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La reciente descertificación con exención a Colombia en la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos es una maniobra política dirigida más a las mesas de votación colombianas y a una política exterior basada en la presión política, que a los campos de cultivo o rutas de tráfico.
Las cifras de lucha contra el narcotráfico son un motivante secundario para la descertificación. Al gobierno de Donald Trump le interesa es tener un punto de presión activo sobre Gustavo Petro, que además pueda influir sobre las elecciones presidenciales del 2026, pues el actual gobierno de Estados Unidos preferiría una victoria de la derecha colombiana.
Desde mediados de año, además, Marco Rubio ha querido tener un mayor protagonismo sobre la política exterior de Estados Unidos, pues fue rápidamente opacado por el vicepresidente J.D. Vance, que ha protagonizado la política exterior con Europa. Para ello, Donald Trump le ha soltado la correa para que Rubio actúe sobre Venezuela y Colombia, y la lucha contra el narcotráfico es el tema que justifica la mayor injerencia. Por eso, usan las más burdas y perezosas herramientas en su baraja: la violencia y las amenazas.
Mientras Estados Unidos viola el Derecho Internacional Humanitario, las convenciones internacionales sobre derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas, y las convenciones de Naciones Unidas sobre leyes marítimas, pulverizando venezolanos en lanchas que supuestamente transportan drogas, en Colombia juega a crear un pánico nacional.
Por tener bandas tan poderosas de crimen organizado, Colombia necesita la ayuda de Estados Unidos para mantener una democracia funcional. La cooperación que se desprende de la certificación anual de la lucha contra las drogas tiene una importancia casi decisiva para el país. Pero también le interesa a Estados Unidos, pues buena parte de la ayuda financiera favorece a empresas de ese país.
Descertificar, pero seguir financiando, le permite a Estados Unidos colgar una espada de Damocles sobre Colombia para mantener bajo presión a sus gobernantes, mientras mantiene los gastos en cooperación, y los compromisos en lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El objetivo no es acabar con el tráfico de drogas. Nunca lo ha sido porque todos saben que es imposible bajo la actual estrategia política. En cambio, la expectativa es cumplir con unos indicadores cuyo objetivo es sustentar un enorme gasto público en defensa, los ascensos de burócratas, policías, militares y agentes, y tener influencia política sobre los países productores y exportadores. No es clara la influencia que tiene el cambio en estos indicadores, su cumplimiento o su incumplimiento, sobre las estructuras de crimen organizado.
Por demás, la lucha contra el crimen organizado por parte del gobierno Petro ha sido errática y débil, pero los resultados de este año no han sido significativamente peores que la tendencia generalmente negativa en seguridad que ha padecido Colombia durante casi una década.
La presión política de Trump probablemente tiene el propósito de influir en las elecciones colombianas de 2026, pero también logra un efecto que para Trump es un fin en sí mismo: demostrar que tiene el poder de perjudicar a otros países si lo desea, sean o no aliados suyos.
Threads: @santiagovillach
