En una semana se revelan dos violaciones en grupo a menores de edad indígenas por parte de miembros del Ejército: un caso por parte de jóvenes que prestaban servicio militar y el otro por parte de soldados profesionales. Los episodios están separados por un lapso de casi un año, pero revelan que hay profundas deficiencias éticas en las Fuerzas Militares. Esta última frase, en el país de los falsos positivos, incluso se queda corta: el Ejército a veces se comporta como un grupo criminal más.
Colombia es un país donde las Fuerzas Militares no están diseñadas para luchar contra un enemigo externo, sino contra otros compatriotas. El Ejército participa en una inútil e inacabable lucha contra el narcotráfico y contra grupos que usan la bandera de la subversión para actuar como mafias rurales. Una de las tácticas frecuentes del Ejército es aliarse con unos criminales para combatir a otros criminales, y uno de sus pecados reincidentes es trabajar para ciertos grupos de interés o grupos delincuenciales a cambio de dinero.
Con el argumento de que esta no es una política oficial, sino un problema de algunas manzanas podridas, se normaliza el comportamiento y nunca se cuestiona la responsabilidad de la institución, a pesar de que hay dinámicas dentro de las Fuerzas Militares que facilitan la degradación ética de sus miembros.
Una pregunta necesaria es qué tan ubicuos son los comportamientos criminales dentro de las Fuerzas Militares. ¿Bajo el manto del secreto en la contratación, qué tan frecuente es la corrupción? ¿Qué tan cotidiano es referirse a ciertas organizaciones o grupos de civiles como un enemigo más: como guerrilleros sin uniforme? ¿Qué tan aceptado está espiar ilegalmente a opositores políticos del Gobierno y a periodistas? ¿Qué tan cotidiana es la violencia contra los animales? ¿Qué tan usual es violar a mujeres y a menores de edad, aprovechando la intimidación de las armas y del uniforme?
Todas estas prácticas son más frecuentes de lo que se reporta en la prensa, porque muchas nunca se denuncian.
El Ejército colombiano está sujeto a una serie de anomalías que son como un virus en su sistema operativo ético. Una de ellas es, como se mencionó, que su función no es protegernos contra amenazas externas, como sucede con la mayoría de los ejércitos del mundo, sino realizar operaciones contra colombianos.
Otra, que la guerra, y no la paz, es el fin último de las Fuerzas Militares en Colombia. La guerra, para mantener a la institución inflada, con un presupuesto amplio, con muchos efectivos y jugosos contratos, es el principal propósito de la guerra. El Ejército nunca va a “ganar”, y si gana de inmediato intentará sabotear su victoria, pues con la paz muere la gallinita de los huevos de oro. Su papel es mostrar resultados en una guerra diseñada para nunca acabar.
Esta guerra eterna se libra, como se dijo, contra otros colombianos: contra mafias y, sobre todo, contra grupos que se consideren opuestos a los gobiernos de derecha. Dentro de esta mentalidad de combatir contra el enemigo interno, el Ejército tiene una relación particularmente difícil con los indígenas. Muchas comunidades indígenas, por su experiencia histórica de ser víctimas de las instituciones, sospechan de ellas y de quienes las representan. Sus territorios y sus filosofías tienen reglas que entran en conflicto con el guerrerismo y la violencia del Ejército.
No es una casualidad que las víctimas de las violaciones en grupo por parte de miembros del Ejército sean mujeres indígenas. Dentro del Ejército hay aún mucho desprecio y sospecha hacia las comunidades indígenas. En una guerra de colombianos contra colombianos, son lo más cercano a un extranjero. Muchos oficiales en zonas de conflicto consideran a los indígenas como poco más que subversivos sin uniforme, o colaboradores de la guerrilla. Las Fuerzas Militares deben hacer un trabajo mucho más serio, profundo y transformador, para cambiar sus tensas relaciones con muchas de estas comunidades. Ante todo, tienen que respetarlas: a ellas, a sus mujeres y a sus niñas.
Twitter: @santiagovillach
En una semana se revelan dos violaciones en grupo a menores de edad indígenas por parte de miembros del Ejército: un caso por parte de jóvenes que prestaban servicio militar y el otro por parte de soldados profesionales. Los episodios están separados por un lapso de casi un año, pero revelan que hay profundas deficiencias éticas en las Fuerzas Militares. Esta última frase, en el país de los falsos positivos, incluso se queda corta: el Ejército a veces se comporta como un grupo criminal más.
Colombia es un país donde las Fuerzas Militares no están diseñadas para luchar contra un enemigo externo, sino contra otros compatriotas. El Ejército participa en una inútil e inacabable lucha contra el narcotráfico y contra grupos que usan la bandera de la subversión para actuar como mafias rurales. Una de las tácticas frecuentes del Ejército es aliarse con unos criminales para combatir a otros criminales, y uno de sus pecados reincidentes es trabajar para ciertos grupos de interés o grupos delincuenciales a cambio de dinero.
Con el argumento de que esta no es una política oficial, sino un problema de algunas manzanas podridas, se normaliza el comportamiento y nunca se cuestiona la responsabilidad de la institución, a pesar de que hay dinámicas dentro de las Fuerzas Militares que facilitan la degradación ética de sus miembros.
Una pregunta necesaria es qué tan ubicuos son los comportamientos criminales dentro de las Fuerzas Militares. ¿Bajo el manto del secreto en la contratación, qué tan frecuente es la corrupción? ¿Qué tan cotidiano es referirse a ciertas organizaciones o grupos de civiles como un enemigo más: como guerrilleros sin uniforme? ¿Qué tan aceptado está espiar ilegalmente a opositores políticos del Gobierno y a periodistas? ¿Qué tan cotidiana es la violencia contra los animales? ¿Qué tan usual es violar a mujeres y a menores de edad, aprovechando la intimidación de las armas y del uniforme?
Todas estas prácticas son más frecuentes de lo que se reporta en la prensa, porque muchas nunca se denuncian.
El Ejército colombiano está sujeto a una serie de anomalías que son como un virus en su sistema operativo ético. Una de ellas es, como se mencionó, que su función no es protegernos contra amenazas externas, como sucede con la mayoría de los ejércitos del mundo, sino realizar operaciones contra colombianos.
Otra, que la guerra, y no la paz, es el fin último de las Fuerzas Militares en Colombia. La guerra, para mantener a la institución inflada, con un presupuesto amplio, con muchos efectivos y jugosos contratos, es el principal propósito de la guerra. El Ejército nunca va a “ganar”, y si gana de inmediato intentará sabotear su victoria, pues con la paz muere la gallinita de los huevos de oro. Su papel es mostrar resultados en una guerra diseñada para nunca acabar.
Esta guerra eterna se libra, como se dijo, contra otros colombianos: contra mafias y, sobre todo, contra grupos que se consideren opuestos a los gobiernos de derecha. Dentro de esta mentalidad de combatir contra el enemigo interno, el Ejército tiene una relación particularmente difícil con los indígenas. Muchas comunidades indígenas, por su experiencia histórica de ser víctimas de las instituciones, sospechan de ellas y de quienes las representan. Sus territorios y sus filosofías tienen reglas que entran en conflicto con el guerrerismo y la violencia del Ejército.
No es una casualidad que las víctimas de las violaciones en grupo por parte de miembros del Ejército sean mujeres indígenas. Dentro del Ejército hay aún mucho desprecio y sospecha hacia las comunidades indígenas. En una guerra de colombianos contra colombianos, son lo más cercano a un extranjero. Muchos oficiales en zonas de conflicto consideran a los indígenas como poco más que subversivos sin uniforme, o colaboradores de la guerrilla. Las Fuerzas Militares deben hacer un trabajo mucho más serio, profundo y transformador, para cambiar sus tensas relaciones con muchas de estas comunidades. Ante todo, tienen que respetarlas: a ellas, a sus mujeres y a sus niñas.
Twitter: @santiagovillach