En Colombia hay dos clases de escándalos: los que se leen y los que se investigan. Los primeros indignan y los segundos prescriben.
Esta semana abundaron los primeros. Deicy Jiménez le contó a Semana que Gustavo Petro le pagaba encuentros íntimos con contratos públicos, y que había otras treinta o cuarenta mujeres en su situación. Angie Rodríguez, su exdirectora del Dapre, hizo una pregunta al aire: “¿Había niños travestis ahí?”. Ninguna ha mostrado una foto en la que aparezca Petro.
Ahí está la trampa. Lo más sórdido es lo más frágil, y lo más frágil es justo lo que Petro necesita para volver a gritar que lo persiguen. Más aún cuando el Dapre del nuevo gobierno anuncia denuncias por “48 mujeres” y la revista que publica los testimonios es la misma que hoy le hace eco a la Casa de Nariño. Mientras tanto, lo grave sigue ahí: sin morbo y con expediente.
Primero, el Pacto de Valledupar. En octubre de 2025, a siete meses de las elecciones, funcionarios del gobierno se sentaron con una decena de excomandantes de las AUC recién nombrados “gestores de paz”. Mancuso asegura que les pidieron declarar contra Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella. Un documento habla de excarcelaciones y de revisar extradiciones. Benedetti prometió una verdad que iba a “asombrar” a una clase política con candidatos en carrera. Si eso se prueba, no hablamos de un desliz moral, sino de usar beneficios penales para conseguir testigos contra la oposición. Si les pidieron mentir, es soborno. Si les pidieron verdades a la medida de la campaña, es intervención en política. Y la paradoja: en esa mesa estaba Angie Rodríguez, a quien Mancuso señala como parte de la petición y a quien hoy investiga la Procuraduría.
Segundo, la UNGRD. Plata para desastres convertida en lubricante legislativo: carrotanques sin agua en La Guajira y, según la Fiscalía, pagos a los presidentes del Congreso. Dos exministros acusados ante la Corte Suprema y un exdirector del Dapre asilado en Managua.
Tercero, la campaña. El CNE sancionó a Petro Presidente por superar los topes en más de 5.300 millones, y la sanción quedó en firme. No es una opinión: es un acto administrativo. Su gerente, Ricardo Roa, está imputado.
Incluso en el relato de Deicy Jiménez, lo grave no es la cama, sino los contratos. Esos no necesitan fotos, pues están en el SECOP. Basta cruzarlos con fechas y firmas. Si el Estado pagó favores privados con contratos públicos, eso tiene varios nombres en el Código Penal, y ninguno es “vida privada”.
El problema no es que Petro tenga vida privada, sino que gobernó como si el Estado fuera parte de ella.
Todo esto terminará en la Comisión de Acusaciones, que el país conoce como de Absoluciones. Si el gobierno que ayer fue oposición quiere que algo sobreviva allí, que exhiba menos morbo y más contratos. A un mal gobernante no se le derrota con chismes, sino con expedientes.