Hoy el petrismo sale a las calles a protestar contra un gobierno que apenas cumple setenta días. Tiene todo el derecho de hacerlo. La Constitución protege la manifestación pública, incluso cuando sus consignas son injustas o equivocadas. Pero una cosa es la legitimidad de marchar y otra, distinta, la coherencia de los motivos.
Comencemos por la salud de los maestros. Fecode reclama soluciones a las deficiencias de un modelo que comenzó a funcionar en mayo de 2024, fruto de un acuerdo entre el gobierno de Gustavo Petro y el propio sindicato. Los problemas eran tan evidentes que Fecode ya protestaba por ellos durante la administración anterior. Ahora pretenden presentar la crisis como si hubiera nacido el pasado 7 de agosto. Quien ayudó a diseñar la casa no puede atribuirle todas las goteras al nuevo inquilino.
También se invocan la educación pública, la financiación del Estado y las condiciones laborales. Son preocupaciones legítimas. Lo absurdo es exigir que en dos meses se hayan resuelto problemas acumulados durante años, cuatro de ellos bajo el gobierno al que buena parte de los convocantes respaldó. El cambio de presidente no borra la historia ni reinicia las cuentas del país.
Las centrales obreras añaden preocupaciones sobre eventuales cambios laborales y pensionales, privatizaciones y el salario mínimo de 2027. Son asuntos que merecen debate. Pero discutir políticas anunciadas no equivale a demostrar que ya produjeron los desastres que se les atribuyen. Para ejercer oposición responsable hacen falta argumentos, no profecías.
Otro motivo es el Estatuto Antiterrorista. Se puede discutir su alcance, impugnar artículos y exigir controles judiciales. Así funciona una democracia. Lo que no tiene sentido es presentar un proyecto todavía en discusión como si sus supuestas consecuencias ya se hubieran materializado. Combatir el terrorismo fue una promesa electoral de Abelardo de la Espriella. Pedirle que renuncie de entrada a ella equivale a desconocer el mandato que recibió en las urnas.
Distinto es el decreto que regula la actuación policial durante las protestas: ese sí existe y debe someterse a escrutinio. La fuerza pública está obligada a respetar la proporcionalidad y los derechos fundamentales. Pero los manifestantes también deben respetar los derechos de los demás. Protestar no confiere una licencia para destruir bienes, impedir ambulancias ni cerrar indefinidamente las vías. La libertad no puede ser privilegio exclusivo de quien grita más duro.
Por supuesto, no todos los que marchan son petristas ni todas sus reclamaciones son infundadas. Una sociedad libre necesita oposición, sindicatos activos y ciudadanos capaces de cuestionar al poder. Precisamente por eso vale la pena separar las demandas auténticas del espectáculo partidista.
La pregunta, entonces, es sencilla: ¿estamos ante una movilización para corregir errores concretos o ante una campaña para erosionar a un presidente antes de darle siquiera la oportunidad de gobernar? Por los protagonistas, el momento elegido y la mezcla de reproches heredados y temores futuros, me inclino por lo segundo.
La democracia exige vigilancia desde el primer día. Lo que no exige es amnesia desde el segundo.