Es pan de cada día la pregunta en los medios estadounidenses, sobre todo en los independientes, si el país sigue siendo o no una democracia. Cada paso adicional en un camino hacia el autoritarismo —sea por cómo Trump desafía a las cortes, el cierre ilegal de instituciones gubernamentales, los despidos masivos de funcionarios, que también son ilegales, en fin— lleva a algunos observadores a anunciar que aquí en Estados Unidos la democracia está en sus últimos estertores o que efectivamente ya terminó.
Otros, sin embargo, son menos fatalistas. Periodistas del New Yorker y Vox que participaron en un podcast de Ezra Klein hace un par de meses dijeron que ellos aún no se consideraban en un sistema autoritario, porque podían seguir publicando, aunque sí sentían una sensación de aprehensión nueva.
La mejor respuesta que he encontrado a esta cuestión es que, aunque el sistema en Estados Unidos sigue siendo una democracia, el acceso a ella es contextual, no universal: tu acceso a los privilegios de la democracia está condicionado por tu estatus.
Generalmente son los grupos marginados quienes son más conscientes de esto. Estados Unidos, por ejemplo, se ha preciado de ser la democracia más antigua del mundo, pero fue uno de los últimos países del hemisferio occidental en abolir la esclavitud. La población afroamericana no fue igual ante la ley hasta hace 60 años. Aún viven afroamericanos que en algún momento del pasado no tuvieron derecho al voto. Incluso hoy el Partido Republicano diseña argucias para poner obstáculos a dicho derecho al sufragio por parte de afroamericanos.
En ese orden de ideas, Estados Unidos hoy no es una democracia para la población latina que no tiene la ciudadanía, salvo cuando se acude a las cortes para acceder a los derechos constitucionales. Es decir, hoy el Estado inicialmente no le otorga mayores derechos constitucionales a los indocumentados, portadores de visas o residentes, porque el ejecutivo está desplegando día a día estrategias para negárselos. Su recurso para proteger los derechos constitucionales es apelar a las cortes, pero a menudo cuando eso sucede ya es tarde para restituirlos.
El caso más dramático ha sido el de Kilmar Ábrego García, que fue enviado con unos doscientos de sus compatriotas y ciudadanos venezolanos a un campo de concentración en El Salvador. Digo campo de concentración porque están detenidos porque son inmigrantes, no porque tengan condenas vigentes por algún delito penal. De lo contrario, estarían en una cárcel estadounidense, no en una salvadoreña.
El caso más reciente, el del periodista salvadoreño Mario Guevara, que está legalmente en los Estados Unidos con su esposa e hijos. Fue arrestado durante las protestas contra el gobierno el sábado mientras hacía su trabajo, por cargos espurios de obstruir a la policía, reunión ilegal y entrar a una vía pública de forma inapropiada. Obstrucción a la justicia. No ha ido a juicio, pero ICE lo mantiene preso con intención deportarlo. El verdadero “delito” de Guevara es tener casi un millón de seguidores en redes sociales con quienes comparte los videos de las redadas de ICE en el estado de Georgia. Violación de sus derechos constitucionales.
Entretanto, las banderas de México que ondean los manifestantes en Los Ángeles se usan por Donald Trump para preparar el terreno a un estado de excepción. Quizás no le haga falta usarlas como excusa y la tenga en la guerra con Irán, porque los musulmanes son otros que históricamente padecen de la eliminación intermitente de derechos constitucionales en Estados Unidos.
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