Según la declaración universal de los derechos humanos, toda persona tiene derecho a circular libremente y no puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida, toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo, y tiene derecho a que se establezca un orden social en el que los derechos y libertades proclamados en la declaración se hagan efectivos. Estos derechos son para todos los miembros de la sociedad, no para unos grupos sí y para otros no, y son para todos los tiempos, no para unos períodos sí y para otros no.
Los que en las últimas semanas han protestado legítimamente tienen todo el derecho de hacerlo y también de denunciar los abusos y violaciones a los derechos humanos que han cometido algunos miembros de la Fuerza Pública, pero el derecho a protestar no es absoluto. Con los bloqueos al tráfico automotor, la destrucción de las estaciones de buses y los cercos a las carreteras y a los puertos, que han generado el desabastecimiento de alimentos y combustible; con el saqueo de comercios, el cierre de grandes y pequeñas superficies, los cercos que impiden el paso de ambulancias, personal de la salud o insumos para los hospitales, incluso de oxígeno para atender pacientes críticos, se están violando derechos fundamentales de millones de personas. Se está violando su libertad para movilizarse, trabajar y ganar su sustento, y también se ha puesto en peligro su vida, salud y seguridad alimentaria con bloqueos irracionales e indiscriminados.
Los líderes del paro, la opinión pública en general y los medios de comunicación nacionales y extranjeros tienen la obligación de reconocer que se han violado los derechos humanos de estos millones de ciudadanos. Y también se han violado los derechos humanos de las Fuerzas Militares y de Policía, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. En las últimas semanas hemos visto cómo se ultraja a soldados y policías. Los injuria Iván Márquez cuando llama a la insurrección general y también lo hace el jefe de la oposición de extrema izquierda cuando, en forma temeraria y mentirosa, acusa a las Fuerza Pública de haberse vuelto un brazo armado de un sector político. Ninguno de ellos menciona que hay más de 800 policías heridos en las protestas y también hay policías asesinados. No reconocen que los policías denunciados por violaciones a los derechos humanos también tienen derecho a ser escuchados en un juicio y a la presunción de inocencia, mientras no hayan sido declarados culpables. Muchos de los que promueven las marchas a través de las redes sociales condenan solo el comportamiento de algunos miembros de la Fuerza Pública, pero no mencionan los atropellos de quienes marchan y abusan de su derecho para atacar a la Fuerza Pública y destruir los bienes públicos, que son de todos.
Ninguno menciona que los soldados y policías son hijos de familias trabajadoras, que la inmensa mayoría de ellos cumplen con su deber de proteger al país y darle seguridad para que el resto de colombianos podamos estudiar, trabajar y dormir en paz. Al tiempo que defendemos el derecho a la protesta pacífica, los que creemos en los valores de la democracia representativa y de la libertad tenemos que defender a nuestra Fuerza Pública y a las instituciones republicanas contra los enemigos de la sociedad abierta.
