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Como cada diciembre, se está discutiendo el alza del salario mínimo legal, un sueldo que es una ficción porque solo una fracción de los trabajadores ganan al menos esta suma en cargos estables a lo largo del año. Esa no es la situación de la gran mayoría de los trabajadores colombianos. Aunque parezca una terquedad, es menester repetir las cifras porque mucha gente se niega a aceptar la realidad.
Más de diez millones de trabajadores ganan menos del salario mínimo legal, que es hoy $877.803. Unos 12 millones de trabajadores no cotizan a la seguridad social, lo que representa un 60 % de todos los ocupados. Por lo menos unos dos millones de colombianos, en su mayoría jóvenes y mujeres, están desempleados, y otros tantos se cansaron de buscar trabajo y se consideran fuera de la población económicamente activa.
O sea, para estos colombianos el salario mínimo es realmente cero pesos. Si sumamos los desempleados, los inactivos y los que ganan menos de $877.803, podemos estar hablando de unos 14 millones de colombianos que ganan entre cero pesos y menos del mínimo legal. En estas circunstancias, está bien que se hagan propuestas para quienes tienen empleos formales estables, pero también es muy lícito preguntar: ¿por qué no se hacen propuestas para los desempleados y para los informales, que son la mayoría de la fuerza laboral? ¿Es que ellos no merecen consideración?
Pero ahora, además de alzas en el salario mínimo legal, se está proponiendo reducir la jornada de trabajo de la minoría que tiene empleos formales estables y no se plantea nada sobre la jornada de trabajo de los informales, ni se dan alternativas para los desempleados e inactivos. Tampoco se puede olvidar que se propone subir el salario mínimo legal en un 14 % y se plantea reducir la jornada laboral de los trabajadores formales durante una pandemia que ha ocasionado una de las peores contracciones de la economía colombiana en su historia.
A veces da la impresión de que quienes hacen esas propuestas y algunos columnistas que las defienden creen que la mayoría del empleo en Colombia lo generan empresas de gran tamaño, como son el mismo Estado —que es la más grande del país—, los gobiernos locales, los bancos, las cadenas de supermercados o las grandes fábricas. Están muy equivocados. Un 95 % de las empresas en Colombia tienen menos de cinco trabajadores, la gran mayoría informales. Para empresas como Ecopetrol o como ISA, un alza de un 14 % en el salario mínimo no las afecta porque en ellas todos ganan mucho más que el mínimo legal vigente. Pero, para la inmensa mayoría de las empresas, dicha alza o una reducción de la jornada laboral puede implicar terminar con un trabajo formal o hacerlo inalcanzable.
Por estas consideraciones, necesitamos con urgencia realizar un foro entre los representantes de los trabajadores formales, de los informales, los sectores políticos, los académicos y los gremios de la producción para discutir sin prevenciones estas propuestas. Este foro podría enmarcarse en dos principios generales. Primero, que plantee políticas para todos los trabajadores, tanto formales como informales, y segundo, que las políticas laborales sean también consistentes con las políticas tributarias y las de la seguridad social. Este foro debería organizarse a la brevedad, si es posible antes de que se vuelva a reunir el Congreso de la República en marzo próximo.
