Empiezo por lo justo. La reforma pensional que la Corte acaba de aprobar tiene virtudes que sus críticos solemos pasar por alto: crea un pilar solidario para los adultos mayores en situación de pobreza, elimina el absurdo de dos regímenes que competían bajo reglas distintas y reduce los subsidios que la Nación destinaba a las pensiones más altas. Nada de eso es menor.
El problema es todo lo demás, y todo lo demás es casi toda la reforma. Primero, la aritmética que nadie quiere mirar. Un régimen de reparto funciona como una cadena: quienes cotizan hoy pagan las pensiones de quienes se retiraron ayer, bajo la promesa de que mañana habrá alguien detrás para hacer lo mismo por ellos. La reforma amplía ese reparto: todo lo cotizado hasta 2,3 salarios mínimos irá obligatoriamente a Colpensiones, lo que, según Anif, equivale a cerca de dos tercios de las cotizaciones del país.
Y lo hace justo cuando la demografía colombiana empieza a jugar en contra. El DANE informó en marzo que en 2025 nacieron 433.678 colombianos, la cifra más baja en una década, y que la tasa global de fecundidad cayó a un hijo por mujer. El nivel de reemplazo poblacional es 2,1. Ese año nacieron 433 mil personas y murieron 283 mil. Un sistema que depende de que cada generación financie a la anterior empieza a tambalear cuando cada generación es más pequeña que la precedente.
Segundo, el alivio de caja disfrazado de sostenibilidad. Cada peso que entra hoy a Colpensiones alivia el presupuesto presente, pero crea una obligación futura. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal calculó que las necesidades de Colpensiones para pagar mesadas pasarían del 3 % del PIB en 2025 al 4,9 % en 2065, y que el Fondo de Ahorro se agotaría hacia esa misma fecha. Es decir, el colchón alcanza más o menos hasta cuando se pensionen quienes hoy tienen treinta años. La reforma no cierra el hueco, sino que lo aplaza.
Tercero, el ahorro que desaparece. Eafit estimó que el umbral aprobado reduce el ahorro nacional en más de veinte puntos del PIB frente a un umbral de un salario mínimo. Y ese ahorro no es una abstracción de banqueros: es capital de largo plazo que compra deuda pública, financia infraestructura y alimenta un mercado de capitales ya raquítico. Cambiamos ahorro acumulado por obligaciones futuras y activos reales por promesas contables.
Cuarto, y quizá lo más importante: no reformaron lo esencial. La ley no modifica la edad de pensión, ni las tasas de reemplazo, ni el ingreso base de liquidación. Cambió quién administra buena parte de los aportes, pero no las variables que determinan cuánto cuesta el sistema. El propio Ministerio de Trabajo ha admitido que, en unos quince años, será necesaria una reforma paramétrica. Una reforma que nace anunciando la siguiente difícilmente puede llamarse una solución.
Y sobre la cobertura, el silencio es casi completo. El gran drama pensional colombiano nunca fue solamente quién administra los aportes, sino una informalidad que deja a millones de personas sin cotizaciones suficientes para pensionarse. Para ellas, la ley crea un bono de subsistencia. Está bien que exista. Lo discutible es que para financiar el nuevo esquema haya que debilitar el ahorro de quienes sí cotizan.
Queda así una reforma que redistribuye entre los incluidos, mejora la caja de hoy, aplaza buena parte del costo, castiga el ahorro y le pasa la cuenta a una generación que no votó y que, en buena medida, todavía no ha nacido. Petro la celebró como un triunfo del pueblo trabajador. Habría que preguntarle: ¿de cuál?
Por Santiago Vélez Posada
