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El gobierno Trump ha masacrado en altamar al menos a 179 personas, sin saber más allá de toda duda quiénes son ni qué están haciendo, cuando van en unas precarias lanchas por el mar Caribe y el Océano Pacífico. Si a Trump y sus cómplices les hubiese importado averiguarlo, en lugar de simplemente tildarlos de narcotraficantes, quizás se habrían dado cuenta de que buena parte de ellos pertenecen a una capa social de rebuscadores caribeños. Pueden ser pescadores hoy, mototaxistas mañana, ayudantes de lancha o cuidadores de ganado otro día. Andariegos en precariedad que prueban su suerte en los pueblos de la costa venezolana, o acaso la trinitense, depende dónde pinte mejor la cosa. Y como son pobres, pues van en lancha.
Esto y más lo reveló una monumental investigación periodística publicada el martes 12 de mayo por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (El CLIP) y cinco medios aliados en Colombia, Venezuela, y Trinidad y Tobago. El trabajo también contó con el apoyo de periodistas freelance de República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y México. Es, de lejos, el trabajo más completo que hasta ahora se ha hecho sobre un tema que en América Latina no se había investigado a fondo, en buena medida por temor a las represalias de Estados Unidos. Un manto de terror cubre a los gobiernos de donde vienen estos civiles bombardeados. Temen que, si alzan la voz contra los ataques ilegales a las lanchas, Trump responda con aranceles, cancelaciones de visas o sanciones financieras.
Pero también hay runrunes de satisfacción entre los estamentos militares de América Latina, como me dijo en febrero un reconocido académico de la Universidad Militar Nueva Granada. Si bien esos militares no creen que los ataques a las lanchas sean necesariamente la estrategia adecuada, a algunos altos oficales les gusta el cambio radical en la actitud de Estados Unidos hacia el problema. Hacía falta un sacudón. Un poco de caos que removiera una dinámica fosilizada, según ellos.
Caos hay, definitivamente. Como reveló la investigación del equipo coordinado por El CLIP, gracias a derechos de petición enviados a la Aeronáutica Civil, esta recibió 18 reportes de seguridad operacional por parte de vuelos comerciales como consecuencia de los bombardeos y acciones aéreas de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas colombianas. Un vuelo con capacidad de 180 pasajeros que volaba entre Bogotá y Aruba tuvo fallos en el GPS y el reloj mientras sobrevolaba La Guajira, y la aeronave desapareció de las pantallas de control de tierra. Los sistemas seguían fallando cuando el avión aterrizó en Aruba.
Quienes defienden las acciones de Estados Unidos, y hay varios en América Latina, vuelven al argumento clásico de la extrema derecha: que a los traficantes de drogas hay que matarlos en lugar de respetarles los derechos humanos. Nace de una cruel desesperación y de las fracturas éticas que ocasiona ver el mundo dividido entre nosotros y ellos, los que merecemos ser tratados como humanos y quienes por sus actos —o sus ideas—, simplemente deben ser eliminados. Ejecutados extrajudicialmente.
La sevicia añadida, y el motivo por el que se habla de que esto constituye un delito de lesa humanidad —al menos en el caso de una lancha que fue bombardeada dos veces se habla en Estados Unidos de que los militares cometieron un crimen de guerra—, es que no hay pruebas sólidas de que estas personas llevaban drogas en las lanchas, e incluso si las llevasen, el procedimiento es la interdicción y el arresto, no matarlos.
El colmo es que mientras personas de escasos recursos, que se rebuscan la vida en las zonas más pobres del Caribe y el Pacífico, reciben las bombas del ejército más poderoso del planeta, los barcos que llevan cientos de kilos de cocaína son interceptados y su tripulación apresada. El 2 de septiembre de 2025 mientras bombardearon a una lancha con 11 personas cerca a Trinidad y Tobago, decomisaron en conjunto con las autoridades colombianas y dominicanas una embarcación con 448 kilos de cocaína y capturaron a dos personas. Como dice el subtítulo de la sección del reportaje del CLIP que describe esta contradicción: “Para los grandes cargamentos, justicia. Para los pequeños, bombas”.
Threads: @santiagovillach
