Tengo mucha aprensión, dije en mi columna anterior. A pesar de sus éxitos, no puedo decir que el mejor momento para hacer estas protestas fuera ahora.
Semejante despliegue en el peor pico de la pandemia es jugar con un fuego que se puede propagar muy rápido, y solo espero equivocarme en lo que preveo serán las consecuencias para los indicadores de contagios y muertes.
Sin embargo, ya la suerte está echada y la gente en las calles. Es mezquino no respaldar lo que ha costado la sangre de inocentes. El de los manifestantes es un sacrificio valiente y heroico frente a la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado y sus violaciones a los derechos humanos. Eso dije la semana pasada y me sostengo en mi respaldo a los principios que mueven las protestas, pero tampoco veo una salida clara en medio de este escalonamiento.
No la veo porque esta situación ya se dio en Colombia y fue el preámbulo a tres décadas de guerra.
La Marcha Campesina de 1985 es el evento más parecido a lo que vivimos durante este mes. Durante la marcha, los campesinos bloquearon vías hacia las ciudades exigiendo paz, créditos agrarios, salud, educación y vías de comunicación. Las protestas luego desataron una persecución estatal y paramilitar que infló las filas de las Farc y otros grupos guerrilleros. Ricardo Palmera, o Simón Trinidad, fue uno de los que terminaron en el monte porque marchar ya era demasiado peligroso.
Creo que estamos doblando definitivamente la esquina del posconflicto y nos encaminamos hacia unas nuevas décadas de guerra abierta. En la medida que la respuesta del Estado colombiano sea la misma que en las demás negociaciones con grupos insurgentes, en las que se conceden las exigencias más rápidas de cumplir desde la institucionalidad (curules, reformas constitucionales, incluso la Constitución de 1991), pero se mantenga casi intacta la estructura de poder agrario que lleva a la pauperización del campo, no habrá paz en el territorio.
Ahora, esta protesta va más allá de lo que he mencionado. Es una protesta de los jóvenes urbanos. Una juventud que se da cuenta de para dónde va este proceso y no quiere caer en la espiral de la guerra. Juventud desempleada que quiere oportunidades en una economía que está en crisis por la pandemia y ha colapsado por el fin de la bonanza de las materias primas y los efectos de perder a Venezuela como mercado.
Las ciudades no están plenamente a salvo durante este proceso, como lo vivió de primera mano Cali. Allá, los paramilitares y la policía ya operan de nuevo en abierto concierto, como hace 20 años.
Necesitamos un Gobierno que dé un timonazo y centre los esfuerzos del Estado en revertir las tendencias que nos llevaron a la guerra total de las décadas de 1990 y 2000. Tenemos un partido de gobierno cuya popularidad depende de mantenernos estancados en esa época, y una herramienta —el Acuerdo de Paz— en pie para guiar parte del camino hacia una Colombia menos violenta. Si bien el lugar donde estamos se debe a motivos más estructurales que el presidente de turno, la elección que se hizo hace tres años de dar al traste con el Acuerdo de Paz es uno de los principales motivos para el actual estallido.
En el corto plazo, un control político del paro que lleve a una mesa de negociación es la única salida que percibo en la que el mismo comité salga fortalecido. La actual posición de fuerza es muy frágil. Lo que en un instante parece una victoria para los promotores, de un momento a otro se volverá un fracaso por el desgaste de mantener la sociedad parada. El aire de apoyo que logran por la indignación que despiertan los abusos policiales y por las coincidencias entre los promotores del paro y el grueso de la sociedad se esfumará en el hastío de una mayoría que no quiere permanecer paralizada y enfrentar las consecuencias de un pico de COVID-19 indefinido. Es un difícil juego de equilibrio en el que apostar por la fuerza que dan las multitudes en las calles más pronto que tarde se vuelve un autosabotaje.
Twitter: @santiagovillach
