Una gran oportunidad

DESPUÉS DE QUE EL CONGRESO APRObó amplias facultades para reformar la administración pública, el Gobierno tiene una gran oportunidad para realizar cambios que, al tiempo que incrementen la eficacia y la eficiencia, aumenten también la transparencia del Estado.

En realidad unos objetivos no se hacen a costa de los otros. Un sólido marco conceptual argumenta que la transparencia, al tiempo que es la primera herramienta en la lucha contra la corrupción, es también un instrumento fundamental para manejar los principales problemas de economía política, como los de coordinación (los llamados problemas de los “comunes”) y los de consistencia dinámica, entre otros. No puede haber transparencia sin sistemas de información que permitan a la ciudadanía saber qué está sucediendo con los recursos y las políticas públicas.

A pesar de los esfuerzos realizados en el pasado, en este campo Colombia tiene aún un largo camino por recorrer y, por ello tenemos que aprender de las experiencias de otros países. De Perú podemos copiar el sistema de seguimiento a la ejecución presupuestal, en donde se puede ver la ejecución del gasto diario (ojo, ¡diario!) en las fases de compromiso, devengado y ejecutado para el gobierno nacional, los entes territoriales y los municipios de todo el país y para todas las entidades ejecutoras. En ese país también existe un buen módulo de seguimiento a la inversión pública en todos los niveles de la administración. Además de sistemas de información, éstos son sistemas de gestión del gasto pues cualquier funcionario o entidad que quiera comprometer un gasto tiene que hacerlo en estos sistemas, que son públicos y en tiempo real y se pueden ver en el Portal de Transparencia Económica, del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (www.mef.gob.pe).  Como un paso en esa dirección, el SIIF del Ministerio de Hacienda y el SUIFP del DNP deberían a la brevedad hacerse de libre acceso a todos los colombianos a través de la web.

Para que la información de los gobiernos sea cierta, fiable y creíble, Colombia debería crear un Consejo para la Transparencia, como el que tiene Chile, un órgano autónomo de derecho público que tiene como misión promover y cooperar en la construcción e institucionalización de una cultura de la transparencia, garantizando el derecho de acceso a la información pública de las personas. Constituido por personas de las más altas calidades, este organismo dirime también los litigios de información entre los ciudadanos y el Estado. Además, como parte de la cultura de la transparencia, también deberíamos contar con portales como los de los ministerios y entidades públicas de Chile, en donde se reporta mucha información como los sueldos de los ministros y de todos los funcionarios, incluyendo primas y bonificaciones, hasta los nombres de todos los contratos de prestación de servicios con los nombres de los contratistas y los montos involucrados. Aquellos ministerios y entidades que entregan subsidios también tienen que publicar los nombres de todos los beneficiarios. Y en los mismos portales de todas las entidades públicas chilenas, también aparecen las declaraciones de renta y patrimonio de los ministros y de todos los altos funcionarios del Estado.

Finalmente, es menester decir que una información de calidad, aun de disponibilidad pública y en tiempo real, es una condición necesaria pero no es suficiente para eliminar la corrupción. Si no eliminamos el clientelismo como forma de hacer política y si no evitamos que lleguen canallas, bellacos y ladrones a la administración pública, lo que avancemos en información será como arar en el mar.