La "venganza criminal" (I)

El abogado penalista Jaime Granados ha utilizado dos veces la misma expresión para desestimar las investigaciones en contra de dos de sus defendidos: el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ex Fiscal General Luis Camilo Osorio.

Durante al menos quince años, desde mediados de los años 1990 hasta finales de la primera década del 2000, el Estado ejerció mancomunadamente con los paramilitares un poder sustentado sobre la violación del orden legal constitucional. Al tiempo que se mantuvo la fachada de una democracia, hubo un golpe de Estado.

Mucho se ha hablado sobre la infiltración paramilitar en los organismos estatales; pero la palabra “infiltración” esconde una trampa: desatiende no sólo la aquiescencia de los más altos funcionarios, sino también las instancias en las que los paramilitares obedecieron a aquellos funcionarios. Por ejemplo, en la campaña de desprestigio a la Corte Suprema de Justicia durante los juicios más duros por “parapolítica”, fue imprescindible la participación activa de paramilitares que atendían solicitudes hechas desde el Ejecutivo.

Al utilizar un término tan fuerte como “golpe de Estado”, entiendo que abro las puertas para generar una discusión bizantina en torno a definiciones. Para evitarla, uso el término del abogado francés Olivier Brichet: “El golpe de Estado es un acto de autoridad consistente en un atentado meditado, ilegal y brusco a las normas de organización, de funcionamiento o de competencia de las autoridades constituidas; […]según un plan preconcebido y por motivos diversos, por un hombre o grupo de hombres asociados con el fin de […] apoderarse del poder, o de defender o reforzar su posición en el mismo […], o de producir una modificación en la orientación política del país” (1). Aplica para el caso que nos ocupa.

El que Colombia vivió, aproximadamente, de 1998 a 2008, fue un engranaje de poder que no se limitó a los civiles armados y en camuflado que imaginamos cuando pensamos en un “paramilitar”. En este golpe de Estado participaron miembros del poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y las Fuerzas Armadas. En muchas regiones el paramilitarismo y sus aliados son una estructura indisociable del Estado. Fueron exactamente lo mismo.

Hay una diferencia entre la corrupción mafiosa que generaron los carteles de la droga y hoy ejercen las bandas criminales, y el entramado de empresarios, terratenientes, congresistas, fiscales, militares, policías, narcotraficantes, periodistas, gobernadores, asambleístas y concejales que pisoteó la democracia en Colombia. Que quisieron “refundar la patria”, y que en buena medida lograron hacerlo. La Colombia del 2010 no es la misma de los noventa. Es más conservadora. En muchos lugares del país se vive como si acabáramos de salir de una de una dictadura.

Hace poco más de un año visité La Gabarra, Norte de Santander, y conocí la cárcel de La Sesenta, a unos quince kilómetros del pueblo, luego de cruzar la salida por el río Catatumbo. En realidad no es ninguna cárcel, sino un cobertizo a cielo abierto donde se improvisaron unas rejas y se hacinaba a quienes quebraran la “ley paramilitar”. Todo con la complicidad de las “fuerzas del bien” (como las llama Alonso Sánchez Baute en la importante novela periodística Líbranos del bien).

Los paramilitares son la manifestación más cruel y visible de un entramado de cómplices donde la impunidad es la regla. No hubo justicia transicional. Los principales jefes paramilitares, por ejemplo, nunca fueron juzgados en Colombia, y la mayoría de quienes participaron con ellos en el golpe de Estado siguen libres.

El jueves de la semana pasada entrevisté durante dos horas a un personaje que conoce bien esta dinámica porque la vivió de primera mano, e hizo denuncias graves que fueron ignoradas por el ex presidente Álvaro Uribe. En la próxima columna me extenderé sobre este ejemplo, que considero uno de los más importantes en el golpe de Estado que permitió establecer un país de ultraderecha durante más de diez años. Explicaré, también, porqué es cínico el término “venganza criminal”, que utiliza el abogado Jaime Granados para calificar las confesiones hechas por los jefes paramilitares contra sus defendidos.

(1) Brichet Olivier. Étude de coup d´Etat en fait et en droit. (1935). Cita tomada de: Botero, Martín Eduardo. “El país de los mini-golpes de Estado y la Segunda República”.

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juicio/cont/9/cnt/cnt13.pdf