores costos laborales que trajo dicha reforma, este cambio de tendencia le da fuerza al argumento del profesor Stefano Farné, de la Universidad Externado de Colombia, quien ha dicho que la mayor formalidad es también el resultado de las medidas fiscalizadoras de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, la llamada UGPP del Ministerio de Hacienda. Bajo la dirección de Gloria Inés Cortés, y con no pocas dificultades y controversias, esta entidad ha realizado una importante labor que ha incluido sanciones a empresas que han evadido el pago de sus contribuciones parafiscales y de pensiones.
En realidad, la DIAN tiene mucho que aprender de la importante labor que está realizando la UGPP, porque una queja permanente contra esa entidad ha sido su celo para investigar a las 3.300 empresas que siempre pagan impuestos, pero muy poco a las decenas de miles de empresas informales que no pagan.
Si la DIAN reflexionara más en este tema, llegaría a la conclusión de que el problema fiscal y los bajísimos recaudos tributarios del Gobierno son una consecuencia directa de la informalidad empresarial.
Esta es una razón más para concluir, no sólo que la informalidad es la verdadera enfermedad que enfrenta la economía, sino para hacer una reforma total de la DIAN.
Es muy grato constatar que, después de mucho tiempo y esfuerzo, más sectores de opinión y las mismas autoridades económicas ponen un mayor énfasis en el gravísimo problema de la informalidad.
Por ejemplo, en sus presentaciones en las asambleas de Asofiduciarias y de la Andi, la semana pasada en Cartagena, el ministro de Hacienda mostró la evolución reciente del empleo, señalando que el crecimiento del empleo formal ha sido superior al informal, como consecuencia de la reducción de las contribuciones parafiscales de la reforma tributaria de 2014.
Según estos estimativos, la informalidad laboral se sitúa en un 50,6 % de los ocupados, unos siete puntos menos que al comienzo de la década, caída significativa que invita a varios comentarios. En primer lugar, el Ministerio de Hacienda hace bien en utilizar la definición de formalidad e informalidad como los trabajadores que cotizan o no cotizan a la seguridad social, una definición que también utilizan la OCDE y el BID y que es mucho más precisa que la definición con base en los llamados “cuenta propias”.
Segundo, esta cifra de informalidad se refiere sólo a los trabajadores de las 13 principales ciudades. Para la totalidad del empleo, la informalidad se sitúa en un 65 %, lo que quiere decir que este fenómeno es mucho más grave en el campo, posiblemente de un 90 %.
Esta cifras del campo son realmente aterradoras y deberían estar en el centro de las medidas y políticas del llamado posconflicto, pero, infortunadamente, casi nadie las menciona. Porque, si pensara que lo que el sector rural necesita es, entre otras cosas, empleos formales, se haría mayor énfasis en las condiciones de estabilidad jurídica, en la seguridad de los títulos de propiedad o en la seguridad física, todas condiciones mínimas que requieren las empresas para embarcarse en inversiones a largo plazo.
En tercer lugar, según las cifras de Hacienda, es muy claro que el mayor crecimiento del empleo formal no comenzó después de la reforma tributaria de finales del 2014, sino por lo menos un año antes. Sin desconocer el efecto positivo de los menores costos laborales que trajo dicha reforma, este cambio de tendencia le da fuerza al argumento del profesor Stefano Farné, de la Universidad Externado de Colombia, quien ha dicho que la mayor formalidad es también el resultado de las medidas fiscalizadoras de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, la llamada UGPP del Ministerio de Hacienda. Bajo la dirección de Gloria Inés Cortés, y con no pocas dificultades y controversias, esta entidad ha realizado una importante labor que ha incluido sanciones a empresas que han evadido el pago de sus contribuciones parafiscales y de pensiones.
En realidad, la DIAN tiene mucho que aprender de la importante labor que está realizando la UGPP, porque una queja permanente contra esa entidad ha sido su celo para investigar a las 3.300 empresas que siempre pagan impuestos, pero muy poco a las decenas de miles de empresas informales que no pagan.
Si la DIAN reflexionara más en este tema, llegaría a la conclusión de que el problema fiscal y los bajísimos recaudos tributarios del Gobierno son una consecuencia directa de la informalidad empresarial.
Esta es una razón más para concluir, no sólo que la informalidad es la verdadera enfermedad que enfrenta la economía, sino para hacer una reforma total de la DIAN.