El difícil caso de la jueza Dugan

Donald Trump ha aplicado en Estados Unidos estrategias que caudillos latinoamericanos, como Nayib Bukele y Daniel Ortega, usaron para debilitar la separación de poderes. Buena parte del trabajo fue muy sencillo porque el sistema estadounidense le otorga poderes desproporcionados a la presidencia, confiando en que el presidente será responsable y cauto en su uso.

En Estados Unidos, por ejemplo, no es necesario montar estrategias políticas para dominar la Fiscalía: ya está en control del presidente, y su independencia es un asunto de buena voluntad, no de límites constitucionales. Asimismo, las instituciones de aplicación y cumplimiento de la ley, como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), los Mariscales de Estados Unidos (U. S. Marshalls) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están bajo la dirección del ejecutivo.

Por la dirección que tomó desde muy pronto el gobierno Trump, era sólo cuestión de tiempo hasta que las instituciones de justicia federales del poder ejecutivo chocaran con la rama judicial. Como lo ha demostrado la experiencia latinoamericana reciente, la independencia de la rama judicial con respecto al ejecutivo es la principal prueba ácida de la democracia. Un país es en esencia autoritario cuando las cortes responden al ejecutivo.

Por eso es tan importante que el 25 de abril el Departamento de Justicia presentó una denuncia penal federal contra la jueza Hannah C. Dugan, del condado de Milwaukee, por obstruir un arresto de ICE en el juzgado donde trabajaba. Ese mismo viernes el FBI la arrestó y la jueza Dugan está en libertad bajo fianza aguardando el juicio.

El caso es difícil. Desde una perspectiva de defensa de la democracia contra los embates de Donald Trump, uno quisiera alzarlo como emblemático de los abusos de poder de la presidencia; pero cuando se entra en los detalles, uno también quisiera que fuera menos turbio.

El Departamento de Justicia acusa a la jueza Dugan de haber obstruido el arresto de Eduardo Flores-Ruiz, un mexicano indocumentado que había sido ya deportado en el 2013 y había vuelto a entrar a Estados Unidos de forma clandestina. Estaba en el juzgado de Dugan porque había sido acusado por su compañero de apartamento, la novia del compañero y un amigo de éste, de lesiones personales. Presuntamente, Flores-Ruiz los agredió a golpes el 12 de marzo durante una discusión porque Flores-Ruiz tenía la música muy alta. Los demandantes dijeron que habían tenido que ir al hospital por las agresiones de Flores-Ruiz, que consistieron en más de 30 golpes, según los denunciantes.

Al conocer la denuncia, el ICE de Milwaukee emitió orden de arresto contra Flores-Ruiz y sus agentes acudieron al juzgado el 21 de abril junto con agentes del FBI y la DEA. Mientras se realizaba la audiencia anunciaron su presencia en el juzgado y su intención de arrestar a Flores-Ruiz. La jueza Dugan, “visiblemente molesta” según testigos, salió a discutir con los agentes de ICE y decirles que no tenían la orden judicial adecuada para proceder con ese arresto. Según los demandantes, la jueza entonces interrumpió la audiencia y sacó a Flores-Ruíz y su abogado por una puerta distinta. Cuando lo supieron, los agentes emprendieron una persecución a pie y arrestaron a Flores-Ruiz en la calle. Cuatro días más tarde el Departamento de Justicia acusó a la jueza Dugan de obstruir el procedimiento y el FBI la arrestó.

No es claro si el arresto de ICE era o no legal, si la orden de captura de la que disponían se acogía estrictamente a la ley, y si había abuso de autoridad. Se sabrá durante el juicio. En otros casos, como el trágico caso de Kilmar Abrego García, el error es más patente. También es más fácil de presentar como víctima ante la opinión pública.

Aunque es una escena dramática que el FBI arreste a una juez, y es indicativo de un escalamiento sumamente peligroso entre la rama ejecutiva y la judicial, la importancia legal no será fácil de defender frente al trasfondo de Flores-Ruiz.

Es cierto que los jueces locales resienten que ICE haga arrestos en sus juzgados porque dificulta que las personas que están procesando mediante el sistema judicial se presenten a las audiencias. Además, los procedimientos de ICE a menudo no se acogen a las exigencias judiciales. Esa era la queja de la jueza Dugan.

Sin embargo, una persona indocumentada enjuiciada por un delito violento, que ya había sido deportada, no es el caso emblemático que le dará la vuelta a la opinión pública. Más bien al contrario. Este es el tipo de personas que la mayoría de los estadounidenses quieren ver fuera de su país. Aunque no sabemos si Flores-Ruiz era o no culpable del delito que se le imputa —y es posible que nunca lo sepamos porque será deportado—, es en bandeja de plata que se le sirve al trumpismo la narrativa de que quienes se oponen a los excesos de ICE quieren mantener a los indocumentados violentos dentro de Estados Unidos.

Es lamentable que una maniobra de clara intimidación de la rama judicial vaya a ser tan difícil de presentar ante el público.

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