El peligro de las Fuerzas Armadas

En otras ocasiones he usado este espacio para advertir sobre uno de los grandes riesgos que enfrenta la democracia colombiana, y que no ha hecho sino agravarse con las protestas del 2021: la politización de las Fuerzas Armadas. Este es un fenómeno relativamente nuevo en la historia reciente de Colombia y aún no hemos padecido sus más graves efectos, aunque sí se han visto algunos de sus resultados.

La diferencia esencial ocurrió con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder y su reestructuración de la dirigencia militar. La estrategia era asegurar que los líderes militares fueran leales a su presidencia y a su proyecto. El gobierno también les daba a entender (aunque no siempre en el discurso público, y a menudo simplemente mediante sus acciones) que cualquier colaboración pasada o presente con el paramilitarismo sería tolerada y protegida.

La tolerancia con las conductas criminales era una importante herramienta para asegurar la lealtad de las fuerzas armadas hacia una determinada corriente política. Era la protección de la complicidad bajo el manto de los imperativos de darle la vuelta al conflicto armado, en la primera década del 2000.

Cada transgresión, por parte de militares y policías que el uribismo protege, es un escalón más hacia la politización de las fuerzas armadas, a favor del proyecto de la ultraderecha colombiana.

Dentro de esa lógica de complicidad para politizar entra la monetización de las bajas y la política de las recompensas. Los muchos esfuerzos por impedir que a los oficiales les imputaran casos de falsos positivos, de forma que todos los tuvieran que asumir soldados y suboficiales, fortaleció la politización, en lugar de generar un cisma en las fuerzas armadas. Juan Manuel Santos tuvo la astucia de administrar esta situación para su ventaja. Sabía que si era presidente tendría que tener las fuerzas armadas de su lado.

Quizás el motivo por el que no hemos percibido las dimensiones reales de la politización de las fuerzas armadas, y tan solo la punta del iceberg durante el gobierno Santos mediante la oposición abierta de casi todos los militares retirados al proceso de paz, y la callada oposición de buena parte de las fuerzas armadas activas, es porque Santos fue Ministro de Defensa: fue parte del núcleo de gobierno del uribismo y por lo tanto participó de su lógica. Estaba más o menos protegido contra las fuerzas armadas.

No es sino volver a su soso discurso sobre los falsos positivos para comprender que Santos no está plenamente comprometido con la verdad. Participa así sea indirectamente, con lo que calla, de la politización de las fuerzas armadas hacia la ultraderecha.

Esto nos lleva a las protestas que inician este 20 de julio, el día en que escribo esta columna, y que retoman las semanas de marchas en abril y mayo. El uribismo las aprovechó para profundizar la politización de las fuerzas armadas.

Cada llamado que hacían las fuerzas políticas de centro y de izquierda para frenar los abusos policiales eran respondidas con un redoblado apoyo a la combinación de todas las formas de represión por parte de la ultraderecha, desde las balas de los paramilitares hasta los homicidios callejeros, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias. Cualquier abuso era una oportunidad para que la ultraderecha les dijera a las fuerzas armadas: con nosotros estarán a salvo de cualquier llamamiento a rendir cuentas, incluso ante organismos internacionales como la CIDH.

El gran peligro que supone esto para la democracia lo vimos la semana antepasada en Haití. Los ex-militares, que varias veces se han declarado abiertamente anti-izquierda y no muy veladamente uribistas, tienen el entrenamiento para matar presidentes. Las fuerzas armadas -policía y ejército- tienen un móvil al matar un presidente o presidente electo que pretenda hacerles rendir cuentas.

Por eso la mayor amenaza a nuestra democracia es la creciente politización de las fuerzas armadas durante los últimos 20 años.

Twitter: @santiagovillach