Decomisar el medio de subsistencia de un ciudadano en medio de la peor crisis económica de nuestra generación es un acto de violencia. Más, si ese ciudadano vive de un empleo precario e informal. La ley y la norma pueden ser violentas.
Desde esta premisa interpreto uno de los sucesos más decepcionantes de la alcaldía de Claudia López: el procedimiento policial con el que se iba a decomisar el carro de perros calientes de Alexánder Patiño, un vendedor ambulante de la carrera 7 con calle 13 de Bogotá, porque su carrito obstruía una ciclorruta.
La alcaldesa Claudia López describe el episodio de la siguiente forma. Camino a su trabajo en bicicleta, vio que el carrito de Alexander obstruía la vía y que no llevaba bien puesto el tapabocas. Le pidió que corriera el carrito y se pusiera el tapabocas, y Alexánder le respondió con alevosía. A las dos horas volvió a pasar, el carro de Alexánder seguía en el mismo lugar y él seguía sin ponerse el tapabocas. Ella se lo volvió a decir, se fue, y la policía procedió a hacer el decomiso.
¿Por qué la policía o ella no ofrecieron ayudarle a Alexánder a mover el carro, en lugar de proceder a decomisarlo? Sea como fuere, en esta situación aplicar las consecuencias de la norma es un acto de crueldad.
El episodio tiene muchas aristas y en torno a él giran intereses distintos. Uno de ellos es el quiebre cada vez más profundo de Inti Asprilla, que se presentó como el político que respaldaba los justos reclamos de Alexánder, con la dirigencia del Partido Verde. A medida que el Partido Verde tiende a la centroderecha, se hace más evidente la necesidad de un movimiento de izquierda que no se derrita bajo el brillo de esa supernova política que es Gustavo Petro, y que esté menos desprestigiado y desgastado que el Polo Democrático.
Eso es política electoral.
Otro es la oposición entre quienes consideran que los vendedores ambulantes son un problema porque abusan del espacio público y quienes piensan que en una sociedad donde la economía formal no ofrece suficiente empleo para su población, el espacio público debe estar al servicio de dar oportunidades de trabajo.
Eso es una discusión abierta, pero en la actual pandemia urge suspenderla.
El mensaje central es este: en medio de la peor crisis económica de nuestra generación, a menos que se esté cometiendo un acto de abierta ilegalidad o violencia física, no se pueden aplicar sanciones que les quiten los medios de subsistencia a quienes se están ganando la vida honradamente. Póngales comparendos pedagógicos. Dialogue con ellos hasta que entiendan y acepten mover el carrito o ponerse el tapabocas. Es importante que no bloqueen la ciclorruta, pero esa norma se puede aplicar sin decomisar los medios de subsistencia. Tengan sensibilidad humana y social con la situación que atraviesan los ciudadanos más vulnerables.
Las respuestas de Claudia López y su secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, fueron defender la actuación de la policía y justificar la aplicación de la norma. Lo que no entienden es que la norma, en las actuales circunstancias, hay que suspenderla o flexibilizarla. La prioridad es los medios de subsistencia de la gente. Quitárselos es de lo más agresivo que el Estado puede hacerle a un individuo. La administración debe proceder, por sobre todas las cosas, con imperturbable paciencia y comprensión hacia los vendedores ambulantes, y todos los que estén medio ahogados en la economía informal para llevar comida a la casa.
Twitter: @santiagovillach
Decomisar el medio de subsistencia de un ciudadano en medio de la peor crisis económica de nuestra generación es un acto de violencia. Más, si ese ciudadano vive de un empleo precario e informal. La ley y la norma pueden ser violentas.
Desde esta premisa interpreto uno de los sucesos más decepcionantes de la alcaldía de Claudia López: el procedimiento policial con el que se iba a decomisar el carro de perros calientes de Alexánder Patiño, un vendedor ambulante de la carrera 7 con calle 13 de Bogotá, porque su carrito obstruía una ciclorruta.
La alcaldesa Claudia López describe el episodio de la siguiente forma. Camino a su trabajo en bicicleta, vio que el carrito de Alexander obstruía la vía y que no llevaba bien puesto el tapabocas. Le pidió que corriera el carrito y se pusiera el tapabocas, y Alexánder le respondió con alevosía. A las dos horas volvió a pasar, el carro de Alexánder seguía en el mismo lugar y él seguía sin ponerse el tapabocas. Ella se lo volvió a decir, se fue, y la policía procedió a hacer el decomiso.
¿Por qué la policía o ella no ofrecieron ayudarle a Alexánder a mover el carro, en lugar de proceder a decomisarlo? Sea como fuere, en esta situación aplicar las consecuencias de la norma es un acto de crueldad.
El episodio tiene muchas aristas y en torno a él giran intereses distintos. Uno de ellos es el quiebre cada vez más profundo de Inti Asprilla, que se presentó como el político que respaldaba los justos reclamos de Alexánder, con la dirigencia del Partido Verde. A medida que el Partido Verde tiende a la centroderecha, se hace más evidente la necesidad de un movimiento de izquierda que no se derrita bajo el brillo de esa supernova política que es Gustavo Petro, y que esté menos desprestigiado y desgastado que el Polo Democrático.
Eso es política electoral.
Otro es la oposición entre quienes consideran que los vendedores ambulantes son un problema porque abusan del espacio público y quienes piensan que en una sociedad donde la economía formal no ofrece suficiente empleo para su población, el espacio público debe estar al servicio de dar oportunidades de trabajo.
Eso es una discusión abierta, pero en la actual pandemia urge suspenderla.
El mensaje central es este: en medio de la peor crisis económica de nuestra generación, a menos que se esté cometiendo un acto de abierta ilegalidad o violencia física, no se pueden aplicar sanciones que les quiten los medios de subsistencia a quienes se están ganando la vida honradamente. Póngales comparendos pedagógicos. Dialogue con ellos hasta que entiendan y acepten mover el carrito o ponerse el tapabocas. Es importante que no bloqueen la ciclorruta, pero esa norma se puede aplicar sin decomisar los medios de subsistencia. Tengan sensibilidad humana y social con la situación que atraviesan los ciudadanos más vulnerables.
Las respuestas de Claudia López y su secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, fueron defender la actuación de la policía y justificar la aplicación de la norma. Lo que no entienden es que la norma, en las actuales circunstancias, hay que suspenderla o flexibilizarla. La prioridad es los medios de subsistencia de la gente. Quitárselos es de lo más agresivo que el Estado puede hacerle a un individuo. La administración debe proceder, por sobre todas las cosas, con imperturbable paciencia y comprensión hacia los vendedores ambulantes, y todos los que estén medio ahogados en la economía informal para llevar comida a la casa.
Twitter: @santiagovillach