Más problemas del choque de trenes en EE. UU.

Por lo pronto, el escenario más intenso de la confrontación entre el poder ejecutivo y el judicial son los intentos de la administración Trump de implementar políticas crueles y racistas de deportación basado en lagunas legales, interpretaciones ilegítimas de leyes, y desafiando las órdenes de jueces y el debido proceso.

En una dinámica que ya ha enfrentado al presidente Trump con la Corte Suprema de Justicia, era cuestión de tiempo hasta que la enfrentara también con los jueces del circuito estatales. Así tanto la Corte Suprema en su conjunto como la administración Trump hayan preferido mantener bastante bajo el tono del flagrante desacato en el que incurrió la administración, al no facilitar la devolución de Kilmar Ábrego García de un campo de concentración de El Salvador a Estados Unidos, la política de deportaciones de Trump es una prueba límite de la fortaleza del sistema judicial, y una muestra de un problema estructural que los jueces federales tienen a la hora de hacer cumplir sus fallos: dependen de fuerzas de policía bajo órdenes presidenciales, y cuyos fallos están cubiertos por el poder de la amnistía presidencial.

Dado que los estados tienen sus propios cuerpos de policía y los fallos de sus jueces no están sujetos al perdón presidencial, tienen un mayor nivel de independencia con respecto a los abusos de Trump, en comparación con las cortes federales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia.

La inmigración será un ámbito cada vez más contencioso, pues muchos jueces ven como un desafío a la correcta administración de la justicia que los inmigrantes documentados o indocumentados tengan miedo de acudir a los juzgados. Esto limita el acceso a los testigos y la posibilidad de que los acusados se entreguen a la justicia. Prefieren seguir prófugos o no testificar que enfrentar el peligro de terminar tras las rejas en El Salvador o Guantánamo por un tiempo indefinido.

Desde hace años, además, los jueces se han sentido incómodos con que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vayan a sus juzgados a realizar arrestos, sobre todo cuando hacen esto con órdenes administrativas, es decir, expedidas por agencias federales y no con órdenes judiciales, o sea, las que están autorizadas por un juez. Esto porque debilita el debido proceso y genera lagunas legales para que se cometan abusos.

Y eso es lo que está sucediendo. La administración se está escudando en leyes que no aplican para las deportaciones que realiza, y está usando a otros países, como El Salvador, para arrojar a campos de concentración a personas que no están judicializadas por cometer ningún delito. Dado que son campos de concentración, a las personas allí no las cobija ninguna orden judicial, no están cumpliendo ninguna condena y podrían estar allí el resto de su vida sin que algún juez, aparentemente, pueda hacer nada al respecto.

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