Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Pienso que tenemos la mejor de las dos opciones que nos ofreció la segunda vuelta presidencial, pero la experiencia de otros países de la región y la nuestra durante la primera década del 2000 nos enseñan que hay que tener la guardia arriba. La democracia es frágil.
El partido de gobierno ha convocado a una marcha de apoyo al gobierno. Hay tres niveles en los que interpreto este llamado:
El primero es la ingenuidad. El partido de gobierno y sus aliados consideran que las marchas son una herramienta inofensiva o inocente para que el Congreso vea el apoyo ciudadano a sus propuestas. Marchar es una fiesta y el apoyo a Gustavo Petro en sus 100 días de gobierno ha de ser motivo de celebración.
El segundo es la presión. El partido de gobierno y sus aliados consideran que la disrupción de las marchas puede ser una herramienta para presionar a favor de las reformas. Usan la misma lógica que tiene el sentido original de una marcha: afectar el desarrollo normal de las actividades para llamar la atención sobre una causa, y a través de una mezcla de visibilidad y suspensión de la normalidad, incidir sobre los tomadores de decisiones.
El tercero es un plan de desestabilización. Sumada a la inconstitucional propuesta de Clara López de indultos presidenciales a quienes afecten bienes públicos durante las marchas, y al relajamiento de las consecuencias legales por ejercer la violencia durante las manifestaciones, podría leerse un plan para hacer de las marchas una herramienta de agresión pro-gobierno. Esta interpretación sigue la línea de la segunda interpretación, pero le suma el componente de violencia callejera como estrategia de presión.
Tiendo a pensar que no hay una única interpretación cierta. Los actores que convocan son variados y entre ellos habrá quienes ven sus propias marchas como cualquiera de las tres opciones. Me gusta pensar que buena parte de quienes irán a la marcha siguen la primera interpretación, y quienes se plantean la marcha desde la tercera interpretación es una minoría cuyo radicalismo no tiene mucho eco, o que esta tercera interpretación una simple teoría de la conspiración que solo existe en mi imaginación.
No obstante, creo también que la segunda opción, la de la presión, está bastante extendida y esto debería preocuparnos. Aunque estas marchas son legales, sería preferible no convocarlas.
¿Por qué tiene un tinte anti-democrático el uso de marchas para defender las reformas que el gobierno presenta al Congreso?
Quienes convocan marchas para interpelar al poder y protestar contra una estructura de poder, que es el sentido original de una marcha, viven una asimetría que la marcha equilibra. Como dije atrás, toda marcha es disruptiva, en especial si se hace en día laboral, cuando los ciudadanos se desplazan a sus lugares de trabajo en una ciudad de por sí difícil de transitar. A través de esta disrupción protegida por la Constitución se establece un cierto equilibrio.
Cuando uno es el poder, la marcha no equilibra una asimetría, sino refuerza un poder que ya se tiene. Las fuerzas que apoyan al gobierno cooptan las estrategias de quienes no tienen el poder estatal para sumar poder no-institucional al poder institucional. Algo que a primera vista parece inocuo se revela entonces como potencialmente peligroso.
Si ya tienen presidente y congreso no hay ningún motivo para convocar a marchas. Usen las instituciones.
Twitter: @santiagovillach
