Mientras escribo esta columna, a la capital de Estados Unidos entran vehículos militares y soldados para patrullar sus calles, y el féretro del asesinado senador Miguel Uribe es llevado al Cementerio Central. Casi al tiempo que Uribe fallecía en la Fundación Santa Fe, tras dos meses de luchar por su vida por un atentado perpetrado en el barrio Modelia, el presidente Donald Trump justificaba la militarización de Washington diciendo que allí las cifras de homicidios eran más altas que en Bogotá.
Ambos países están en un momento de inflexión y sobrellevan profundas crisis, pero por motivos distintos. En Colombia la crisis de seguridad es más grave de lo que el gobierno quiere hacer creer, mientras en Estados Unidos la crisis de seguridad es menor.
Similarmente, mientras en Estados Unidos el éxito del presidente desmantelando las instituciones es aún mayor de lo que su oposición reconoce, en Colombia el desmantelamiento de las instituciones por parte del presidente es menos grave de lo que la oposición dice.
No voy a especular aquí sobre quiénes pudieron ser los autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe. El magnicidio, sin embargo, es un obvio acto de violencia política, en un país donde la seguridad se ha deteriorado paulatinamente desde el fracaso en la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016, sobre todo en su componente rural. Quien sea que haya estado tras el atentado, se apoyó en estas redes de crimen organizado, y es otro trágico recordatorio de que la esperanza de que el país dejara atrás los años de conflicto se frustró.
Las cifras que el presidente Petro presentó el 20 de julio, para sustentar su afirmación que durante su gobierno la seguridad ha mejorado, son incompletas según aclaró Colombiacheck, pero también desestiman el proceso de expansión territorial de las mafias, que Colombia ha padecido desde que el ejército y la institucionalidad colombianas fueron incapaces de ocupar los espacios que dejaron las FARC entre 2016 y 2017.
En Washington, entretanto, si bien los índices de homicidios son mayores que en Bogotá, como lo dijo Trump esta semana en su discurso para justificar la militarización de la ciudad, son también los más bajos en 30 años, un lapso durante el que se ha dado un descenso sostenido.
La estrategia de militarización de las ciudades, que comenzó con el despliegue de militares durante las protestas de Los Ángeles, seguramente seguirá en las principales ciudades Demócratas. En lo personal, pensaría que es también una estrategia logística para facilitar la supresión de protestas el próximo año, cuando haya elecciones al Senado de Estados Unidos, si el Partido Republicano decide jugar sucio con el electorado. Ya lo hizo durante la transición presidencial de 2020 a 2021.
El riesgo de que la manipulación electoral que fracasó en las presidenciales de 2020 también fracase en 2026 es optimista. Como demuestra la capacidad que hoy tiene el gobierno Trump para desplegar agentes de policía secreta en las calles y desaparecer a personas sin órdenes de arresto, hasta que de pronto vuelven a surgir en campos de concentración dentro o fuera de Estados Unidos, en Estados Unidos colapsó la capacidad del Estado para impedir que el gobierno viole los derechos humanos de su población. Hoy es probable que casi cualquier persona pudiera ser raptada por funcionarios públicos no identificados, desaparecida durante días, luego aparecer privada de su libertad, y nadie sería castigado por ello.
Con lo mal que está Colombia, esto no sucede y sería más escandaloso de lo que ha resultado ser en Estados Unidos. En buena medida es porque el presidente de Colombia es significativamente menos poderoso que el de Estados Unidos, pues la Constitución de 1991 protege mejor el equilibrio de poderes que la Constitución de 1787. Pero también lo es porque el presidente de Colombia, digan lo que digan sus opositores, tiene un mayor respeto por la democracia que el presidente de los Estados Unidos.
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