La explosión social que vemos en Colombia tiene tres dimensiones. Primero, es un estallido juvenil muy semejante a los movimientos de los estudiantes de Hong Kong, los Chalecos Amarillos en Francia, el independentismo catalán, las revueltas estudiantiles en Irán, el levantamiento social de Chile en octubre de 2019, el Black Lives Matter de los Estados Unidos y otros episodios semejantes en Ecuador y Haití. Hasta en Cuba ha surgido el movimiento San Isidro, que pide libertad y ha sido brutalmente reprimido. Lo que desencadenó la protesta en Francia fue el alza de la gasolina; en Chile, el aumento al precio del tiquete del metro, y en Colombia, la reforma tributaria. Los estudiantes, los jóvenes y sus padres saben que el desempleo juvenil ronda el 50 % y la pandemia ha agravado una situación que ya era difícil; por estas razones, tiene todo el sentido que el Gobierno haya reconocido sus legítimas aspiraciones y priorice la mesa de diálogo con ellos.
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En segundo lugar, después de las marchas mayoritariamente de jóvenes y estudiantes, la imagen más visible del movimiento social ha sido la violencia asociada a la destrucción de estaciones de Transmilenio y del MIO, peajes en las carreteras, saqueos a grandes y pequeñas superficies, actos de grupos anarquistas y vándalos, no necesariamente organizados ni coordinados. La parte más grave de lo sucedido, en tercer lugar, es lo que el alcalde de Cali ha definido como “una nueva doctrina de guerra” que, según él, tuvo su primer laboratorio en noviembre de 2019 y tiene su segundo momento en la actualidad. Para Jorge Iván Ospina, esta es una doctrina violenta con conexiones internacionales, orientada a provocar la anarquía, fracturar la institucionalidad y romper los conductos normales para resolver los problemas, con la intención de violentar los derechos humanos. El alcalde Ospina señala que este es un plan muy organizado, que cuenta con milimetría y planos para realizar sus ataques a la Fuerza Pública y a la infraestructura, y está muy bien financiado.
Para nadie es ya un misterio que entre 2015 y 2018 se triplicaron las hectáreas sembradas de coca y las exportaciones de clorhidrato de cocaína, y que buena parte de esos ingresos están financiando a grupos armados ilegales como el Eln y las disidencias de las Farc. Como consecuencia, aun después de firmado el Acuerdo de Paz de La Habana, han sido asesinados 402 miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, 30 durante el primer trimestre de este año. Tampoco podemos olvidar que el 17 de enero de 2019 el Eln atacó la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, hecho que dejó 22 cadetes muertos y casi 100 heridos. Como si lo anterior fuera poco, se estima que un 95 % de los asesinatos a líderes sociales se han centrado en áreas de influencia del narcotráfico.
Entre tanto, los medios internacionales de comunicación se han centrado en denunciar los abusos de la policía, que sin duda se han presentado, pero ya es hora de que esos mismos medios y los líderes estudiantiles y de otros sectores que protestan legítimamente reconozcan el papel de los grupos armados ilegales que señala el alcalde Ospina, denuncien a sus autores, se desmarquen de los ataques a la Fuerza Pública, del bloqueo al transporte y de la destrucción de la infraestructura, que está afectando a toda la población.
