Angie Rodríguez hizo una serie de acusaciones graves contra Gustavo Petro. Habló de presiones, intimidaciones, temor por su vida y de un intento de trasladar COP 1,2 billones del Fondo Adaptación a la UNGRD. Algunas de sus afirmaciones deberán probarse, otras podrán ser desmentidas, pero ninguna fue respondida por el presidente.
Petro escogió un camino distinto: revelar que Rodríguez había recibido atención psiquiátrica. La maniobra fue burda. En lugar de discutir los hechos, puso bajo sospecha la salud mental de quien los denunciaba. Ya no había que preguntarse si se intentó mover el dinero, quién dio la orden o por qué la entonces directora del Fondo Adaptación se opuso. Había que preguntarse si Angie estaba bien de la cabeza.
Es una vieja técnica del poder. Primero se patologiza al adversario, después se presenta cualquier acusación como un síntoma de su enfermedad. El denunciante deja de ser alguien que afirma hechos verificables y se convierte en un paciente al que hay que interpretar. Sus palabras ya no se responden: se diagnostican.
El problema no es únicamente la posible violación de la intimidad de una antigua funcionaria. Es el uso deliberado de información médica para destruir su credibilidad. Petro sabía que mencionar un tratamiento psiquiátrico produciría un efecto inmediato. En una sociedad que todavía asocia la atención psicológica con la incapacidad, bastaba con sembrar la duda. No necesitaba demostrar que Rodríguez mentía, le bastaba con sugerir que estaba perturbada.
La contradicción es evidente. Durante años, la izquierda ha pedido hablar de salud mental sin vergüenza, eliminar los prejuicios y reconocer que la depresión, la ansiedad o cualquier otro padecimiento no anulan la dignidad ni la capacidad de una persona. Pero cuando la paciente se convierte en adversaria del presidente, el diagnóstico deja de ser una condición que merece respeto y se transforma en una prueba de descalificación.
También hay un elemento especialmente inquietante: la desigualdad de poder. Petro no era un ciudadano respondiéndole a otro en una discusión privada. Era el presidente de la República usando información conocida durante una relación laboral para atacar públicamente a una subordinada. El mensaje no estaba dirigido solamente a Angie Rodríguez. También iba a cualquier funcionario que conserve documentos, formule objeciones o decida denunciar: el Gobierno conoce sus debilidades y puede exhibirlas.
Nada de esto demuestra que las acusaciones de Rodríguez sean ciertas. Deben investigarse con rigor. La gravedad de una denuncia no reemplaza las pruebas, y el hecho de enfrentarse al presidente tampoco convierte automáticamente a nadie en heroína. Pero una incapacidad médica tampoco reemplaza una respuesta.
Petro pudo responder con pruebas, documentos y nombres, pero prefirió responder con la historia clínica de Angie Rodríguez. Es una forma miserable de ejercer el poder: cuando no puede refutar una denuncia, intenta convertir la salud mental de la denunciante en el problema.
Por Santiago Vélez Posada
