A raíz del asesinato de los jóvenes en Cali y de las masacres en Samaniego y en Leiva (Nariño), el diario El Tiempo, en su edición virtual del 20 de agosto, en forma muy equivocada tituló “El país que sigue matando a sus jóvenes”. Es un titular muy infortunado, porque el país somos todos: es el director de ese periódico, Roberto Pombo; es el director de El Espectador, Fidel Cano; son sus redactores y sus familiares; soy yo; es mi familia; son mis amigos y sus familiares; son todos los colombianos. Ni Roberto, ni Fidel, ni los redactores de los periódicos, ni yo, ni mis familiares, ni mis amigos, ni la gran mayoría de los colombianos, que son gente buena, honrada y trabajadora, estamos cometiendo estas masacres.
Esos asesinatos los están cometiendo unos grupos armados ilegales específicos, como el Eln, la disidencia de las Farc y el llamado Clan del Golfo, que se disputan los cultivos de coca y las rutas para sacar la droga, como contradictoriamente lo reconoce el mismo artículo. El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, ha tenido el coraje de reconocerlo y también lo han hecho recientemente la revista Semana y un editorial del mismo diario El Tiempo, artículos en los que finalmente se está admitiendo que la gran mayoría de los asesinatos de líderes sociales provienen del narcotráfico. Esta es una historia por la que el país ya pasó, que nuestros jóvenes desconocen y que, para nuestro infortunio, estamos volviendo a padecer. El narcotráfico corrompió la política, financió a los carteles de la droga, a los paramilitares y a los grupos guerrilleros, todos causantes de las peores atrocidades que llevaron a que Colombia fuera considerada un “Estado fallido” en la década de los 90.
Como lo han argumentado filósofos-políticos como John Gray y Michael Ignatieff, las peores violaciones a los derechos humanos se presentan cuando los Estados se desploman. Hacia el año 2002, por la violencia, los particulares no podían transitar por las carreteras y más de 400 alcaldes de todo el país despachaban desde Bogotá. Para esa época, las Farc ya habían copado el lugar de los grandes carteles de Medellín y Cali, lo que llevó al exguerrillero salvadoreño y analista Joaquín Villalobos a afirmar que las Farc eran el único cartel con ejército propio, y a Paul Collier, profesor de Oxford, a argumentar que ellas eran el mayor cartel de narcotráfico del mundo. Con el apoyo de los Estados Unidos, con el Plan Colombia, con la reforma de las Fuerzas Armadas y con la Seguridad Democrática, se recuperó el control en la casi totalidad del territorio, se extraditaron 12 jefes paramilitares a Estados Unidos, se derrotó a las Farc y se desplomaron los asesinatos y los secuestros. Eso fue posible porque se erradicó la gran mayoría de las siembras de coca y la exportación de clorhidrato de cocaína. Para nuestra desgracia, las siembras y el narcotráfico se volvieron a disparar a partir de 2015 y eso ayuda a explicar por qué, otra vez, hay mas de 6.000 alzados en armas en el país.
Entre tanto, Santrich e Iván Márquez deben estar felices, pues mientras ellos, desde Venezuela, ordenan reclutar jóvenes, traficar con coca y cometer masacres, uno de los principales diarios del país atribuye todas esas muertes no a estos malhechores, sino a todos nosotros, el resto de los colombianos.
A raíz del asesinato de los jóvenes en Cali y de las masacres en Samaniego y en Leiva (Nariño), el diario El Tiempo, en su edición virtual del 20 de agosto, en forma muy equivocada tituló “El país que sigue matando a sus jóvenes”. Es un titular muy infortunado, porque el país somos todos: es el director de ese periódico, Roberto Pombo; es el director de El Espectador, Fidel Cano; son sus redactores y sus familiares; soy yo; es mi familia; son mis amigos y sus familiares; son todos los colombianos. Ni Roberto, ni Fidel, ni los redactores de los periódicos, ni yo, ni mis familiares, ni mis amigos, ni la gran mayoría de los colombianos, que son gente buena, honrada y trabajadora, estamos cometiendo estas masacres.
Esos asesinatos los están cometiendo unos grupos armados ilegales específicos, como el Eln, la disidencia de las Farc y el llamado Clan del Golfo, que se disputan los cultivos de coca y las rutas para sacar la droga, como contradictoriamente lo reconoce el mismo artículo. El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, ha tenido el coraje de reconocerlo y también lo han hecho recientemente la revista Semana y un editorial del mismo diario El Tiempo, artículos en los que finalmente se está admitiendo que la gran mayoría de los asesinatos de líderes sociales provienen del narcotráfico. Esta es una historia por la que el país ya pasó, que nuestros jóvenes desconocen y que, para nuestro infortunio, estamos volviendo a padecer. El narcotráfico corrompió la política, financió a los carteles de la droga, a los paramilitares y a los grupos guerrilleros, todos causantes de las peores atrocidades que llevaron a que Colombia fuera considerada un “Estado fallido” en la década de los 90.
Como lo han argumentado filósofos-políticos como John Gray y Michael Ignatieff, las peores violaciones a los derechos humanos se presentan cuando los Estados se desploman. Hacia el año 2002, por la violencia, los particulares no podían transitar por las carreteras y más de 400 alcaldes de todo el país despachaban desde Bogotá. Para esa época, las Farc ya habían copado el lugar de los grandes carteles de Medellín y Cali, lo que llevó al exguerrillero salvadoreño y analista Joaquín Villalobos a afirmar que las Farc eran el único cartel con ejército propio, y a Paul Collier, profesor de Oxford, a argumentar que ellas eran el mayor cartel de narcotráfico del mundo. Con el apoyo de los Estados Unidos, con el Plan Colombia, con la reforma de las Fuerzas Armadas y con la Seguridad Democrática, se recuperó el control en la casi totalidad del territorio, se extraditaron 12 jefes paramilitares a Estados Unidos, se derrotó a las Farc y se desplomaron los asesinatos y los secuestros. Eso fue posible porque se erradicó la gran mayoría de las siembras de coca y la exportación de clorhidrato de cocaína. Para nuestra desgracia, las siembras y el narcotráfico se volvieron a disparar a partir de 2015 y eso ayuda a explicar por qué, otra vez, hay mas de 6.000 alzados en armas en el país.
Entre tanto, Santrich e Iván Márquez deben estar felices, pues mientras ellos, desde Venezuela, ordenan reclutar jóvenes, traficar con coca y cometer masacres, uno de los principales diarios del país atribuye todas esas muertes no a estos malhechores, sino a todos nosotros, el resto de los colombianos.