PARECIESE QUE EN COLOMBIA tenemos dos realidades. Una realidad formal, de derechos a la seguridad social que son además tutelables, para un universo que puede abarcar al 40% de los trabajadores.
Entre tanto, hay otra realidad para el 60% de los trabajadores que está excluido de cobertura contra riesgos profesionales, régimen contributivo de salud y seguridad social en pensiones, ya sea del régimen de ahorro individual o del régimen de prima media. ¿Por qué tenemos una informalidad tan grande? Según cifras de Fedesarrollo, el 48% de todos los trabajadores ganan menos de un salario mínimo y, de éstos, un 29% devengan menos de medio salario mínimo. Asimismo, las normas dicen que nadie puede ganar menos que un salario mínimo, cuyo nivel, definido por su proximidad al salario medio de todo el mercado laboral, es considerado uno de los más altos del mundo. En segundo lugar, los académicos también señalan que los costos no salariales de Colombia están entre los más altos de América Latina.
Por ejemplo, para un trabajador que gana un salario mínimo el costo salarial para su empleador se incrementa en un 67%, incluyendo el subsidio de transporte. En tercer lugar, los expertos han señalado que, desde que comenzó la llamada apertura económica en los años noventa, el costo del capital ha bajado con relación al costo del trabajo, porque se abrió la cuenta de capitales, se autorizó la inversión extranjera directa y se eliminaron o se bajaron todos los aranceles a la importación de maquinaria y equipo. Más recientemente, el costo del capital también ha tendido a bajar por diversas reformas tributarias y por una serie de incentivos que se han dado a la inversión. El profesor Hugo López ha estimado que el costo del capital cayó un 56% entre 1998 y 2007. Entre tanto, el costo del salario mínimo subió un 20% en el mismo período.
Los anteriores factores han tendido a reducir la demanda por trabajo formal por parte de las empresas. Los académicos también han señalado que la oferta de trabajo formal por parte de los trabajadores ha caído por los subsidios que, en una forma u otra, reciben los trabajadores de los niveles más bajos del Sisbén, que son los más pobres. Por el temor a perder esos subsidios, como el del régimen subsidiado de salud, muchas veces los trabajadores prefieren permanecer en la informalidad a aceptar un empleo formal. Si recordamos que la economía formal es la que paga impuestos y la informal la que recibe subsidios, tarde o temprano —y quizá más temprano que tarde— tendremos que cortar una dinámica de un sector formal que se estrecha y que tiene que pagar cada vez más impuestos para subsidiar a un sector informal que crece y, al crecer, estrecha aún más al sector formal. O lo que puede ser aún más grave: un creciente sector informal que, a falta de impuestos, exige subsidios financiados con endeudamiento externo o interno.
Cuando se discutió y se aprobó la Ley 100 se supuso que la economía crecería a tasas altas y sostenidas, y que la formalidad sería cada vez más creciente y la informalidad tendería a caer. Infortunadamente eso no ha sucedido y parece ser que está ocurriendo lo contrario. Necesitamos un gran acuerdo nacional para formalizar la economía y para que todos los colombianos alcancen pleno acceso a la seguridad social.
PARECIESE QUE EN COLOMBIA tenemos dos realidades. Una realidad formal, de derechos a la seguridad social que son además tutelables, para un universo que puede abarcar al 40% de los trabajadores.
Entre tanto, hay otra realidad para el 60% de los trabajadores que está excluido de cobertura contra riesgos profesionales, régimen contributivo de salud y seguridad social en pensiones, ya sea del régimen de ahorro individual o del régimen de prima media. ¿Por qué tenemos una informalidad tan grande? Según cifras de Fedesarrollo, el 48% de todos los trabajadores ganan menos de un salario mínimo y, de éstos, un 29% devengan menos de medio salario mínimo. Asimismo, las normas dicen que nadie puede ganar menos que un salario mínimo, cuyo nivel, definido por su proximidad al salario medio de todo el mercado laboral, es considerado uno de los más altos del mundo. En segundo lugar, los académicos también señalan que los costos no salariales de Colombia están entre los más altos de América Latina.
Por ejemplo, para un trabajador que gana un salario mínimo el costo salarial para su empleador se incrementa en un 67%, incluyendo el subsidio de transporte. En tercer lugar, los expertos han señalado que, desde que comenzó la llamada apertura económica en los años noventa, el costo del capital ha bajado con relación al costo del trabajo, porque se abrió la cuenta de capitales, se autorizó la inversión extranjera directa y se eliminaron o se bajaron todos los aranceles a la importación de maquinaria y equipo. Más recientemente, el costo del capital también ha tendido a bajar por diversas reformas tributarias y por una serie de incentivos que se han dado a la inversión. El profesor Hugo López ha estimado que el costo del capital cayó un 56% entre 1998 y 2007. Entre tanto, el costo del salario mínimo subió un 20% en el mismo período.
Los anteriores factores han tendido a reducir la demanda por trabajo formal por parte de las empresas. Los académicos también han señalado que la oferta de trabajo formal por parte de los trabajadores ha caído por los subsidios que, en una forma u otra, reciben los trabajadores de los niveles más bajos del Sisbén, que son los más pobres. Por el temor a perder esos subsidios, como el del régimen subsidiado de salud, muchas veces los trabajadores prefieren permanecer en la informalidad a aceptar un empleo formal. Si recordamos que la economía formal es la que paga impuestos y la informal la que recibe subsidios, tarde o temprano —y quizá más temprano que tarde— tendremos que cortar una dinámica de un sector formal que se estrecha y que tiene que pagar cada vez más impuestos para subsidiar a un sector informal que crece y, al crecer, estrecha aún más al sector formal. O lo que puede ser aún más grave: un creciente sector informal que, a falta de impuestos, exige subsidios financiados con endeudamiento externo o interno.
Cuando se discutió y se aprobó la Ley 100 se supuso que la economía crecería a tasas altas y sostenidas, y que la formalidad sería cada vez más creciente y la informalidad tendería a caer. Infortunadamente eso no ha sucedido y parece ser que está ocurriendo lo contrario. Necesitamos un gran acuerdo nacional para formalizar la economía y para que todos los colombianos alcancen pleno acceso a la seguridad social.