En una tradición muy colombiana, la discusión económica está centrada en el corto plazo y en el déficit fiscal. Esa tradición hacendista ha tenido en el pasado algunas ventajas, pero puede tornarse inconveniente si oculta los problemas estructurales.
Varios think tanks, gremios y universidades dejaron de opinar sobre los grandes problemas estructurales y a veces parecen pretender que, simplemente, bajando la tasa de interés o reversando el incremento del IVA al 19 % volveríamos a crecer a más del 5 o 6 %. Otros están pidiendo que se vuelva a cerrar la economía y que se otorguen subsidios a sus sectores. Más pronto que tarde, los equipos económicos de los candidatos a la Presidencia deberán comprender que la economía enfrenta muy serios problemas estructurales y que, pasado un umbral, de no resolverse dichos problemas harán insolubles nuestras dificultades de corto plazo.
Primero, con una economía mayoritariamente informal pretendemos tener un Estado social de derecho, pero no tenemos los recursos para financiarlo. El Gobierno recauda apenas un 14 % del PIB en impuestos, y si sumamos los ingresos territoriales y todas las contribuciones a la seguridad social, quizá alcanzamos algo más del 20 %. Ahora que vamos a entrar a la OCDE debemos compararnos con algunos de sus países miembros, como España. Este es un país con cifras demográficas y laborales casi idénticas a las nuestras, pero su informalidad laboral es de un 5 %, mientras la nuestra es de 65 %. Esto hace que allá declaren renta más de 19 millones de personas, mientras que acá lo hacen sólo dos millones. Como consecuencia, en Colombia sólo recaudamos un 20 % del PIB en impuestos, mientras los españoles recaudan un 42 %.
Segundo, la eficiencia del gasto público es deplorable. Como se ha hecho evidente en estos días, una parte de los recursos públicos se están asignando vía corrupción, las regalías para innovación la están malgastando varios gobernadores, Carlos Caballero argumenta en su columna de El Tiempo que se han disparado los auxilios parlamentarios, ahora llamados cupos indicativos, y el DNP ha dicho que decenas de billones de pesos se entregan en subsidios a quienes no los necesitan.
Tercero, no puede caber la menor duda de que la inestabilidad jurídica está frenando la inversión. El referendo de Cajamarca y los otros referendos contra la inversión minera formal tienen prácticamente paralizados a los sectores mineros y de hidrocarburos. El escándalo de Odebrecht ha causado mucho ruido en la construcción de carreteras y, en forma semejante, mientras no se conozca el contenido de la nueva ley de tierras, será prácticamente imposible que se reactive la inversión en el sector agropecuario y en el agroindustrial.
A pesar de su importancia, varios actores se niegan a discutir estos problemas estructurales, como las consecuencias de la enorme informalidad laboral y empresarial, la ineficiencia del gasto público o la inseguridad jurídica. Es cierto que su solución es compleja y que toma mucho tiempo, pero tarde o temprano tendremos que enfrentarlos, sabiendo que no habrá solución facilista. En el mundo, vemos que el populismo cortoplacista de Maduro tiene a Venezuela en el abismo y el de Trump está comenzando a descomponer a los Estados Unidos. Por otro lado, en Francia, Macron ha optado por el reformismo estructural, aun a costa de su popularidad. En los próximos meses veremos por cuál de estos modelos se inclinan nuestros formadores de opinión y los candidatos a la Presidencia.
En una tradición muy colombiana, la discusión económica está centrada en el corto plazo y en el déficit fiscal. Esa tradición hacendista ha tenido en el pasado algunas ventajas, pero puede tornarse inconveniente si oculta los problemas estructurales.
Varios think tanks, gremios y universidades dejaron de opinar sobre los grandes problemas estructurales y a veces parecen pretender que, simplemente, bajando la tasa de interés o reversando el incremento del IVA al 19 % volveríamos a crecer a más del 5 o 6 %. Otros están pidiendo que se vuelva a cerrar la economía y que se otorguen subsidios a sus sectores. Más pronto que tarde, los equipos económicos de los candidatos a la Presidencia deberán comprender que la economía enfrenta muy serios problemas estructurales y que, pasado un umbral, de no resolverse dichos problemas harán insolubles nuestras dificultades de corto plazo.
Primero, con una economía mayoritariamente informal pretendemos tener un Estado social de derecho, pero no tenemos los recursos para financiarlo. El Gobierno recauda apenas un 14 % del PIB en impuestos, y si sumamos los ingresos territoriales y todas las contribuciones a la seguridad social, quizá alcanzamos algo más del 20 %. Ahora que vamos a entrar a la OCDE debemos compararnos con algunos de sus países miembros, como España. Este es un país con cifras demográficas y laborales casi idénticas a las nuestras, pero su informalidad laboral es de un 5 %, mientras la nuestra es de 65 %. Esto hace que allá declaren renta más de 19 millones de personas, mientras que acá lo hacen sólo dos millones. Como consecuencia, en Colombia sólo recaudamos un 20 % del PIB en impuestos, mientras los españoles recaudan un 42 %.
Segundo, la eficiencia del gasto público es deplorable. Como se ha hecho evidente en estos días, una parte de los recursos públicos se están asignando vía corrupción, las regalías para innovación la están malgastando varios gobernadores, Carlos Caballero argumenta en su columna de El Tiempo que se han disparado los auxilios parlamentarios, ahora llamados cupos indicativos, y el DNP ha dicho que decenas de billones de pesos se entregan en subsidios a quienes no los necesitan.
Tercero, no puede caber la menor duda de que la inestabilidad jurídica está frenando la inversión. El referendo de Cajamarca y los otros referendos contra la inversión minera formal tienen prácticamente paralizados a los sectores mineros y de hidrocarburos. El escándalo de Odebrecht ha causado mucho ruido en la construcción de carreteras y, en forma semejante, mientras no se conozca el contenido de la nueva ley de tierras, será prácticamente imposible que se reactive la inversión en el sector agropecuario y en el agroindustrial.
A pesar de su importancia, varios actores se niegan a discutir estos problemas estructurales, como las consecuencias de la enorme informalidad laboral y empresarial, la ineficiencia del gasto público o la inseguridad jurídica. Es cierto que su solución es compleja y que toma mucho tiempo, pero tarde o temprano tendremos que enfrentarlos, sabiendo que no habrá solución facilista. En el mundo, vemos que el populismo cortoplacista de Maduro tiene a Venezuela en el abismo y el de Trump está comenzando a descomponer a los Estados Unidos. Por otro lado, en Francia, Macron ha optado por el reformismo estructural, aun a costa de su popularidad. En los próximos meses veremos por cuál de estos modelos se inclinan nuestros formadores de opinión y los candidatos a la Presidencia.