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ICE, la agencia federal estadounidense a cargo del control migratorio, fue creada para combatir el terrorismo. Pero, versados que son los norteamericanos en el arte de la aporía, ICE se convirtió en una agencia que comete actos de terrorismo estatal. Esta es la historia.
Según Vox, prácticamente desde el principio, uno de los criterios principales a la hora diseñar políticas migratorias del estado norteamericano ha sido la discriminación basada en raza, etnia y alineaciones geopolíticas. En 1798, el Congreso, en manos de los Federalistas, pasó la Ley de Extranjeros y Sedición, concebida por el oficialismo parcialmente para excluir a los migrantes de origen irlandés y francés que entonces constituían la base electoral del partido de oposición liderado por Thomas Jefferson: el Partido Republicano-Demócrata (aunque parezca increíble, antes conformaban un solo partido.)
Después de la Guerra Civil, el Congreso aprobó la Ley de Exclusión China que, en la práctica, convertía a Estados Unidos en un país con bordes relativamente abiertos con la excepción de China, por razones puramente eugenésicas. En 1924, tras la Primera Guerra Mundial, una nueva ley fue aprobada para controlar la inmigración, alegando que la llegada de refugiados europeos de la guerra podía afectar la “forma de vida americana” ⎯un eufemismo clásico de la xenofobia. La ley también fijó un sistema de cuotas para preservar las proporciones demográficas norteamericanas, limitando severamente la inmigración desde Asia y África. Sin embargo, este sistema de cuotas nunca se concentró en la región que hoy representa el punto neurálgico del “problema” migratorio: Latinoamérica.
En 1942, como respuesta a la escasez de mano de obra que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial, un acto de ley permitió a millones de hombres mexicanos entrar legalmente a trabajar a las tierras del Tío Sam. Pero, la codicia de muchos empleadores estadounidenses, ansiosos por una mano de obra aún más barata, incentivó la llegada de miles de trabajadores mexicanos que cruzaron la frontera de manera ilegal. Fue ahí cuando el debate sobre inmigración empezó a girar en torno al borde que divide a Estados Unidos de Latinoamérica.
En 2003, como respuesta a los atentados del 11 de septiembre, George W. Bush creó el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE. Según The New York Times, el objetivo original de la agencia fue coordinar una estrategia de seguridad nacional para prevenir el terrorismo. Dos década después, esta combinación de lucha contra el terrorismo y control migratorio le cayó al actual mandatario, Donald Trump, como anillo al dedo. Al fin y al cabo, una y otra vez, Trump se ha referido a la migración como un problema de terrorismo.
El magnate retornó al poder prometiendo la mayor campaña de deportación en la historia. Y para tal fin, no podía contar con un mejor aliado que ICE. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, ICE ha arrestado a miles de personas sin orden de captura ⎯es decir, de manera ilegal⎯, llevado a cabo redadas masivas en hospitales y factorías, trasladado a miles de migrantes a centros de detención sin debido proceso ⎯donde se estima que más de 50 han muerto⎯ y deportado ilegalmente alrededor de 21,000 a centros de detención en terceros países, como El Salvador, donde quedan expuestos a violaciones de derechos humanos. Como si fuera poco, agentes de ICE han disparado contra 22 civiles, de los cuales 8 han sido asesinados. Más aún, según Human Rights Watch, el criterio principal de ICE a la hora de perseguir migrantes es principalmente étnico y racial.
La intención de Trump no deja lugar a dudas: causar terror en la comunidad migrante atentando directamente contra la población civil. El politólogo norteamericano Bruce Hoffman define al terrorismo como la explotación deliberada del miedo mediante la violencia contra civiles, una definición que coincide cabalmente con la estrategia que lidera Trump, de la mano de ICE, para montar un envilecido teatro de la persecución de los migrantes.
Por Santiago Vargas Acebedo
