Algunos análisis recientes sugieren que los acuerdos de La Habana deberían aprobarse sin un segundo plebiscito. Este puede ser el camino correcto.
La disyuntiva ante la que está el gobierno, si se logra una renegociación exitosa de los acuerdos de La Habana con las Farc, es si acudir o no a su refrendación popular, después de haber perdido el primer resultado del plebiscito.
La mejor legitimación que pueden recibir los nuevos acuerdos es que sean aprobados en un segundo plebiscito. Sin embargo, el peligro obvio es que el NO vuelva a ganar. No es realista asumir que se pueden repetir ad infinitum las negociaciones hasta que gane el SÍ en algún plebiscito. Sin embargo, es también sensato pensar que muchos votantes podrán, habiendo visto que se pudo renegociar la primera vez, perder el miedo a que la victoria del NO implique el retorno a la guerra, y jueguen con los límites de la mesa de negociación.
Es real el temor de que la herramienta de la refrendación popular de los acuerdos se haya quemado. La aprobación de un acuerdo final con las Farc, sin convocar a un segundo plebiscito, es la única manera certera de lograr la desmovilización de las Farc.
El problema de aprobar los siguientes acuerdo por decreto, o a través del Congreso, es que pierdan legitimidad, y un siguiente gobierno de derecha se podría sentir en la libertad (o peor aún, el deber) de deshacerlos. Quienes votaron NO, además, creerán que Juan Manuel Santos hizo conejo. En un país que tiene una larga historia de procesos de paz a medias, y en el que la poca legitimidad de un proceso desemboca en una ola de asesinatos, y en la reanudación de la violencia -finalmente fue así como nacieron las Farc-, resulta un mal presagio repetir una historia que ya ha tenido un agrio desenlace.
Algún tipo de refrendación popular es importante. ¿Hay opciones que no sean un nuevo plebiscito, jurídicamente vinculante, sobre un texto jurídico de doscientas páginas que la mayoría de los votantes no van a leer?
Cuando en Sudáfrica comenzaron las negociaciones entre el gobierno del apartheid y el Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, el Partido Nacional, que tenía las mayorías parlamentarias pero había perdido dos elecciones parciales -restándole por ello legitimidad al proceso de paz-, decidió jugársela por la refrendación popular para recuperar el impulso perdido.
Convocó a un referendo abierto tan sólo a la población blanca, en el que hizo una pregunta: "¿Apoya usted que se mantenga el proceso de reforma que el presidente inició el 2 de febrero de 1990, y que está dirigido a crear una nueva Constitución a través de la negociación?". El SÍ ganó con 68,73%.
Dado que todas las partes quieren que haya una paz negociada y nadie quiere volver a la guerra, existe la posibilidad de acudir a las urnas para darle una legitimidad popular a la negociación política, sin tener que decidir sobre el texto del acuerdo final, sino sobre el proceso para renegociar este acuerdo y llegar a un texto final.
La pregunta debe ir a la raíz del proceso, pero no debe tener consecuencias jurídicas. Es necesario dejar abierta la opción de buscar otras salidas, en caso que vuelva a ganar el NO (sigo pensando que no se debe feriar en la veleidad de un proceso electoral la responsabilidad histórica de lograr la desmovilización de las Farc).
La pregunta debe ser si se quiere o no continuar el actual proceso de negociación con las Farc para llegar a su desmovilización, o si las partes deben levantarse de la mesa. Esto implica que el referendo debe hacerse antes de terminar este año. Preferiblemente en noviembre. Al menos debe hacerse antes de que termine la renegociación.
El resultado de esto determinará qué tanto interés hay en, entre los votantes, de llegar a una paz negociada. Quizás las mayorías no lo quieren. Esto nos estaría diciendo mucho más sobre lo que realmente desea Colombia que una pregunta con respecto a un obtuso mamotreto jurídico.
Twitter: @santiagovillach
Algunos análisis recientes sugieren que los acuerdos de La Habana deberían aprobarse sin un segundo plebiscito. Este puede ser el camino correcto.
La disyuntiva ante la que está el gobierno, si se logra una renegociación exitosa de los acuerdos de La Habana con las Farc, es si acudir o no a su refrendación popular, después de haber perdido el primer resultado del plebiscito.
La mejor legitimación que pueden recibir los nuevos acuerdos es que sean aprobados en un segundo plebiscito. Sin embargo, el peligro obvio es que el NO vuelva a ganar. No es realista asumir que se pueden repetir ad infinitum las negociaciones hasta que gane el SÍ en algún plebiscito. Sin embargo, es también sensato pensar que muchos votantes podrán, habiendo visto que se pudo renegociar la primera vez, perder el miedo a que la victoria del NO implique el retorno a la guerra, y jueguen con los límites de la mesa de negociación.
Es real el temor de que la herramienta de la refrendación popular de los acuerdos se haya quemado. La aprobación de un acuerdo final con las Farc, sin convocar a un segundo plebiscito, es la única manera certera de lograr la desmovilización de las Farc.
El problema de aprobar los siguientes acuerdo por decreto, o a través del Congreso, es que pierdan legitimidad, y un siguiente gobierno de derecha se podría sentir en la libertad (o peor aún, el deber) de deshacerlos. Quienes votaron NO, además, creerán que Juan Manuel Santos hizo conejo. En un país que tiene una larga historia de procesos de paz a medias, y en el que la poca legitimidad de un proceso desemboca en una ola de asesinatos, y en la reanudación de la violencia -finalmente fue así como nacieron las Farc-, resulta un mal presagio repetir una historia que ya ha tenido un agrio desenlace.
Algún tipo de refrendación popular es importante. ¿Hay opciones que no sean un nuevo plebiscito, jurídicamente vinculante, sobre un texto jurídico de doscientas páginas que la mayoría de los votantes no van a leer?
Cuando en Sudáfrica comenzaron las negociaciones entre el gobierno del apartheid y el Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, el Partido Nacional, que tenía las mayorías parlamentarias pero había perdido dos elecciones parciales -restándole por ello legitimidad al proceso de paz-, decidió jugársela por la refrendación popular para recuperar el impulso perdido.
Convocó a un referendo abierto tan sólo a la población blanca, en el que hizo una pregunta: "¿Apoya usted que se mantenga el proceso de reforma que el presidente inició el 2 de febrero de 1990, y que está dirigido a crear una nueva Constitución a través de la negociación?". El SÍ ganó con 68,73%.
Dado que todas las partes quieren que haya una paz negociada y nadie quiere volver a la guerra, existe la posibilidad de acudir a las urnas para darle una legitimidad popular a la negociación política, sin tener que decidir sobre el texto del acuerdo final, sino sobre el proceso para renegociar este acuerdo y llegar a un texto final.
La pregunta debe ir a la raíz del proceso, pero no debe tener consecuencias jurídicas. Es necesario dejar abierta la opción de buscar otras salidas, en caso que vuelva a ganar el NO (sigo pensando que no se debe feriar en la veleidad de un proceso electoral la responsabilidad histórica de lograr la desmovilización de las Farc).
La pregunta debe ser si se quiere o no continuar el actual proceso de negociación con las Farc para llegar a su desmovilización, o si las partes deben levantarse de la mesa. Esto implica que el referendo debe hacerse antes de terminar este año. Preferiblemente en noviembre. Al menos debe hacerse antes de que termine la renegociación.
El resultado de esto determinará qué tanto interés hay en, entre los votantes, de llegar a una paz negociada. Quizás las mayorías no lo quieren. Esto nos estaría diciendo mucho más sobre lo que realmente desea Colombia que una pregunta con respecto a un obtuso mamotreto jurídico.
Twitter: @santiagovillach