Las cifras exactas tienen un poder especial. Su precisión otorga credibilidad y un carácter hipnótico, quizás por el ligerísimo esfuerzo mental adicional entre procesar 6.000 o 7.000 y 6.402.
Hace 50 años, la cifra simbólica que habría de marcar la gran masacre del Ejército fue “más de 3.000”. La gran masacre del Ejército ahora es un número quirúrgico: 6.402.
Y es que en estos tiempos nuestros la ontología de la no ficción y sus particularismos han desplazado el sentido narrativo y totalizante de la novela. Es adecuado entonces que su verdad metafórica dé paso a la verdad numérica de la justicia transicional.
Pero estaríamos engañados si pensamos que fueron 6.402. No fueron 6.402. Probablemente fueron más. Difícilmente, menos.
Esto, porque no solamente el Ejército cometió esa masacre. Fueron también los paramilitares, con los que el Ejército ha trabajado hombro a hombro desde que existen los paramilitares. Casi que cuesta trabajo ya imaginarlos por separado. El médico y el paramédico.
Era un amigo paramédico, de esos que mandan botellas de whisky en Navidad, del que todos saben por dónde se la pasa y quién es su gente, porque a lo mejor él mismo fue médico alguna vez, pero se aburrió de la doble vida (¿es que no ve que a veces es mejor ser abiertamente bandido que bandido a medias?, porque al menos uno entre bandidos sabe dónde está parado, mientras con los médicos todo es más nebuloso); y era un amigo paramédico, decíamos, el que una buena mañana llamaba al comandante de algún batallón y le anunciaba que le iban a regalar cuatro bajas, porque esos cadáveres ayudaban a la contabilidad de cabezas. A los resultados que le exigían sus superiores, comenzando por el presidente de la República, Álvaro Uribe, y siguiendo un río de sangre abajo por la cadena de mando, por Freddy Padilla de León, por Mario Montoya, hasta llegar al comandante de un batallón que cogía los cuatro cadáveres de qué le importaba a él quiénes fueran, los oficializaba como bajas de combate y pasaba a cobrar, digamos, $16 millones. No está mal este dinerito extra para la primera cuota de una camionetica. Cómo no pensar que el presidente Uribe era lo que necesita Colombia. Cómo no serle fiel de ahí en adelante.
Aunque no eran $16 millones. Estamos en los tiempos de la exactitud. La Directiva 029 de 2005, firmada por Camilo Ospina, dice “HASTA 10 SMLV ($3’815.000,00)”. Multiplicados por cuatro son $15’260.000,00. Lástima, no llegan a los $16 milloncitos, pero no importa, de donde vinieron esos cuatro saldrán más.
6.402 x $3’815.000 = $24.423’630.000
¿Por dónde fluyeron esos miles de millones? ¿Lo sabrá Álvaro Uribe? ¿Lo sabrá Freddy Padilla de León? ¿Lo sabrá Mario Montoya? ¿Lo sabrá Camilo Ospina? ¿Lo sabrá Juan Manuel Santos? ¿Lo sabrá, y me duele decirlo porque sinceramente lo admiro, Sergio Jaramillo? ¿Vendrán a Colombia a decirle a la Jurisdicción Especial para la Paz todo lo que saben, hasta el último detalle? ¿Darán nombres, fechas, contarán episodios? ¿Habrá verdades por las que no vale la pena arriesgar la vida, la familia?
¿Puedo decir que por una verdad yo arriesgaría a la mía?
No. No puedo. De hecho, con más sinceridad podría decir que no la arriesgaría.
Pero sí hay quienes la están exponiendo para cotejar las bases de datos y testimonios, los que van al terreno para llegar a 6.402. Es un compromiso esencial. Son quienes nos redimen con la precisión de unas cifras que marcan el compás del horror.
Y fueron también 172 líderes sociales asesinados en 2018, 250 líderes sociales asesinados en 2019, 309 líderes sociales asesinados en 2020, un caso cada 41 horas en 2021, y seguimos sumando: dentro de 41 horas será otro.
Twitter: @santiagovillach
