El Estado colombiano saboteó una audiencia ante la CIDH que le fue concedida a grupos que defienden los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Es el ataque más reciente contra una institución que podría estar a punto de ser diezmada.
Los gobiernos de América Latina están hartos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El ejemplo más reciente de esta animadversión fue el sabotaje de Colombia a la audiencia programada para el 2 de noviembre del 2012, y en la que grupos de derechos humanos denunciarían los hostigamientos que contra ellos realiza Alejandro Ordóñez, el Procurador General de la Nación.
La audiencia no se realizó porque no hubo nadie en representación del Estado colombiano. Dos representantes de la Procuraduría, que eran las procuradoras delegadas Ilva Myrian Hoyos y Paula Andrea Ramírez, dijeron que asistirían y finalmente se ausentaron. El embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, pudo haber asistido para que se realizara la audiencia, pero también se abstuvo.
La versión oficial dice que la audiencia no se realizó por el huracán Sandy. Eso es falso. De haber sido por este evento climático, tampoco habrían podido estar los grupos defensores de derechos humanos. El huracán ya había pasado. No hubo audiencia porque la Procuraduría se negó a enviar representantes y porque el ejecutivo prefirió hacerse el de la vista gorda para no incomodar a Alejandro Ordóñez, el segundo candidato de Juan Manuel Santos para el cargo de Procurador General.
La estrategia es obvia pero podría estallarle en la cara al mismo Santos. En Colombia se tiene la percepción de que los disparates del Procurador y el comportamiento del Presidente van por senderos diferentes; pero al ser Juan Manuel Santos el jefe de Estado, cualquier consecuencia que genere este episodio recaería sobre él, y esto podría afectar sus ambiciones post-presidenciales.
Aunque no hubo audiencia, se hizo una reunión privada entre los defensores de derechos de las mujeres y la comunidad LGBT que acudieron a Washington; la relatora sobre los derechos para las mujeres, Tracy Robinson; y el relator sobre los derechos de defensores y defensoras de derechos humanos, José de Jesus Orozco. “En la reunión quedó muy claro que la persecución y el hostigamiento a grupos protectores de derechos humanos es grave porque no sólo se ataca a los líderes, sino que la población que representan queda desprotegida”, dijo Mónica Roa, directora de Women´s Link, durante una conversación que sostuvimos ayer.
El mensaje que ha enviado el Estado colombiano es preocupante si tenemos en cuenta que mañana comienza a definirse el futuro de la CIDH. Habrá una sesión extraordinaria para ejecutar reformas que han sido promovidas por los autócratas de izquierda en América Latina, y que han recibido el apoyo de gobiernos de derecha como el nuestro. El espectro ideológico de este continente se une para mutilar a la institución americana que tiene la mayor legitimidad y alcance para proteger los derechos humanos. Se escudan en el argumento falaz de que no es efectiva ni eficiente. Si no lo fuera nadie pretendería aserrar sus colmillos.
Durante el último año el abanderado de la lucha contra la CIDH ha sido Rafael Correa, presidente del Ecuador, que como Alejandro Ordóñez es un fanático del catolicismo y un enemigo de las libertades individuales, en especial por el papel que ha jugado la relatoría para la libertad de expresión protegiendo a los periodistas independientes del Ecuador.
Pero Correa también detesta a la CIDH por su defensa de los derechos indígenas. En julio del 2012 la CIDH falló en contra del Estado ecuatoriano y a favor de la comunidad quichua de Sarayaku, en un pleito por abusos cometidos durante el gobierno de Lucio Gutiérrez para beneficiar a la Compañía General de Combustibles de Argentina.
Rafael Correa siguió de cerca este pleito para evitar una condena contra el Estado ecuatoriano. Sus reitarados ataques a la comunidad de Sarayaku en el marco de estos reclamos fue uno de los motivos por los que los indígenas ecuatorianos dejaron de apoyar a Correa. El año pasado entrevisté en Sarayaku a Patricia Gualinga, una de las líderes de esta demanda, y defendió la importancia que tiene la CIDH en un país donde la justicia está secuestrada por el poder ejecutivo.
Ver video aquí: http://youtu.be/eRuczH8OvZY
En el marco de la 42ª asamblea de la OEA en Cochabamba, Bolivia, el presidente Correa dijo que la CIDH era “uno de los últimos vestigios de neoliberalismo en la región”. Es cierto. La CIDH es liberal y emblemática de la lucha contra el despotismo y la dictadura en América Latina, sea de izquierda o derecha. El problema es que las ideas liberales son una amenaza para los autócratas; para gente como Rafael Correa y Alejandro Ordóñez, que están obsesionados con el poder y con su reelección.
El Estado colombiano saboteó una audiencia ante la CIDH que le fue concedida a grupos que defienden los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Es el ataque más reciente contra una institución que podría estar a punto de ser diezmada.
Los gobiernos de América Latina están hartos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El ejemplo más reciente de esta animadversión fue el sabotaje de Colombia a la audiencia programada para el 2 de noviembre del 2012, y en la que grupos de derechos humanos denunciarían los hostigamientos que contra ellos realiza Alejandro Ordóñez, el Procurador General de la Nación.
La audiencia no se realizó porque no hubo nadie en representación del Estado colombiano. Dos representantes de la Procuraduría, que eran las procuradoras delegadas Ilva Myrian Hoyos y Paula Andrea Ramírez, dijeron que asistirían y finalmente se ausentaron. El embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, pudo haber asistido para que se realizara la audiencia, pero también se abstuvo.
La versión oficial dice que la audiencia no se realizó por el huracán Sandy. Eso es falso. De haber sido por este evento climático, tampoco habrían podido estar los grupos defensores de derechos humanos. El huracán ya había pasado. No hubo audiencia porque la Procuraduría se negó a enviar representantes y porque el ejecutivo prefirió hacerse el de la vista gorda para no incomodar a Alejandro Ordóñez, el segundo candidato de Juan Manuel Santos para el cargo de Procurador General.
La estrategia es obvia pero podría estallarle en la cara al mismo Santos. En Colombia se tiene la percepción de que los disparates del Procurador y el comportamiento del Presidente van por senderos diferentes; pero al ser Juan Manuel Santos el jefe de Estado, cualquier consecuencia que genere este episodio recaería sobre él, y esto podría afectar sus ambiciones post-presidenciales.
Aunque no hubo audiencia, se hizo una reunión privada entre los defensores de derechos de las mujeres y la comunidad LGBT que acudieron a Washington; la relatora sobre los derechos para las mujeres, Tracy Robinson; y el relator sobre los derechos de defensores y defensoras de derechos humanos, José de Jesus Orozco. “En la reunión quedó muy claro que la persecución y el hostigamiento a grupos protectores de derechos humanos es grave porque no sólo se ataca a los líderes, sino que la población que representan queda desprotegida”, dijo Mónica Roa, directora de Women´s Link, durante una conversación que sostuvimos ayer.
El mensaje que ha enviado el Estado colombiano es preocupante si tenemos en cuenta que mañana comienza a definirse el futuro de la CIDH. Habrá una sesión extraordinaria para ejecutar reformas que han sido promovidas por los autócratas de izquierda en América Latina, y que han recibido el apoyo de gobiernos de derecha como el nuestro. El espectro ideológico de este continente se une para mutilar a la institución americana que tiene la mayor legitimidad y alcance para proteger los derechos humanos. Se escudan en el argumento falaz de que no es efectiva ni eficiente. Si no lo fuera nadie pretendería aserrar sus colmillos.
Durante el último año el abanderado de la lucha contra la CIDH ha sido Rafael Correa, presidente del Ecuador, que como Alejandro Ordóñez es un fanático del catolicismo y un enemigo de las libertades individuales, en especial por el papel que ha jugado la relatoría para la libertad de expresión protegiendo a los periodistas independientes del Ecuador.
Pero Correa también detesta a la CIDH por su defensa de los derechos indígenas. En julio del 2012 la CIDH falló en contra del Estado ecuatoriano y a favor de la comunidad quichua de Sarayaku, en un pleito por abusos cometidos durante el gobierno de Lucio Gutiérrez para beneficiar a la Compañía General de Combustibles de Argentina.
Rafael Correa siguió de cerca este pleito para evitar una condena contra el Estado ecuatoriano. Sus reitarados ataques a la comunidad de Sarayaku en el marco de estos reclamos fue uno de los motivos por los que los indígenas ecuatorianos dejaron de apoyar a Correa. El año pasado entrevisté en Sarayaku a Patricia Gualinga, una de las líderes de esta demanda, y defendió la importancia que tiene la CIDH en un país donde la justicia está secuestrada por el poder ejecutivo.
Ver video aquí: http://youtu.be/eRuczH8OvZY
En el marco de la 42ª asamblea de la OEA en Cochabamba, Bolivia, el presidente Correa dijo que la CIDH era “uno de los últimos vestigios de neoliberalismo en la región”. Es cierto. La CIDH es liberal y emblemática de la lucha contra el despotismo y la dictadura en América Latina, sea de izquierda o derecha. El problema es que las ideas liberales son una amenaza para los autócratas; para gente como Rafael Correa y Alejandro Ordóñez, que están obsesionados con el poder y con su reelección.