Los ataques y las quemas de más de 20 CAI en Bogotá parecen tener mucha semejanza con la ola de violencia que comenzó con la destrucción de las estaciones del metro de Santiago de Chile, el 18 de octubre de 2019. Lo que se quiso hacer pasar como un levantamiento espontáneo, está ahora comprobado, en Chile fue algo cuidadosamente planeado y coordinado. Una parte importante de la estrategia fue desacreditar a los carabineros, acusarlos de violaciones a los derechos humanos y, por supuesto, inmovilizarlos. Como resultado, más 50 estaciones de metro fueron destruidas, se asaltaron y se incendiaron 400 supermercados, se destruyeron cientos de semáforos, se quemaron iglesias, se decapitaron estatuas de héroes de la Independencia y se demolieron imágenes de Jesucristo, santos y la Virgen María.
Quienes vivimos en Bogotá esperamos que las autoridades nos informen muy pronto sobre los responsables de este estallido de violencia. Se sabe que el asesinato del abogado Javier Ordóñez desató protestas y movilizaciones, una muerte que debe ser investigada y sus responsables, llevados a la justicia. También es cierto que, desde hace semanas, circulan en las redes sociales videos muy sofisticados, invitando a la movilización y a la protesta social con un claro desacato a las autoridades. Con un enfoque que parece calcado del discurso del marxista Ernesto Laclau, quien a su vez se inspiró en el ideólogo nazi Carl Schmitt, los videos tienen una concepción dicotómica de la sociedad e invitan a la confrontación social del pueblo contra lo que denominan las élites y los ricos. En ningún momento hacen referencia a la disputa política al amparo de las instituciones, la democracia y la lucha electoral. Por el contrario, como ya sucedió con la protesta social del año pasado, sus líderes parecen vislumbrar un momento insurreccional para la toma del poder por la vía de la violencia.
Lo más increíble es que sectores que siempre han defendido la sociedad abierta y la democracia liberal se han sumado a la ola de desprestigio a las fuerzas del orden y, en particular, a la Policía Nacional y el Esmad. Sorprende también la actitud vacilante de la Alcaldía de Bogotá para defender a la fuerza pública y condenar la violencia, mientras se materializa la quema de los CAI y los buses y estaciones de Transmilenio. Otros sectores parecen solo interesados en aprovechar el desorden para inculpar al Gobierno nacional, sin percatarse de la amenaza por la que atraviesa el país. Muchos se olvidan o no se han percatado de que, a partir del 2015, se disparó otra vez el narcotráfico, un negocio que está financiando a muchos grupos armados, que solo entre las disidencias de las Farc y el Eln suman ya más de 6.000 miembros, con el apoyo abierto de Maduro. Tampoco parecen entender que nuestras instituciones, entre ellas el sistema de salud, tienen el peso de un millón y medio de venezolanos que han entrado y han sido acogidos en Colombia, y también se olvidan de que estamos enfrentando la peor pandemia de la historia. Al tiempo que debemos reconocer el derecho a la protesta pacífica, los que creemos en las instituciones republicanas tenemos que unir fuerzas para defender a la fuerza pública, exigir que pare la destrucción de los CAI, los buses y las estaciones de Transmilenio y que se lleve a la justicia a sus responsables.
Los ataques y las quemas de más de 20 CAI en Bogotá parecen tener mucha semejanza con la ola de violencia que comenzó con la destrucción de las estaciones del metro de Santiago de Chile, el 18 de octubre de 2019. Lo que se quiso hacer pasar como un levantamiento espontáneo, está ahora comprobado, en Chile fue algo cuidadosamente planeado y coordinado. Una parte importante de la estrategia fue desacreditar a los carabineros, acusarlos de violaciones a los derechos humanos y, por supuesto, inmovilizarlos. Como resultado, más 50 estaciones de metro fueron destruidas, se asaltaron y se incendiaron 400 supermercados, se destruyeron cientos de semáforos, se quemaron iglesias, se decapitaron estatuas de héroes de la Independencia y se demolieron imágenes de Jesucristo, santos y la Virgen María.
Quienes vivimos en Bogotá esperamos que las autoridades nos informen muy pronto sobre los responsables de este estallido de violencia. Se sabe que el asesinato del abogado Javier Ordóñez desató protestas y movilizaciones, una muerte que debe ser investigada y sus responsables, llevados a la justicia. También es cierto que, desde hace semanas, circulan en las redes sociales videos muy sofisticados, invitando a la movilización y a la protesta social con un claro desacato a las autoridades. Con un enfoque que parece calcado del discurso del marxista Ernesto Laclau, quien a su vez se inspiró en el ideólogo nazi Carl Schmitt, los videos tienen una concepción dicotómica de la sociedad e invitan a la confrontación social del pueblo contra lo que denominan las élites y los ricos. En ningún momento hacen referencia a la disputa política al amparo de las instituciones, la democracia y la lucha electoral. Por el contrario, como ya sucedió con la protesta social del año pasado, sus líderes parecen vislumbrar un momento insurreccional para la toma del poder por la vía de la violencia.
Lo más increíble es que sectores que siempre han defendido la sociedad abierta y la democracia liberal se han sumado a la ola de desprestigio a las fuerzas del orden y, en particular, a la Policía Nacional y el Esmad. Sorprende también la actitud vacilante de la Alcaldía de Bogotá para defender a la fuerza pública y condenar la violencia, mientras se materializa la quema de los CAI y los buses y estaciones de Transmilenio. Otros sectores parecen solo interesados en aprovechar el desorden para inculpar al Gobierno nacional, sin percatarse de la amenaza por la que atraviesa el país. Muchos se olvidan o no se han percatado de que, a partir del 2015, se disparó otra vez el narcotráfico, un negocio que está financiando a muchos grupos armados, que solo entre las disidencias de las Farc y el Eln suman ya más de 6.000 miembros, con el apoyo abierto de Maduro. Tampoco parecen entender que nuestras instituciones, entre ellas el sistema de salud, tienen el peso de un millón y medio de venezolanos que han entrado y han sido acogidos en Colombia, y también se olvidan de que estamos enfrentando la peor pandemia de la historia. Al tiempo que debemos reconocer el derecho a la protesta pacífica, los que creemos en las instituciones republicanas tenemos que unir fuerzas para defender a la fuerza pública, exigir que pare la destrucción de los CAI, los buses y las estaciones de Transmilenio y que se lleve a la justicia a sus responsables.