El miedo a la paz

El poder le tiene miedo a la paz. La construcción de nuestra identidad nacional se forjó en la guerra de Independencia. La identificación entre el Ejército y la nación, a través de la figura del ciudadano-soldado, es uno de los mitos fundacionales de Colombia. El acceso a la ciudadanía de las capas sociales marginales (que eran la mayoría de la población) durante la Colonia española se aseguró mediante la guerra. El Ejército fue el camino a la libertad y el estado de guerra fue el ejercicio de la soberanía. Ese tumor se enquistó en nuestra identidad colectiva durante 200 años.

El estado de guerra, el llamado a las armas, ha sido indisociable del ejercicio de la política. El poder político en Colombia significa apropiarse de las instituciones y durante buena parte de nuestra historia lo normal ha sido que la hegemonía de unos se interrumpa con la violencia de los otros. Alzar un ejército contra quien detentaba el poder fue durante el siglo XIX la manifestación de que había un contendor y el poder de turno era transitorio. Tener un ejército era la prueba de que se merecía acceder al poder. Hacer la guerra a menudo era la forma de conquistarlo.

Pero la violencia no solo se ha usado para arrebatarle el poder al adversario. Especialmente a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la violencia se ha usado para lograr que el adversario escuche y eventualmente acepte una instancia de diálogo. Ha sido la herramienta básica para lograr que exista un reconocimiento, sin el cual es imposible la conversación y una posterior negociación.

El poder en Colombia está acostumbrado a que solo atiende la disrupción. Solo logra ser escuchado quien lo amenaza. Se comporta como un tipo rico que ve al resto de los ciudadanos como unos limosneros que no merecen su dinero, y a quienes lo desafían con violencia los ve como unos atracadores. Si no hay policías que lo defiendan, tendrá que darles su reloj a esos atracadores narcoterroristas para que lo dejen tranquilo.

Por eso, cuando se critica el paro actual porque no es una protesta que va por el andén sin molestar a nadie, no puedo sino pensar en la fatal encrucijada en la que nos ha metido la forma como históricamente se ha ejercido el poder en Colombia.

Enfrentarse al poder, hacerle exigencias de fondo, desafiarlo siempre ha implicado una dinámica perversa. Nos han acostumbrado a que si no generas una disrupción no mereces ser escuchado, y si generas una disrupción mereces bala. Cuando comienzas a ejercer la violencia se te abre la posibilidad de ser reconocido como un actor político, pero te vuelves también un objetivo militar. Si sobrevives a la embestida militar, desde esa demostración decimonónica de que tienes un ejército se materializa la mesa de negociaciones. El tipejo rico deja de verte como un limosnero y te eleva a la condición de atracador. Si la Policía, el Ejército, los paracos no pueden al final salvarlo, piensa en darte su reloj.

Estamos ante un levantamiento popular de las dimensiones del 9 de abril, pero por parte de los manifestantes sigue siendo una protesta esencialmente pacífica (por parte de los policías, los militares y los paramilitares, ha sido una respuesta esencialmente violenta). La situación, en teoría, podría seguir así hasta las elecciones presidenciales, pero muchas cosas podrían hacer que estalle (o estalle más).

Si ese contubernio de fuerzas estatales y criminales que siempre asesina a los líderes de izquierda matara a Gustavo Petro, por ejemplo, fácilmente se repite ese día de 1948. Así Petro no sea el líder de la protesta, su muerte sería la confirmación de que la derecha o el statu quo siguen estando dispuestos a todo para proteger su control sobre el Estado.

Si se desata contra los manifestantes una mayor violencia policial y persecución política, y se dispara el número de homicidios, llegará un momento en que, en efecto, habrá mucha gente que preferirá no volver a marchar, pero otra considerará necesario defenderse: lograrán destilar la protesta pacífica para dejar solo a los que están dispuestos a usar la violencia, tal como sucedió con algunos participantes de la Marcha Campesina de 1985.

Lo esencial, entonces, radica en cómo desactivar esa lógica oscura y que el poder reconozca como sujeto digno de negociación y diálogo a quien no ejerce la disrupción ni la violencia. El miedo del poder a la paz, a atender a quienes no toman las armas, es precisamente el miedo a perder el poder. Cuando se puede dialogar sin antes ejercer la violencia, cuando el poder abre un lugar en la mesa para cualquiera, cuando todos pueden ser ciudadanos —no solo los que antes han participado de la guerra—, ¡horror!, se acaba la hegemonía y entonces, como dijo Darío Echandía después del 9 de abril, “el poder, ¿para qué?”.

Twitter: @santiagovillach