Ningún gerente serio asume una empresa sin revisar sus cuentas. Ningún comprador firma una adquisición sin hacer due diligence. Y ningún presidente responsable debería recibir el Estado sin saber qué contratos se firmaron a última hora, qué obligaciones quedan pendientes, dónde están los estados financieros y qué decisiones se tomaron en los últimos meses.
Por eso, cuando Abelardo de la Espriella anuncia un “empalme anticorrupción”, la respuesta de quienes se van (“revanchismo”) no resiste mucho análisis. Tampoco el reparo técnico según el cual un comité de particulares no tiene competencias para auditar.
El principio es elemental: quien va a responder por el Estado tiene el derecho, y sobre todo el deber, de conocer en qué estado lo recibe. Gobernar sin diagnóstico no es prudencia democrática, sino negligencia. La transición es el momento en que una administración entrega las llaves y otra debe revisar qué hay detrás de la puerta. Convertir ese momento en una ceremonia de fotos y discursos sería empezar a gobernar con los ojos vendados.
La rendición de cuentas, además, no puede depender de quién ocupa el poder. Durante años, la izquierda exigió (con razón) que Uribe y Duque explicaran hasta el último peso, contrato y nombramiento. Ese estándar no puede evaporarse porque ahora los examinados son los propios. Quien aplaude el control cuando recae sobre el adversario, pero lo llama persecución cuando lo alcanza, no defiende un principio: defiende una excepción.
El argumento jurídico también es débil. Nadie propone que el comité imponga sanciones, declare responsabilidades fiscales o sustituya a la Contraloría y la Fiscalía. Su tarea es más modesta y perfectamente legítima: recopilar, examinar y ordenar información pública; identificar alertas y, cuando corresponda, trasladarlas a los órganos competentes. El comité detecta, pero son las autoridades quienes investigan y juzgan.
La objeción más seria viene de Alejandro Gaviria. Advierte que un gobierno nuevo puede perderse peleando con el anterior y convertir la herencia recibida en excusa para no gobernar. Es un riesgo real. Colombia ha visto administraciones que viven de denunciar el desastre que recibieron, incluso después de haber tenido tiempo suficiente para corregirlo.
Pero esa posibilidad no es un argumento contra la auditoría, sino contra la auditoría convertida en espectáculo. Auditar y gobernar no son tareas incompatibles. El presidente y su gabinete deben ejecutar su programa. Un equipo técnico puede revisar la información, producir un diagnóstico y remitir hallazgos. Uno gobierna y el otro audita.
De hecho, no se puede corregir lo que no se ha entendido. Quien pretende arreglar el sistema de salud necesita saber primero qué ocurre en Nueva EPS. Quien quiere ordenar las finanzas públicas debe conocer la verdadera situación de las cuentas. Diagnosticar no distrae de gobernar, sino que evita gobernar a ciegas.
La regla debería ser sencilla: auditoría seria, con método, plazos y garantías. Cero linchamientos, cero filtraciones selectivas y cero uso de cada expediente como munición de redes sociales. No se trata de administrar la amnesia, pero tampoco de vivir de la herencia.
El gobierno entrante debe revisar lo que recibe y gobernar hacia adelante. Una cosa no excluye la otra. La primera es condición de la segunda.
Por Santiago Vélez Posada
