En estos meses de angustia debidos a la pandemia, acentuados por los actos de vandalismo y violencia, existen grupos, afortunadamente minoritarios, que parecen convencidos de que están dadas las condiciones para tomar el poder por medio de la fuerza.
Quienes así piensan harían bien en estudiar un poco la historia de Colombia porque, como lo han planteado muchos de nuestros historiadores, pese a todas sus imperfecciones, Colombia tiene unas instituciones políticas con una de las más largas tradiciones electorales del continente, con gobiernos civilistas, que han hecho un uso limitado del poder. Estas instituciones marcan un notorio contraste con los gobiernos caudillistas o militares, que caracterizaron durante mucho tiempo a varios países del continente y que han tendido a renacer en tiempos recientes.
Según Malcolm Deas, la difusión del poder es una característica central de Colombia y, sin que exista consenso, su origen parece estar en varias condiciones que heredamos de la Colonia y que, de alguna forma, se han mantenido hasta nuestros días. Hace 200 años, Colombia era un país fundamentalmente rural, con una población urbana muy baja y dispersa en las tres ciudades más grandes, Bogotá, Cartagena y Popayán, y en otras 20 esparcidas en uno de los territorios más quebrados del hemisferio y con pésimas vías de comunicación. Los gobiernos nacionales tenían muy pocos recursos para operar y hasta bien entrado el siglo XX no contamos con un Estado central que pudiese cumplir con las funciones básicas de su razón de ser, ilustrado con el hecho de que solo desde comienzos del siglo XXI Colombia tuvo un ejército que se aproximó al tamaño promedio de los del resto de América Latina. Esa debilidad del Estado se acentuó aún más con las reformas de los gobiernos radicales, con la Constitución de Rionegro y con las diferencias con la Iglesia, que a la fractura regional le sumó una nueva fractura religiosa. Pese a los propósitos de Núñez y de la Regeneración, el intento por fortalecer y unificar el Estado central fue un estruendoso fracaso, evidenciado en que solo en la década de 1930 se logró la unificación de algunas rentas nacionales, y aún hoy en día el recaudo de impuestos apenas llega al 14 % del PIB. Además, sin guerras o amenazas externas y sin conflictos sociales importantes, durante mucho tiempo la confrontación política fue una mezcla de lucha regional, religiosa y partidista, sin que nadie pudiese imponer hegemonías, ya fuese por la vía electoral o por estériles guerras, que no ganaba nadie. De esa forma, como argumenta Jorge Orlando Melo, en Colombia hemos tenido mucha política, mucha más negociación que violencia.
Con centros de poder tan difusos, y con una fragmentación social acentuada por la división funcional de nuestra modernidad tardía, en Colombia nos aproximamos a una democracia liberal, caracterizada por un poder central muy limitado en el tiempo y en el espacio. Por supuesto, la otra cara de la moneda es un Estado muy débil, que no cuenta con el monopolio de la fuerza en todo el territorio y carece de recursos para proveer otros bienes públicos esenciales, como justicia eficiente y buena educación. Pero, a pesar de esas debilidades, los extremistas harían bien en entender que los colombianos odiamos las hegemonías y que en el ADN de nuestras instituciones políticas existen condiciones estructurales que se oponen a sus intentos de destruir nuestra democracia representativa liberal.
