El posconflicto y la nueva violencia

Antes de comenzar esta pieza, extiendo mis condolencias a las familias de las víctimas del atentado terrorista del Centro Andino. Presentaré una interpretación de este suceso que no pretende menospreciar su drama humano ni la gravedad del acontecimiento para quienes lo padecieron. 

Este atentado ha escenificado los grandes cambios en seguridad que ha vivido Colombia durante la última década. Lo que llamamos el posconflicto es en realidad un largo periodo de transición que, desde una perspectiva más preocupada por los procesos históricos que por las preferencias políticas, realmente comenzó en el 2005, con fin de las Auc y las Accu.

La consiguiente atomización de los paramilitares en las llamadas bandas criminales, que son una mezcla de carteles de la droga y brazos armados de intereses regionales rurales ligados a la propiedad ilegítima de la tierra, a los negocios mafiosos, al sicariato y a la extorsión, se mantendrán y probablemente se agrandarán con el fin de las Farc. La ausencia de esta guerrilla permitirá su dominio sobre la cadena entera del narcotráfico, desde la siembra hasta la exportación. Esta es la principal permanencia del conflicto hacia el posconflicto.  

El siguiente hito del proceso hacia el posconflicto casi coincidió, tristemente, con la bomba del Centro Andino. La entrega de armas de las Farc, incluso malpensando que fue incompleta, transforma la dinámica de la guerra. Es el fin de un conflicto entre un Estado legítimo y un grupo armado que pretende reemplazarlo en ciertas regiones, tan sólo porque no es capaz de derrocarlo del todo.

El último paso hacia el posconflicto implicaría el fin del Eln como guerrilla, lo cual incluso si los diálogos fracasan sucederá más temprano que tarde. Los primeros interesados en el éxito de las negociaciones deberían ser los cabecillas del Eln, que no podrían sostener una guerra contra un ejército que lleva veinte años especializándose y equipándose para combatir a la guerrilla. 

Es indicativo de un profundo y muy positivo cambio para nuestra sociedad que en las cuentas de Twitter de Rodrigo Londoño y del Eln se haya repudiado el atentado terrorista. Simbólicamente demuestra que nos hayamos en una etapa de posconflicto, entendiendo esta expresión como el fin de la guerra colombiana en términos de grandes ejércitos irregulares con miles de combatientes.

Esto no quiere decir que Colombia haya pasado la página de la violencia. Habría que ser ciegamente optimista para afirmar eso en la misma semana que se detonó una bomba en un centro comercial que, se supone, es un símbolo de la oligarquía colombiana. Un atentado entre cuyas víctimas mortales, por demás, no hubo oligarcas, sino una francesa que hacía trabajo social en barrios del sur de Bogotá, una joven de Funza recién graduada de administración de empresas en la Universidad Agustiniana y la administradora de una inmobiliaria. 

Así que vienen otros retos, pero deben entenderse en cierta perspectiva para no sobredimensionarlos ni subestimarlos. La gran amenaza que enfrenta Colombia no es el terrorismo urbano. No estamos reviviendo la época de las bombas de Pablo Escobar ni el nacimiento de la próxima amenaza al Estado colombiano. Aunque se ha dado una cadena de atentados, las operaciones policiales eficaces y una sociedad unida desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, en su repudio al terrorismo, habrán de conjurar esta amenaza sin desestabilizar a la sociedad o al Estado.

El gran peligro sigue viniendo de donde ha estado durante las últimos treinta años: las estructuras que van a controlar el negocio de la cocaína, y las fragilidades socioeconómicas que motivan a miles de jóvenes  a empuñar las armas, para dedicarse a la violencia y a la delincuencia como forma de vida.

Un peligro que también está ante nuestros ojos, que se mantuvo durante el conflicto y perdura en el posconflicto, es la masacre en cámara lenta del liderazgo competente, decente, honesto y valiente en el campo colombiano, en las regiones y en las ciudades intermedias. Es este asesinato continuado de gente valiosa lo que, en buena parte, genera la ausencia de líderes que luchen eficazmente contra la corrupción estatal y el imperio de la ley. Eso sí desestabiliza al Estado y a la sociedad colombiana. 

Twitter: @santiagovillach